Mercado y educación

Con el mercado, el sistema educativo se tornaría más dinámico, flexible y compatible con las expectativas de quienes requieren formación en las diferentes disciplinas.

Pocos temas se prestan tanto a la demagogia como la educación. El tema es sensible porque la palabra “educación” remite a futuro. Se educa hoy para producir un efecto en el futuro. Como todos deseamos un futuro promisorio, las discusiones sobre educación afectan un punto neurálgico de nuestras aspiraciones más profundas. Dado este conjunto de sentimientos, resulta la educación un campo altamente propicio para el ejercicio de la demagogia por parte de políticos e intelectuales que procuran mostrarse comprometidos con un asunto que despierta interés casi universal.

Las emociones que el tema despierta dificultan el abordaje conceptual del problema. Conviene, por lo tanto, desactivar la agitación que esta cuestión provoca y analizarla fríamente y con un enfoque puramente técnico, sin sentimentalismos perturbadores.

La educación es esencialmente un servicio que ciertas personas, generalmente enroladas en organizaciones institucionales (escuelas, academias, universidades, etc.) prestan a otras personas. Como todo servicio, tiene un costo y produce un resultado. La operatoria se basa en que alguien pague de alguna manera los costos para que los prestadores del servicio reciban la retribución correspondiente por su contribución.

Hasta ahí, el enunciado del tema. Pero esto plantea dos cuestiones centrales: 1) quién aportará los recursos para financiar la prestación; 2) cuál será el contenido del servicio.

La afirmación de que la prestación del servicio educativo tiene un costo implica que, para solventarla, es necesario asignarle recursos escasos. Y, como son escasos, hay que determinar en qué medida y hacia qué usos alternativos asignarlos.

Este es el punto donde la demagogia encuentra la oportunidad de hacer su aparición, beneficiada por las resonancias emocionales que el tema contiene. La operación que políticos e intelectuales realizan, consiste en desconocer a la educación como servicio y categorizarla como derecho. Entonces, encuentran una justificación -que la abrumadora mayoría de la gente aprueba- para que sea el Estado quien tome a su cargo la gestión y la financiación del proceso educativo.

Pero esto encierra el problema habitual de cualquier esquema económico centralmente planificado: no hay disponible la información suficiente como para determinar con exactitud cuáles son los requerimientos de los consumidores del bien y, consecuentemente, no hay modo de adecuar la producción (en este caso, las características del servicio) a esas demandas.

Para los demagogos de la educación, esta argumentación es escandalosa. ¿Cómo se atreven los herejes y blasfemos liberales a equiparar un “derecho inalienable” como lo es la educación, con un bien cualquiera que se comercializa en el mercado y cuya cotización oscila conforme los vaivenes de la despreciable ley de la oferta y la demanda?

Pero por mucho que se fastidien los adversarios de la economía de mercado, los hechos siguen siendo los que son: la educación es un servicio que insume recursos escasos y que unos prestan y otros consumen.

Dada esta circunstancia, no existen razones para rechazar el argumento de que la forma de alcanzar la mayor eficiencia humanamente posible para organizar la prestación de servicios educativos es la aplicación de criterios de mercado, lo cual implica que los beneficiarios del servicio afronten el costo y tengan libertad para decidir qué perfil de producto consumir.

Los demagogos que caracterizan a la educación como “derecho inalienable” se oponen a la categorización como servicio que se compra y vende en el mercado porque apelan a las repercusiones emocionales que el tema provoca. Asimilan el mercado con un orden frío e inhumano donde quien no pueda pagar el costo de la educación quedará condenado a la ignorancia. Y, por supuesto, por eso reivindican el rol central del Estado en la organización y financiación del sistema educativo.

Pero si la prestación de los servicios educativos quedara librado a la acción del mercado y el Estado se abstuviera (quizá no absolutamente, hay un muy pequeño espacio donde cabría una acción de apoyo del Estado) de intervenir en los acuerdos libremente pactados entre prestadores y consumidores, todo el sistema se tornaría más eficiente, lo cual implicaría que los recursos totales destinados a financiar la actividad derivarían en una mayor adecuación de la oferta a los requerimientos soberanos de los demandantes.

De ese modo, por medio de la aplicación de criterios de mercado, todo el desenvolvimiento del sistema se tornaría más dinámico, más flexible y más compatible con las expectativas de quienes requieren formación en las diferentes disciplinas, que en la mayoría de los casos está relacionada con la posterior inserción en el mercado laboral.

La posibilidad de alcanzar estos propósitos necesita que los burócratas del Estado no se inmiscuyan en la planificación del proceso educativo para que los respectivos interesados -oferentes y demandantes del servicio- vayan guiándose por las conclusiones que la propia experiencia les vaya transmitiendo (la cual se irá expresando a través del sistema de precios de los diferentes servicios educativos ofrecidos en el mercado) y, de ese modo, adecuen la evolución del sistema para mantenerlo en línea con las necesidades del proceso productivo, al cual provee de recursos humanos capacitados. Esto implica que políticos y funcionarios (y podríamos agregar también a los sindicalistas) resignen el poder que detentan actualmente, para transferirlo a los interesados directos. Es difícil que se avengan de buena voluntad a tal concesión. Pero esa es otra historia.