Un día en la vida de los venezolanos

Bajo la mirada cómplice de las autoridades, los militares manejan a su antojo las mafias del comercio y los servicios.

Recientemente, un turista venezolano fue retenido mientras chequeaba su equipaje en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. El motivo que llamó poderosamente la atención del personal de seguridad fue la inusual cantidad de billetes que cargaba el ciudadano. La suma portada ascendía al monto de dos (2) euros, pero la cantidad alcanzaba la estrafalaria cifra de mil (1.000) billetes de 100 bolívares. El mencionado turista tuvo que echar mano de todos sus recursos persuasivos para demostrar al sorprendido agente que dicha suma equivalía a dos euros, y con ella pagaría el taxi del aeropuerto Simón Bolívar al centro de Caracas, cuyo precio era aproximadamente de 100.000 bolívares.

Historias como esta se viven en Venezuela diariamente. Hace unos meses se confiscó a la dirigente política Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, la cantidad de 200 millones de bolívares, suma actualmente equivalente a 4.000 euros, y se le abrió una investigación judicial por dicho “contrabando”, tomando en consideración que los bancos en Venezuela no pueden entregar una suma mayor de 10.000 bolívares, lo cual solo alcanza para comprar un café. Casos como este ilustran la paranoia que se vive día a día por conseguir dinero en metálico para pagar cuentas que solo pueden ser canceladas en efectivo. Aunado a esto, hay que agregar que los puntos de venta electrónicos son un privilegio entre los comerciantes. Estos aparatos son altamente codiciados por los ladrones y su robo es frecuente por lo costoso que se cotizan. Podemos notar cómo se recurre a mecanismos de pago cruzados, donde el vendedor de carne tiene que valerse del vecino más cercano que tenga el punto de venta para que le facture la cuenta y el comprador pueda pagar su compra. En caso contrario, el comprador tendrá que adquirir efectivo con su tarjeta, con un sobrecosto que oscila entre un 10% y un 25%. Agreguémosle a esto la lentitud del servicio telefónico en Venezuela, calificado como el más lento de Suramérica. Esta lentitud provoca colas interminables para pagar cualquier compra de víveres. Mientras tanto, los bancos lucen congestionados, desde tempranas horas de la mañana hasta la hora de cierre. Todos los días, ciudadanos jubilados, pensionados y becados retiran sus correspondientes 10.000 bolívares. Según el Banco Central, la liquidez monetaria alcanzó en octubre de este año la cifra de 50,3 billones de bolívares, mientras que el dinero contante y sonante no llegó a 3,2 billones, apenas un 6%. Hay que agregar que en Venezuela no sirven los cajeros automáticos, pero se necesita efectivo para pagar pasajes, servicios de restaurantes, compras callejeras, recarga de teléfonos, etc. Paradójicamente, hay abundancia de billetes, pero con un poder de compra casi inexistente. Se estima que en Venezuela hay 477 billetes por persona, mientras que en México existen 36 por habitante. Todo esto en un escenario donde la base monetaria crece interanualmente más de un 1.000%, según la firma Econométrica.

Lo más común que un visitante puede conseguir en Venezuela, en todas las ciudades y poblados, es basura y colas. En el paisaje venezolano, las colas son un lugar común. Se las observa en todo tipo de comercios, pero especialmente en aquellos donde se sospecha que venden o van a vender un producto escaso. Por ejemplo, en los supermercados chinos, cuando se presume que está por llegar un bien escaso con precio regulado, las colas se forman espontáneamente y las cantidades vendidas son racionadas en función del largo de la cola y el número de la cédula de identidad. No es anormal que algún personaje desconocido cobre una suma por cada puesto que ocupan los compradores en la fila. Esta práctica mafiosa se realiza bajo la mirada complaciente y la complicidad de las autoridades. También es frecuente que autoridades militares entren a un comercio y fijen arbitrariamente el precio de alguna mercancía sin importar los costos del comerciante. Acto seguido dicho bien se venderá a los usuarios que vayan formando la fila correspondiente al precio fijado por la autoridad. Es también frecuente que cualquiera que transite con víveres en su vehículo, adquiridos lícitamente, sea revisado en cualquiera de las abundantes alcabalas que existen en el país y se le decomise parte de la mercancía o toda si el guardia nacional estima que las cantidades exceden lo “normal”. Tampoco es extraño que el puesto de la guardia se reparta la mercancía o cobre en especie por dejar pasar al “contrabandista”.

La lucha por la comida se entiende mejor cuando comparamos el sueldo mínimo (456.507 bolívares) con el precio de la canasta alimentaria (2.938.277,19 bolívares). Es decir, se necesitan 6,34 salarios para adquirir la cesta básica familiar. Hay que recordar que este salario mínimo corresponde al aumento de salario número  41 desde que se estableciera esta modalidad en 1999. De esta manera, el salario mínimo ha subido un 555% entre enero y noviembre y la inflación ha registrado un aumento acumulado de un 1.115% en lo que va de 2017. El gobierno nacional ha puesto en práctica diversas medidas para tratar de compensar la escasez alimentaria en el país, en un escenario donde las importaciones se han reducido en un 80% en los últimos 5 años y se ha visto cerrar más de la mitad de las 12.000 empresas que existían. Se ha ensayado con diversos mecanismos de distribución, tales como PDVAL, MERCAL o Abastos Bicentenario, donde el 80% de los alimentos, según la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, eran producidos por el sector privado, quienes debían entregar entre el 30% y el 100% de su producción a precios regulados. En estos establecimientos las colas podían empezar un día antes de la puesta en venta de dichos productos. Normalmente la gente dormía en las colas esperando poder adquirir la ración ofrecida. La corrupción asociada a este mecanismo de distribución fue escandalosa. En Madrid, misteriosamente, podía conseguirse en 2014 la leche Casa, S.A, que era un producto exclusivo para la venta en la red MERCAL y en el territorio nacional. Su precio era de 9 euros, mientras que en Venezuela su precio era de 45 bolívares, el equivalente a 0,50 euros.

Después de varios ensayos fallidos en la distribución de alimentos, el gobierno recurrió a uno de los mecanismos más humillantes para el venezolano, los CLAPS. Esta modalidad de distribución de víveres refleja el método más acabado de discriminación política y exclusión social que ha ensayado el gobierno bolivariano. Una bolsa con víveres, importados en su mayoría, adquiridos con dólares preferenciales a 10 bolívares, que son entregados por listas previamente filtradas por agentes gubernamentales, con un precio de mercado aproximado de 200.000 bolívares y un costo para el usuario que oscila entre 20.000 y 40.000 bolívares. Este mecanismo, que es presentado como la gran solución alimentaria del gobierno revolucionario, se distribuye de manera intermitente, con una lista de beneficiarios cuidadosamente elaborada. La espera puede ser hasta de dos o tres meses y cuando llega, sin previo aviso, los beneficiarios deben correr a buscar efectivo porque los camiones llegan a cada barrio o sector y el pago debe ser inmediato y sólo en efectivo. Por supuesto, el fracaso ha sido estrepitoso. Se estima que el contenido de la bolsa de comida solo le alcanza a una familia para tres días. Mientras tanto, miles de personas se sumergen entre la basura para mitigar el hambre de una población que clama por la apertura de canales humanitarios y un gobierno que se muestra ante el mundo como el “campeón de los derechos humanos y la inclusión social”.

Lo que comenzó como el capricho de Hugo Chávez por estatizar los sectores “estratégicos” de la economía ha conducido progresivamente a convertir a Venezuela en un país sin empresarios. La imagen que dio la vuelta al mundo, mostrando a un presidente arrogante anunciando públicamente ante las cámaras de televisión un rotundo “exprópiese” y, acto seguido, el activo pasaba a manos del Estado, ha sido solo la punta del iceberg. Los empresarios venezolanos han soportado vejámenes y atropellos que han reducido a su mínima expresión el parque empresarial. Para implantar el sistema de control de precios y racionamiento, el régimen se ha valido de la intimidación y la amenaza armada. Basta recordar el atropello que han sufrido los comerciantes chinos, que están saliendo en masa del país una vez que han visto perder el capital amasado durante toda una vida. Asimismo ha ocurrido con los comerciantes minoristas de cauchos para vehículos, baterías, sector farmacéutico, ferretero, etc.

El modus operandi no es diferente al aplicado por los peores regímenes fascistas. Sin previo aviso, se presenta un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana, el Servicio Aduanero y Tributario (SENIAT) y la siniestra SUNDDE, brazo armado del gobierno contra la “guerra económica”, y solicitan todo tipo de documentos al propietario del negocio, que es sometido a interrogatorios a puerta cerrada. Así han arruinado, por ejemplo, a los vendedores de cauchos para vehículos. Una vez verificado el inventario, se levanta un expediente donde se acusa al propietario de acaparamiento por tener un stock “demasiado” elevado, sin especificar qué se considera elevado. El SENIAT prepara la multa correspondiente, mientras la Guardia Nacional decide cómo vender el inventario a los clientes que esperan impacientes durante horas y a veces días para que se le entregue la preciada mercancía. Los guardias nacionales obligan a los conductores a presentarse con su respectivo vehículo, y solo entregando los cauchos usados se le entregan los nuevos, como prueba de que no son para revenderlos. Recientemente cambiaron el mecanismo de recepción de la mercancía y obligaron a los vendedores de neumáticos a colocar como centro de recepción los almacenes militares, donde los uniformados compran el 50% de la mercancía para ellos distribuirla y colocarla en el mercado a través de “bachaqueros”, con un sobreprecio que supera el 300% del precio de venta oficial. Mientras tanto, a los comerciantes se les deja el restante 50% para que lo vendan al precio justo fijado por el gobierno, bajo pena de aplicación de cláusulas penales en caso de infracción. Bajo la mirada cómplice de las autoridades, los militares manejan a su antojo las mafias del comercio y los servicios. Esto explica la complicidad entre civiles y militares y el esfuerzo de los uniformados por someter a sangre y fuego cualquier protesta que amenace la integridad de la revolución.

Todo este entramado de sometimiento forzoso a la voluntad del poder totalitario ha convertido a comerciantes prósperos en simples receptores de mercancía, en una especie de empleados públicos que tienen que sujetarse a las pautas fijadas por el gobierno en materia de precios y ganancias. Así, tienen que vender con un margen de ganancia no mayor al 30%, independientemente del costo de reposición, soportando incrementos de sueldos y demás costos que superan aumentos superiores al 30% mensual. Actualmente, los empresarios de sectores como cauchos, farmacias, baterías y repuestos, entre otros, gestionan establecimientos sin mercancías, negocios descapitalizados que sobreviven en un entorno institucional que busca sustituir infructuosamente el mecanismo de mercado y la propiedad privada.