Mi ego está sufriendo infinitamente ante semejante discriminación que, a buen seguro, estará prohibida por alguna de esas justísimas leyes de las que disfrutamos en nuestro paraíso socialdemócrata: "Todo crítico de la SGAE tendrá derecho a un mismo tiempo de investigación por parte de las agencias de detectives contratadas para poner las preceptivas demandas por atacar el derecho al honor, que ya se sabe que sólo poseen las organizaciones de izquierdas que apoyan a Cuba y por tanto pueden denunciar estas cosas".
Al final va a tener razón el amigo Teddy cuando argumentaba que los ingresos de 120 millones de euros anuales que supone el canon son una miseria. Y es que este dinero obtenido por medio de una imposición legal de nuestros amados gobernantes se está empleando no sólo en construir un poderoso lobby que agradece los favores prestados grabando vídeos sobre cejas, sino también para hacer dossiers contra aquellas personas que, ejerciendo sus derechos, critican a la organización de marras. Y claro, no da para tanto gasto. Así, algunos tenemos que sufrir la ignominia de no estar en la lista negra. Vamos a tener que exigir al Gobierno que doble la cifra del canon, porque la factura del psicólogo me va a salir carísima como no vea pronto a un agente de gafas negras de la celebérrima "Método 3" siguiéndome por las calles.
Indudablemente, Teddy, Borau, Ramoncín, Víctor Manuel y demás compañeros mártires de la causa general por la defensa de los inalienables derechos de los artistas patrios tienen el mismo derecho que usted y que yo a investigar a quien quiera, siempre que el exceso de celo de los agentes contratados no les lleve a incumplir la ley. Pero la SGAE, como institución, no debería tenerlo, por ser una organización que recibe sus ingresos merced a un privilegio legal que ni usted ni yo podemos disfrutar. Emplear ese dinero para impedir el libre ejercicio de la crítica de ese mismo privilegio es, por decirlo suavemente, hacer trampas.
Los defensores más fanáticos de la regla de la mayoría, que no de la democracia, podrán argumentar que si se ha votado el canon en el Congreso, justo es que se cobre. Pero la ley indica que es una compensación que debe usarse para repartirla entre quienes se han visto perjudicados por las copias de sus obras. Se puede argumentar, estirando un poco la cuerda, que emplear parte de la recaudación en inspectores y abogados para lograr cobrar más es una inversión que finalmente repercute en unos mayores ingresos para los autores de la SGAE. Pero que yo sepa, los detectives de "Método 3" no le dan al cante jondo, así que el entregarles el dinero para que investiguen a quienes se oponen a los apaños de los Teddy Boys, ya no hay cuerda que lo resista.
Estoy esperando que un portavoz cualificado de la SGAE nos explique la justificación que emplean para defender su derecho a pagar por espiar a sus críticos y luego ponerles demandas. Mientras tanto, el Senado ya le ha exigido al Gobierno las cuentas de las entidades de gestión de derechos de autor. Cabe suponer que es eso lo que quieren evitar. Desean que la soliviantada opinión pública carezca de voces con las que expresar su descontento, por estar aterrorizadas ante las demandas y el espionaje, y así que los políticos no se sientan tan obligados a investigarles, primero, y a derogar el canon, después. Pero es una lucha perdida de antemano. Terminarán siendo derrotados. La única duda es saber cuándo.
