EEUU no intervenía en un país hispanoamericano desde Panamá en 1989 durante la llamada operación Causa Justa para capturar al dictador Manuel Noriega. Sin embargo, el día 3 de enero de 2026 pasará a la historia reciente como la fecha de una nueva intromisión de EEUU en un país del continente suramericano. Ante esta polémica situación (geo)política, cabe preguntarse y dudar, desde las ideas liberales, qué postura coherente adoptar, qué nos dice el liberalismo al respecto y cómo podemos aplicar los principios jurídicos y éticos de dichas ideas a una —a priori— difícil y contradictoria coyuntura actual.
Para ello, no hay mejor ocasión que recurrir a las ideas de la Escuela de Salamanca y a sus pensadores y teólogos, de donde nacieron ideas cruciales que nos ofrecen unMa gran marco teórico para poder analizar este tema actual.
En la Escuela de Salamanca, como sabemos, surgió y se culminó el derecho de gentes —ius gentium— y el derecho internacional de la mano de Francisco de Vitoria y sus discípulos. Según Vitoria, considerado el padre del derecho internacional, sólo es lícito hacer la guerra —la guerra justa o bellum iustum—si se responde a una injuria o se han cometido crímenes contra los derechos humanos, lo que a día de hoy denominaríamos crímenes de lesa humanidad. Asimismo, para Vitoria la intervención directa de un país tercero podría vulnerar la independencia política del país intervenido y, por ende, también el principio de no intervención.
Rescatando estas ideas del dominico Vitoria, podemos encontrarnos en una postura contradictoria: por un lado, se podría justificar la intervención de EEUU como un derecho a intervenir y rescatar al pueblo venezolano de su Estado, el cual, según misiones de la ONU, ha perpetrado actos de persecución política, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y encarcelamientos políticos cometidos por las fuerzas del Estado venezolano. En cambio, por otro lado, también se puede argumentar que los ataques de un Estado extranjero como el estadounidense, sin el mandato expreso del Consejo de Seguridad de la ONU, constituyen una violación del derecho internacional que se podría invalidar por unilateralidad. Por lo que nos encontraríamos en una situación ambigua.
Dejando, por tanto, al padre Vitoria a un lado, podemos acudir a otros escolásticos de la Escuela de Salamanca como Suárez o Domingo de Soto. Una de las ideas más adelantadas de estos pensadores a su tiempo fue la idea de soberanía popular: «La potestad política de un príncipe no emana directamente de Dios, sino que emana de la misma comunidad política» apuntaba Suárez. Es decir, el poder político legítimo, para los pensadores de la Escuela de Salamanca, emana del pueblo, y éste ha de delegarse voluntariamente para el bien común.
De esta manera, las ideas de soberanía popular y de legitimidad del poder, resultan fáciles de llevar al caso de Venezuela. El pasado 28 de julio de 2024 se celebraron elecciones en el país. Unas elecciones acusadas de fraude electoral, con irregularidades documentadas por la ONU, actas oficiales todavía sin publicar, estimaciones de victoria de la oposición con un 67% de los votos; y numerosos países, como Canadá, Reino Unido, la UE o gran parte de Hispanoamérica, que no han reconocido a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Todo ello unido al apoyo internacional que ha recibido la principal oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, galardonada, esta última, con el Premio Nobel por su defensa de la democracia en Venezuela.Poniendo esta información en el otro lado de la balanza, parece claro que el gobierno chavista de Maduro no goza de legitimidad alguna.
Siguiendo con las ideas de la Escuela de Salamanca y algunos de sus teólogos como Juan de Mariana en su obra De rege et regis institutione [Toledo, 1599], ante esta situación de un príncipe que gobierna sin legitimidad y contra el bien común, que viola las leyes o las aprueba sin legitimidad de su pueblo, que no respeta el derecho natural de sus súbditos y que, en definitiva, oprime al pueblo y se convierte en un tirano, el pueblo se reserva el derecho natural a la resistencia. Es decir, cualquier ciudadano (en casos extremos y tras deliberación pública) podría actuar contra el tirano para restaurar la libertad de la nación.
Por lo que, llevándolo a la actualidad, este derecho de resistencia podría justificar la captura por una potencia extranjera (EEUU) del tirano (Nicolás Maduro) con el objetivo de derrocar una tiranía (el régimen chavista). Una captura que sólo podría justificarse como una intervención humanitaria para proteger a un pueblo (Venezuela) de una tiranía que no puede caer por su propio peso. Lo que se asemejaría considerablemente a la situación actual.
Llegados a este punto, podemos concluir que la intervención de EEUU puede ser cuestionada en algunos aspectos —posible violación del derecho internacional— y justificada en otros muchos —resistencia frente a la tiranía, derrocamiento de un régimen autoritario, liberación de un pueblo que ha sufrido violaciones de los derechos humanos, etc.—, por lo que no resulta sencillo adoptar una postura simplista, tajante y, como diría Ortega y Gasset, hemipléjica. Lo que sí resulta más claro es que si esta intervención militar no evoluciona belicosamente y es capaz de hacer caer al régimen chavista que ha sometido a Venezuela a la miseria económica y social durante casi 27 años, podría pesar más el lado de la balanza que valora positivamente esta intervención.
En todo caso, lo crucial y lo verdaderamente determinante será ver si esta intervención de EEUU trae consigo la democracia mediante unas elecciones libres de fraude. De cumplirse este escenario, no sólo estaríamos ante una victoria para los que defendemos y creemos en la libertad, sino, sobre todo, ante un triunfo histórico para el pueblo venezolano.
Author: Carlos Fuentes Nevado
Estudiante de Economía e Historia en la Universidad de Salamanca, interesado en pensamiento político y liberalismo clásico.


