¿Se mueve la Unión Europea hacia la desregulación y la competitividad?
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Espoleados por los informes de Enrico Letta[1] “Mucho más que un mercado” de abril de 2024, y, explícitamente, Mario Draghi[2] sobre “El futuro de la competitividad europea”, un poco posterior; diecinueve jefes de gobierno de países de la Unión dirigieron una carta el 20 de octubre del año pasado al presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, solicitando la acometida de una serie de medidas para mejorar la competitividad de las empresas europeas[3].
Conscientes de la dramática pérdida de competitividad de Europa frente a Estados Unidos y China, y, partiendo de la idea de que la inflación regulatoria que padecen frena el desarrollo de las empresas europeas, los firmantes exigían una revisión sistemática del acervo de la UE para identificar normas superfluas, excesivas o desequilibradas, así como determinar si sirven para sus propósitos declarados.
Asimismo, instaban a la Comisión Europea a seguir presentando “propuestas ómnibus”[4] para el desmantelamiento de las normas obsoletas, manteniendo al mismo tiempo los objetivos políticos, las normas pertinentes y la integridad del mercado único. En este sentido, urgían a la Comisión a presentar la propuesta ya anunciada de un régimen jurídico único (llamado el vigésimo octavo, 28º) para la fundación y registro de sociedades europeas telemáticamente en 48 horas dentro de un mercado único europeo.
Y, finalmente, pedían contención en lo que respecta a la promulgación de nueva legislación, la cual, en cualquier caso, debía acompañarse de evaluaciones de impacto reforzadas. Entendían, además, que, más allá de las directivas y los reglamentos, esta moderación también debía aplicarse a los actos delegados y de ejecución.
Aunque redactada con el principal objetivo de marcar la pauta de la reunión del Consejo Europeo de 23 de diciembre, en realidad, la impronta que sus signatarios buscaban se está desplegando en diversas reuniones y movimientos que están ocurriendo en estos primeros compases del año 2026.
De este modo, a finales de enero el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, firmaron un Acuerdo de cooperación en defensa y un Protocolo para la ejecución de un plan estratégico de cooperación bilateral y dentro de la Unión Europea durante este año de 2026. Pese a que el Protocolo no constituye un tratado internacional que vincule a los firmantes, la previsible permanencia de ambos mandatarios en sus puestos y la minuciosa enumeración de objetivos, que se corresponden de forma nada casual con los apuntados en la carta multilateral del año anterior, ofrecen visos de un realineamiento pragmático de dos países dirigidos por políticos teóricamente enfrentados hasta ayer.
Asimismo, marca sutiles distancias con respecto a las posturas más proteccionistas del presidente francés Emmanuel Macron, partidario de adoptar compromisos de compra de productos y servicios europeos en sectores diversos, en una reacción especular a las medidas promovidas por Donald Trump en Estados Unidos.
Por otro lado, esta impresión se ha confirmado por el contenido de las comparecencias públicas del canciller alemán en la cumbre de la industria europea en Amberes del 11 de febrero[5], en la conferencia de seguridad de Munich (13-15 de febrero) así como por las notas distribuidas sobre las conversaciones mantenidas en el retiro “por la competitividad” de los 27 jefes de gobierno de la Unión en el castillo Alden Biesen, en Bilsen (Bélgica) previo al Consejo Europeo de Bruselas del 19 y 20 de marzo.
En este último, bajo la presidencia rotatoria de Chipre, se tratarán estos temas. La Comisión Europea presentará su plan de acción, con hitos detallados y plazos para superar el sistema actual, fragmentado en 27 realidades nacionales diferentes, para completar un Mercado Único plenamente integrado para finales de 2027. Este plan va acompañado de un programa de simplificación normativa que consiste en revisar la legislación vigente de la UE (el acervo comunitario) para eliminar la sobrerregulación (requisitos nacionales adicionales).
De esta manera, con el objetivo de garantizar un régimen jurídico uniforme, priorizará la aprobación de Reglamentos (de aplicación directa en todos los países) sobre las Directivas, las cuales requieren su transposición a los distintos derechos nacionales, con el margen de diversidad normativa aparejado. Las nuevas disposiciones legislativas incluirán más cláusulas de caducidad para garantizar su revisión periódica o su eliminación gradual si ya no son necesarias.
Por otro lado, la Comisión propondrá un nuevo marco jurídico denominado “UE Inc.” que permitirá a los emprendedores registrar telemáticamente una empresa bajo un único conjunto de normas para toda la UE en un plazo de 48 horas de forma telemática.
Para competir con las grandes multinacionales, la Comisión está revisando las directrices sobre fusiones (el borrador se publicará en abril de 2026) para adaptarse a a la realidad del mercado mundial y permitir la consolidación de empresas europeas en sectores estratégicos como las telecomunicaciones. Esto supondrá necesariamente la reconsideración del derecho de la competencia de la Unión Europea, sobre el que se ha construido un esquema intervencionista en la economía, tanto en el plano nacional como el europeo, que ha interferido de forma absurda en decisiones de fusiones y adquisiciones de empresas, que deberían competer exclusivamente a los órganos sociales de las empresas concernidas.
La Comisión también pretende finalizar para junio de 2026 la fase 1 (supervisión y titulización) de la Unión del ahorro y la Inversión. Si el progreso se estanca, podría optarse por una “cooperación reforzada” para la que es suficiente que un grupo de al menos nueve estados miembros acuerde participar en dicha política común[6]. En la jerga comunitaria es lo que se conoce como la “Europa a dos velocidades”.
Otros puntos sobre la mesa serán los planes de promover la reducción de los precios de la electricidad a través de la inversión en las infraestructuras de red eléctrica y la interconexión entre países. Se cree que de esta manera se reducirá la brecha entre el precio de las energías renovables de bajo coste y los altos precios actuales del mercado.
Y, por último, la Comisión asume como propio, por el compromiso previo entre los estados miembros, de aquilatar la “preferencia europea” para sectores estratégicos como defensa, espacio, la Inteligencia Artificial y la computación cuántica, siempre que sea proporcionada y se base en un análisis exhaustivo.
Asimismo, en aras de diversificar las cadenas de suministro, la Comisión, como órgano competente de la UE en materia de comercio, se centrará en la rápida implementación de los acuerdos recientemente alcanzados (por ejemplo, con los países del Mercosur, India e Indonesia) a pesar de que la petición de dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea conlleva la suspensión de su vigencia.
En definitiva, aunque los principales dirigentes de la Unión Europea se han tomado en serio la gravedad de su declive industrial y tecnológico, las medidas urgentes que se plantean para corregirlo no son del todo coherentes para el objetivo pretendido de desregularizar y aumentar la competitividad de las empresas europeas.
Entre ellas, merecen aplauso las dirigidas a revisar, reducir y restringir la complejísima normativa que frena el desarrollo de las empresas[7].
Ahora bien, a la hora de acometer sus planes, incurren en flagrantes contradicciones. Los loables propósitos de desregulación y simplificación normativa, junto a la introducción de criterios más flexibles en el derecho de la competencia, se ven empañados por los enormes costes para el conjunto de los europeos de la llamada transición energética hacia la descarbonización forzosa, por su repercusión en los precios de un suministro de energía fiables, tanto para particulares como para empresas.
Ante la presión de algunas de éstas, se pondera la opción de suspender el sistema de compensación de derechos de emisión. Y, sin embargo, el compromiso final de uso exclusivo de fuentes de energía renovable (y nuclear en aquellos estados que no han adoptado la moratoria respecto a esta energía) para 2050 todavía se considera indiscutible.
Obviamente, aquellas empresas que se benefician de este gigantesco sistema de redistribución de rentas, que gira en torno a la subvención de las energías renovables, van a objetar que se quedan en desventaja si se suspende el esquema … De manera que los países europeos se enfrentan a la cuadratura del círculo.
Notas
[1] Primer ministro italiano de un gobierno de unidad nacional por un breve periodo (2013-2014) presidente del Institut Jacques Delors de París y, desde octubre de 2024, decano de la Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales de la Universidad IE de Madrid/Segovia.
[2] Igualmente italiano, pero con un perfil mixto de alto ejecutivo de banca de inversiones en Goldman Sachs y político tecnocrático. Alcanzó gran notoriedad durante su mandato como presidente del Banco Central Europeo, cuando ante la gran depresión y la crisis de deuda de principios del segundo decenio del siglo, dirigió una política monetaria expansiva, con bajadas drásticas de los tipos de interés; QE (quantitative easing ) o flexibilización cuantitativa y la compra directa e indirecta de deuda pública y privada. A pesar del título de “salvador del euro” que le atribuyeron sus defensores, precisamente incentivó a los países más endeudados de la zona euro a eludir reformas estructurales profundas y ajustes presupuestarios serios y, por lo tanto, a cronificar el endeudamiento masivo.
[3] Significativamente, el presidente del gobierno español es el único de los países grandes de la Unión Europea que no firmó dicha carta.
[4] Nótese la adopción de la técnica y la terminología (“Las leyes ómnibus”) acuñadas por el equipo del Presidente argentino Javier Milei para emprender estos procesos de simplificación regulatoria.
[5] Al que se unió de forma entusiasta el primer ministro belga Bart De Wever. Ante más de 500 líderes empresariales en el histórico edificio de la Bolsa de Amberes, Merz presentó su visión de una “Europa soberana a través de la fuerza económica”. Haciéndose eco de las quejas sobre los altos costes energéticos que tienen que sufrir las empresas europeas, habló de la posibilidad de suspender temporalmente el sistema de compensación de los derechos de emisión ETS (Emissions Trading System).
[6] Prevista en el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 326 a 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
[7] En España, la Comunidad de Madrid pretende seguir esta tendencia, si bien todavía no ha aprobado el decreto que establecerá la metodología para revisar sus leyes de manera periódica, introduciendo fechas de caducidad en algunas y revisándolas cada cuatro años.
