Redistribuir la deuda para seguir en el poder
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Pedro Sánchez se deteriora tan rápido como el retrato de Dorian Gray. Después de un año sin conceder entrevistas, apareció en TVE luciendo mal aspecto: ceniciento, avejentado, casi cadavérico. El efecto era en parte buscado con maquillaje y mala iluminación, para dárselas de víctima con más eficacia. Pero es inevitable pensar que el pacto con el diablo para seguir aferrado al poder cada vez se cobra un precio más alto.
En la entrevista, Pepa Bueno le preguntó por la nueva factura que Sánchez se dispone a pagar: la condonación de parte de la deuda autonómica de Cataluña, que había pactado con ERC, disfrazada como café para todos. Sánchez defendió que esta medida beneficia a todos los españoles. Según el Gobierno, todos ganan, nadie pierde. Como dijo María Jesús Montero, vicepresidenta al mando de esta operación: «¿Quién puede decir que no a esto?».
Parecería que Sánchez ha tropezado por casualidad con una nueva forma de hacer a todos los españoles más prósperos: todos podrán gastar más y nadie tendrá que hacer ningún sacrificio. Es una lástima que sea un nuevo engaño.
Es evidente que la deuda pública neta de todos los españoles seguirá siendo la misma después de la aprobación de esta medida. En conjunto, todos los españoles seguimos teniendo la misma losa de deuda. Por desgracia, ninguno de los acreedores del Reino de España nos ha perdonado lo que le debemos. Lo que aprueba el Gobierno es un cambio en su reparto: ahora algunos españoles verán aliviada la deuda que le tocaba, mientras que otros la verán incrementada.
Por supuesto, esta redistribución de la carga de la deuda no es neutra ni inocente. Favorece a comunidades más endeudadas, como Cataluña, donde hay que pagar el peaje por seguir en La Moncloa, o Andalucía, donde el PSOE, con Montero a la cabeza, necesita un milagro electoral. Y perjudica a los ciudadanos de aquellas comunidades que, en comparación, con más disciplina han gestionado sus finanzas públicas.
Este mecanismo no solo permite a Sánchez pagar una nueva factura personal por el poder, sino que también le permite sembrar cizaña dentro del propio PP: al incluir a comunidades populares entre las beneficiadas, o bien provoca un cisma entre los barones del PP, o al menos pone en una situación incómoda a aquellos que tendrán que rechazar una medida que beneficia a sus gobernados, aunque sea a costa de otros españoles.
Pero el peor efecto de esta redistribución de la carga de la deuda es el riesgo moral: es una medida que beneficia a las administraciones que han sido más irresponsables y perjudica a las más disciplinadas. Premiar al despilfarrador y castigar al más responsable es una receta segura para consolidar un sistema disfuncional. Por eso, esta condonación de la deuda autonómica no solo no beneficia a todos, sino que a la larga termina perjudicando al conjunto de españoles, esclavos de un sistema que incentiva la mala gestión y la irresponsabilidad fiscal.
Un mejor sistema, dentro del estatismo en el que vivimos, sería ir en dirección contraria: transitar hacia uno en el que cada administración se haga responsable de su gestión; uno en el que ahorro fiscal permita a sus ciudadanos tener más renta disponible y que incurrir en más gasto público exija más esfuerzo; uno, en definitiva, en el que el buen manejo de las finanzas públicas tenga recompensa para los ciudadanos y en el que el despilfarro se termine pagando.
Pero estamos gobernados por políticos que no tienen interés en que el sistema tenga incentivos adecuados. Solo les interesa acumular poder y aferrarse a la poltrona, al precio que sea.
