Los apóstoles del Estado redistribuidor nos aseguran que un alto volumen de gasto público garantiza la paz y la cohesión social. ¿Seguro? La cohesión social no es precisamente el fuerte de Francia.
Tras las elecciones departamentales de este domingo, el Frente Nacional afortunadamente no ha conseguido auparse como primera fuerza política en Francia. Sin embargo, uno de cada cuatro votantes franceses ha optado por una opción marcadamente xenófoba, a los que habría que añadir otro 10-15% de votantes de izquierda radical antisistema que desearían ver convertido su país en un Gulag. En resumen, cuatro de cada diez franceses apoya cambios políticos que precisamente no tienen por objeto promover la convivencia pacífica y la paz social.
Que la cohesión social no es precisamente el fuerte del país galo no sólo se refleja en las opciones políticas que se votan, sino en los niveles de marginación, delincuencia, algarada y estallidos de violencia recurrentes que padecen los suburbios de las grandes ciudades, desde París a Marsella, desde Lyon a Toulouse, en muchos de los que cuales ni siquiera la policía se atreve a patrullar.
Los apóstoles del Estado redistribuidor nos aseguran que un alto volumen de gasto público garantiza la paz y la cohesión social. ¿Seguro? En Francia el Estado gasta por encima del 56% de la renta anual del país, lo que le convierte, tras Dinamarca, en el segundo país del mundo desarrollado en esta dudosa clasificación. El gasto público en Francia está entre uno y cinco puntos porcentuales por delante del de Finlandia, Bélgica, Grecia o Suecia. Once puntos por encima del alemán o el español; quince puntos por delante del norteamericano o el canadiense; más de veinte por ciento por delante del suizo y casi cuarenta puntos porcentuales por encima del de Singapur y Hong Kong.
Francia tiene además una amplia base fiscal por su mayor actividad económica (PIB). Con una renta per cápita 1,4 veces la española, el gobierno francés dispone para sus gastos anuales del equivalente al 80% del PIB español. No es pecata minuta: si las administraciones públicas gastasen en España en términos absolutos por habitante lo que gasta Francia, tendrían que subir el tipo del IVA al 37%, las cotizaciones a la Seguridad Social al 62%, el impuesto de sociedades al 50% y todos los tramos del IRPF en más de dos terceras partes. Eso, suponiendo que la mayor presión fiscal no devastase el país, algo completamente predecible.
Es perfectamente comprensible defender el gasto y la intervención pública desproporcionada si uno recibe o aspira a recibir subsidios, subvenciones o regalías de toda clase por cuenta del esfuerzo de otros. Pero, por favor, no insulten nuestra inteligencia diciendo que con ello están garantizando la paz social.
