Eso está muy bien, pero desgraciadamente, imbuida de lo políticamente correcto, quiere llegar a un consenso que incluya a todas las partes presuntamente implicadas: o sea, que va a pedir a los que disfrutan de privilegios proteccionistas que por favor, si no les viene mal, hagan el favor de renunciar a ellos; obviamente ni los sindicatos ni el pequeño comercio parecen dispuestos a ceder, y la valentía política en la defensa fundamentada de la libertad es un bien muy escaso. Los ciudadanos de a pie difícilmente serán consultados, ya que no están organizados como grupo de presión y sólo votan muy de vez en cuando. Sus preferencias pueden comprobarse fácilmente con su asistencia masiva a los grandes centros comerciales todos los festivos que les permiten abrir.
Liberalizar no consiste en que las grandes superficies impongan su ley sobre las pequeñas: se trata de que ningún grupo de presión imponga la defensa de sus intereses a costa de la libertad ajena. Los auténticos malos de esta película, a pesar de las apariencias, son muchos pequeños comercios y supermercados, y no las grandes superficies (centros comerciales e hipermercados); ellos ya tienen plena libertad para determinar cuándo abrir y cerrar, pero se la niegan a sus competidores con la excusa de que son demasiado grandes y fuertes (o sea, que lo hacen mejor que ellos según las preferencias subjetivas de los compradores). Quizás resulte que tienen un derecho especial a subsistir sin necesidad de adaptarse por sus propios medios a los cambios sociales y económicos.
Tampoco se trata de que los consumidores, al comprar cuando ellos quieran, estén agrediendo los derechos laborales de los trabajadores de la distribución. Esos derechos deben negociarlos libremente los trabajadores con sus empleadores. No se está obligando a nadie por la fuerza a trabajar en festivo. Con total desvergüenza, como es habitual, los sindicatos aseguran que el calendario actual satisface plenamente las necesidades de los ciudadanos y que detrás de la voluntad liberalizadora está la intención de favorecer a los centros comerciales frente a las pequeñas tiendas que van perdiendo competitividad. A quien se defiende en realidad es al ciudadano de a pie, a quien los sindicatos no representan en absoluto y cuyas preferencias falsean; el consumidor con su dinero es quien decide si es rentable o no abrir en festivos cualquier tipo de tienda.
Los liberticidas no siempre están motivados ideológicamente; a menudo simplemente defienden sus privilegios ilegítimos con discursos falaces y demagógicos. Es el caso de Ignacio García-Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), quien quiere asustarnos con que "el domingo sale caro". Este personaje nos recuerda que los precios de alimentación en España son de los más bajos de Europa, en parte por la fuerte competencia que existe en el sector; y asegura que esto se debe en buena medida a la regulación estatal, que es buena, soluciona problemas, garantiza la competencia y trata de impedir abusos, así que cuidado con cambiarla. Además, la regulación española de horarios comerciales, comparada con las de otros países europeos, es una de las que más flexibilidad permite a los empresarios: la inmensa mayoría de los establecimientos comerciales tiene libertad absoluta de horarios y apertura en festivos.
Efectivamente sus asociados son parte de esa mayoría "liberada" a quienes no conviene que los otros también se liberen. Esos otros que tal vez son minoría como número de empresas, pero que quizás son mayoritarios si se contabilizan sus consumidores y ventas. No es extraño que él, beneficiado de la regulación, aplauda al regulador. Y total, para qué pedimos más si en otros sitios están peor…
García-Magarzo afirma con total descaro que sólo son las grandes superficies quienes piden cambios en la regulación, y que usan como excusa los intereses de los consumidores, ocultándoles que la liberalización implicaría un incremento de los precios (inevitable según su peculiar "racionalidad económica"): "sólo una subida de precios puede ser la consecuencia de aumentar los costes de todo tipo de las empresas –abriendo un día más– sin aumentar las ventas, ya que el gasto depende de las necesidades reales de las personas que, lógicamente, no aumentan por disponer de un día más para comprar. ¿Se puede evitar ese incremento de precios aumentando la eficiencia? Sí, pero, hoy por hoy, sólo cabría hacerlo de una forma: eliminando competidores."
El cuento intervencionista de siempre: los consumidores somos tontos manipulados que pedimos libertad contra nuestros propios intereses; además tenemos unas "necesidades reales" invariables que sólo podemos redistribuir temporalmente. Y ya es patético pretender que se puede ganar eficiencia eliminando competencia. La verdad es que impedir la libertad de horarios de apertura perjudica a los consumidores que ven limitadas sus opciones. Si algunos comerciantes no sirven adecuadamente sus intereses deben adaptarse o desaparecer y no mendigar protección legal. Lo que suceda con los precios es imposible saberlo con seguridad: no es correcto ver sólo los incrementos de costes, pues también se estará aprovechando mejor el capital fijo y quizás eso permita mejores márgenes. La liberalización no obliga a nadie a abrir todos los días, y si hacerlo le supusiera a alguna empresa un incremento de costes excesivo podría ocupar el nicho de precios bajos con menos días de apertura. Pero en muchos casos, teniendo que asumir los costes fijos por el alquiler del local, a los comerciantes les interesa aprovechar las oportunidades de negocio de todos los días de la semana. Y aunque los precios subieran en general, tal vez los consumidores lo preferirían si así pudieran hacer sus compras con menos agobios y restricciones temporales.
Siguiendo con su "lógica": ¿El sábado también sale caro? ¿Y el viernes? ¿Por qué no abrir sólo un día a la semana y así ahorrar costes de verdad?
