La regulación de la telefonía móvil: los precios

De todos aquellos parámetros económicos que el Estado puede regular, los precios son quizá los más populares. A la mayoría de las víctimas del Estado del Bienestar, y desde luego a sus partidarios, les gusta pensar que les defienden de los efectos diabólicos del mercado marcando un precio idóneo para esos servicios esenciales que por el arte de la dialéctica progresista se convierten en derechos inalienables. Sin embargo, la coherencia no es necesariamente una virtud en la forma de actuar de nuestros gobernantes y así coexisten los precios máximos, como los de la luz o el gas, con los precios mínimos para colectivos “desfavorecidos” como los agricultores que ven como a través de estos precios y de los subsidios agrarios, algunos de sus productos son incluso “competitivos”. Es posible que la alimentación no sea un derecho inalienable. Otra forma de controlar los precios son las simples presiones sobre las empresas, sobre todo si su existencia depende de una concesión estatal.

Las empresas de telefonía móvil se encuentran situadas entre el primer y el tercer caso. Así, los precios que las operadoras ponen a sus abonados no responden a un precio máximo pero los precios de interconexión entre redes, es decir los precios que se pagan las operadoras entre sí por interconectar sus redes para que dos abonados de diferentes empresas puedan hablar, sí tienen una regulación específica. A principios del otoño de 2005, la CMT rebajo los precios a las tres operadoras españolas con la intención de que este descenso en el precio fuera repercutido en el usuario final. Tal rebaja desde luego no llegó al usuario ya que una parte nada desdeñable de los ingresos de estas empresas venían precisamente de este servicio.

Otro de los sistemas que no gustan a los burócratas ministeriales es la existencia de determinadas tarifas, o mejor dicho de modos de tarificación. Así, a principios de verano Telefónica Móviles decidió tarifar en tramos de medio minuto en vez de por segundos, sistema que ya usaban sus competidores. El revuelo que se generó fue tal que las operadoras tuvieron que dar marcha atrás. FACUA, OCU y otras organizaciones de consumidores denunciaron el redondeo, las Comunidades Autónomas denunciaron el redondeo y el Gobierno terminó por legislar para impedir el redondeo. La libertad quedó en entredicho y lo más curioso de todo este asunto es que las nuevas tarifas que se crearon fueron menos demandadas frente a las existentes por tramos de 30 segundos, según denunciaba el diario económico Expansión en un editorial del 23 de diciembre. Es paradójico que el Estado impida usar este tipo de tarificación cuando él mismo suele usarlo en el transporte público, por poner un ejemplo que afecta a todos. Los precios de los viajes en autobús o en metro no son proporcionales al número de kilómetros recorridos sino que tienen un precio fijo independientemente de si te bajas en la primera o en la última parada.

Por otra parte, el supuesto abuso de las operadoras sobre los ciudadanos no es un asunto menor. A principios de diciembre de 2005 el gobierno francés impuso una multa a las operadoras francesas por pactar precios. El Consejo de la Competencia francés elevó a 534 millones de euros la cuantía de la sanción, lo que la convirtió en la mayor impuesta en Europa. En nuestro país de momento no se ha dado una multa tan elevada pero no nos sorprendería ya que las medidas intervencionistas de nuestro vecino galo suelen ser un espejo en el que se suelen mirar nuestros no menos intervencionistas gobernantes socialistas.

A mediados de este mes de enero de 2006, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) acusó a las operadoras de móvil de no repercutir en los precios el ahorro de costes y es que según el organismo regulador se ha detectado que la rebaja de precios no llega a la mitad del ahorro en costes y que no se ha trasladado a los clientes la productividad lograda por el crecimiento del tráfico. Esta rocambolesca excusa, que pocos ciudadanos sabrán entender es la justificación de otra medida no menos intervencionista. La supuesta ausencia de competencia se verá solucionada una vez más por la sabiduría estatal que, para atajar la situación, aprueba los llamados Operadores Móviles Virtuales (OMV), operadoras que sin antenas emisoras alquilan las infraestructuras necesarias a las que la tienen y se dedican a competir con aquellas que les alquilan los medios. La gracia está en que es bastante posible que las operadoras tradicionales se vean obligadas por ley a alquilar sus antenas. Vuelve a ser paradójico que en un pseudomercado que existe por concesión estatal, el propio Estado hable de ausencia de competencia.

Y con esto llegamos a un tercer punto no menos controvertido y que no es otro que el de las antenas, base y alma de la telefonía móvil. Pero éste es tema para un tercer y último comentario.