La campaña política y mediática contra Airbnb ha sido una desvergonzada caza de brujas.

No existen argumentos de peso que justifiquen la restricción de la pornografía por parte del Estado.

El mensaje es que la intervención pública es la fuente de la solución, como si no fuera la causa del problema.

El nivel de preocupación de los agentes económicos y creadores de empleo es evidente y justificado.

Le echarán la culpa de todo a los mercados y la “falta de regulación”.

La alternativa a la industria es, como sabemos, un sector turístico que nos hace dependientes de los rentistas de otros países.