Lo que llaman servicio público tan solo es el privilegio que el Estado concede a unos a costa del dinero arrebatado a los contribuyentes.
En los últimos días se ha armado un revuelo considerable a propósito del nuevo caballo de batalla de Podemos: la supresión de la misa dominical de la televisión pública. La discusión, enormemente previsible, se ha centrado en que unos defienden que «TVE es un ente público que debe reflejar la diversidad y pluralidad de la sociedad española, sin favorecer a ninguna creencia, religión o ideología, y no es el espacio más sensato para ritos religiosos» y otros que “España no es un Estado laico sino aconfesional, pues la Constitución contempla que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones; y la misa televisada, en ese sentido, cumple un servicio público esencial, por ejemplo, para aquellos enfermos, ancianos o dependientes que no pueden moverse de sus domicilios».
Como siempre ocurre en estos casos, el debate se queda en lo circunstancial, qué dice o deja de decir la legislación, y no va al fondo de la cuestión, esto es, que ni la misa ni ningún otro tipo de contenido debería ser emitido por TVE. Al fin y al cabo, la única salida que merecen los medios de comunicación públicos, que únicamente son órganos de propaganda política (no es de extrañar que lo primero que exigiera Pablo Iglesias a Pedro Sánchez en las negociaciones para formar gobierno fuese el control de TVE), pasa por su cierre total y absoluto.
Lo que llaman servicio público tan solo es el privilegio (disfrutar de programación cultural, partidos de fútbol de “interés general”…) que el Estado concede a unos a costa del dinero arrebatado a los contribuyentes. Si existe, como se nos ha dicho, tal demanda de católicos para seguir la eucaristía por televisión, no tardará una cadena privada en cubrir y rentabilizar esa necesidad. Y es que, en última instancia, la vía empresarial es la única capaz de ofrecer un verdadero servicio «público» sin lesionar los derechos de nadie.
