Si alguna razón de ser tendría el Estado, ésta sería la de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de sus habitantes, con el consiguiente encarcelamiento de quienes atenten contra tales derechos.
El Estado de Colombia, gracias al impulso de su máximo representante, el presidente Juan Manuel Santos, y las FARC, un grupo terrorista marxista-leninista —el más atroz que ha conocido Iberoamérica— que desde 1964 lleva tratando de implantar su totalitario modelo de sociedad con secuestros, violaciones, torturas y asesinatos salvajes, han llegado a un acuerdo de paz, sellado en La Habana de los sanguinarios hermanos Castro y auspiciado por el tonto útil de turno, en este caso Bergoglio, por medio del cual los criminales comunistas serán, gracias a una nueva Constitución, absueltos e integrados en la vida civil y política colombiana a cambio de la entrega de las armas.
Clama al cielo que muchos vean todavía en el Estado, en el Estado democrático y de derecho para más señas, una institución benefactora preocupada por garantizar la justicia y el orden social, cuando vez tras vez comprobamos que se trata única y exclusivamente de una organización al servicio de los intereses electoralistas de la clase política del momento. Y el ejemplo de este apretón de manos, tratándose de igual a igual, entre una entidad que supuestamente ampara a casi 50 millones de personas y una banda terrorista formada por unos pocos miles de miembros, es significativo. Porque si alguna razón de ser tendría el Estado, ésta sería la de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de sus habitantes, con el consiguiente encarcelamiento de quienes atenten contra tales derechos.
Pero el Estado colombiano no solo se ha mostrado incapaz de acabar durante estos últimos 52 años con una banda de facinerosos, que ha cometido los peores crímenes con amplia impunidad, sino que para remate absuelve a sus integrantes y les da carta de naturaleza política, con lo que eso supone: sentar las bases para la bolivarianización del país.
Por último, aunque no menos importante, una perversa derivada del Estado paternalista que vela por todos nosotros: la fortaleza de las FARC no se puede entender sin el narcotráfico. Su inmenso poder, su capacidad de extorsión, se explica a partir de la cocaína. ¿Y quién prohíbe el tráfico de drogas con la lógica consecuencia de permitir que se enriquezcan y empoderen aquellos que se dedican a operar —normalmente los peores elementos de la sociedad— en el mercado negro? Respóndase usted mismo.
