George W. Bush ha demostrado que no tiene la intención, o al menos la fortaleza moral, de reducir el gasto público. De los últimos presidentes desde Nixon es el que más ha aumentado el gasto no destinado a defensa, un 8,2%, a lo que hay que añadir la partida militar. Y sin embargo, a su lado John Kerry parece un partidario del Big Government, del gasto público y la intervención. Un panorama poco alentador, en principio, para muchos votantes liberales y conservadores que no saben si votar al menos malo o no.
De todos modos hay grandes diferencias entre ellos; más de las que en este campo pueda parecer por el record de gasto del republicano en el poder. Ambos representan dos modelos distintos y que pueden tener consecuencias profundas en la sociedad americana. Es el caso de la Seguridad Social, que en Estados Unidos se enfrenta, como en el resto del mundo, a una previsible crisis financiera. A partir de 2008 cumplirán 62 años los primeros miembros de la generación del baby boom, lo que les permitirá acogerse al retiro temprano de la Seguridad Social. Es solo el comienzo de una incorporación masiva al pasivo del sistema que amenaza claramente su situación financiera. Kerry no ha dicho nada de interés al respecto, pero se opone al plan de Bush, que prevé que los americanos retengan una parte de lo que pagan a la Seguridad Social para que lo acumulen en cuentas de inversión con que ahorrar para su futuro. Una privatización parcial que podría sustituir prácticamente al actual sistema con el tiempo, pero que exigiría un endeudamiento por un billón de dólares, cuya financiación no está clara.
En el sistema sanitario las diferencias apenas pueden ser más claras. John Kerry quiere extender el actual sistema público, que no es universal. También quiere que el Estado pague ciertas operaciones muy caras, lo que tendría como consecuencia que muchos seguros privados quedarían sin atractivo, dado que una parte de los beneficios serían pagados desde el Estado. El republicano, por el contrario, propone créditos fiscales para las familias con menos medios para que contraten seguros privados, y la posibilidad de que los ciudadanos se abran cuentas privadas de ahorro libres de impuestos, si se dedican a la salud. Las reformas que prevé son más importantes que eso, porque en la actualidad los dueños de los seguros privados suelen ser las empresas. De este modo es una tercera parte, la empresa, la que carga con los costes médicos, lo que ha llevado al abuso tanto por consumidores como por los profesionales de la sanidad, lo que ha disparado las facturas sanitarias a niveles absurdos. George W. Bush prevé que con las cuentas individuales se restringirá el obsoleto modelo de la tercera parte y el sistema será mucho más racional. Y además prevé crear para los seguros un mercado nacional que curiosamente ahora no existe.
Uno de los objetivos declarados por los republicanos con estas medidas está en la creación de una sociedad de propietarios, en la que todo el mundo tenga un capital ahorrado. Hoy el porcentaje de propietarios sobre su casa es mayor que nunca y se quiere llevar ese principio también a otro tipo de bienes y activos. En una sociedad así los individuos serían más responsables de sus vidas y necesitarían menos del Estado de Bienestar. Luego lo que pretenderían es reducir el gobierno no solo por el lado de la oferta, sino por la demanda del mismo. Como afirma el republicano Grover Norquist, sanidad y pensiones representan un tercio del gasto público y de tener éxito los planes de Bush, la mitad de la población contaría con sistemas asistenciales y de pensiones privados en 20 años. De continuar con el actual sistema, o ampliarlo, como proponen los demócratas, nos encontraríamos en la situación opuesta. Solo el sistema sanitario público Medicare supone en la actualidad el 13% del gasto, pero de seguir así pasaría a representar el 35%.
De modo que nos enfrentamos a unas elecciones decisivas no solo por el papel de Estados Unidos en el mundo tras los atentados de la torres gemelas, sino porque podríamos empezar a ver un modelo alternativo al fracasado e injusto Estado de Bienestar.
