Propongamos pequeñas unidades con capacidad recaudatoria, que compiten con otras y vigiladas con lupa por el contribuyente.
Pocas iniciativas son recibidas con tanto entusiasmo como aquellas que van encaminadas a simplificar la Administración. ¿Cómo oponerse a mejorar la eficacia de la estructura en la que operan nuestros políticos, a suprimir redundancias y niveles territoriales sin una función muy clara? Así, la propuesta de reforma constitucional de Ciudadanos de eliminar las diputaciones provinciales es aplaudida entre el electorado sin apenas excepción.
Pero la cuestión, para quienes estamos preocupados por limitar el poder del Estado y por abrir espacios crecientes de libertad en la sociedad, resulta un tanto más compleja. Mucho nos tememos que quienes proclaman la necesidad de crear una estructura territorial más simple no están pensando en reducir el poder del conjunto de las Administraciones Públicas, sino más bien lo contrario. Se trata, así, de fortalecer el poder central del Estado, pero no de dejar de asfixiar a la sociedad. Un poder cada vez más fuerte (y peligroso) que carezca de frenos y cortapisas en su actuación.
Promovamos, pues, un poder más reducido y fragmentado: pequeñas unidades con capacidad plena de recaudar impuestos, compitiendo unas con otras por atraer a empresarios y vigiladas con lupa por el contribuyente. Sería una buena vía para empezar a contrapesar al Leviatán.
