La imposibilidad de combinar libertad de mercado e intervencionismo estatal

Las economías de prácticamente todos los países occidentales están estructuradas sobre criterios socialdemócratas.

El lector Concerned Citizen, en una respuesta al artículo de este autor del mes pasado, señaló que “muchos seguimos creyendo en una adecuada combinación de mercado y Estado, de socialdemocracia y liberalismo”… Suele suceder que hay liberales que se burlen desdeñosamente de ese tipo de posiciones. Sin embargo, aun cuando la consideremos errónea, no deja de ser una argumentación entendible, a la cual, en todo caso, resulta necesario responder con algún planteo que explique los motivos por los cuales creamos que es desacertada.

Una posición que pretenda ser intermedia, donde la libertad de mercado y el intervencionismo del Estado se combinen en dosis prudentes y razonables para complementar los beneficios que uno y otro sistema están en condiciones de proveer, parece, a simple vista, el mejor de los mundos, un enfoque razonable y equilibrado que conducirá al bien general en un contexto de equidad y justicia.

Esta tan seductora idea encierra el problema de que no es susceptible de ser llevada eficazmente a la práctica porque, bajo su apariencia tan razonable, esconde una profunda contradicción, que la mayoría de las personas no llegan a comprender y los liberales no suelen saber explicar. Dediquémosle por lo tanto algunas líneas a considerar el problema.

Un sistema puro de mercado tiene como regla no legitimar ninguna asignación de recursos que tenga fines redistributivos. El estado opera con el fin de establecer normativas generales que aseguren el resguardo de los derechos de los individuos y, eventualmente, su restablecimiento si alguien los vulnera. Pero bajo la vigencia de un sistema de mercado no es admisible que se le quite su propiedad a alguien para asignársela específicamente a otra persona o sector de la sociedad.

Esa restricción asegura que los derechos de todos los miembros de la comunidad son equivalentes. Las rentas que cada individuo obtenga se corresponden con el servicio que le preste a los consumidores. Nadie recibe nada que no sea una contraprestación por algún bien vendido en el mercado.

Si el Estado interfiere el proceso de asignación espontánea de recursos determinada por el mercado, esa equivalencia de derechos -es decir, el principio de igualdad ante la ley- queda alterada; pasa a haber privilegiados (quienes reciben lo que no vendieron en el mercado) y perjudicados (quienes son despojados de los beneficios que obtuvieron para que el Estado los ceda a los privilegiados).

Una política de este tipo no tendría por qué ser dogmáticamente rechazada. Se podría argumentar que la igualdad jurídica no necesariamente debe ser un criterio de vigencia absoluta y que pueda haber razones que, en determinadas circunstancias, ameriten establecer, de manera deliberada, privilegios y perjuicios para determinadas clases de ciudadanos. Esto es contrario a los principios del liberalismo, pero justamente el carácter absoluto de esos principios era lo que el lector Concerned Citizen cuestionaba. Si no hay consenso acerca de que la igualdad jurídica es un bien deseable y se considera legítimo que haya privilegiados y perjudicados (esto ha sido lo usual a lo largo de toda la historia de la humanidad) es posible convalidar semejante orden social. Pero si este es el camino que se elige seguir, hay que hacerse cargo de las consecuencias…

Un sistema puro de mercado, donde no se hace lugar a la aplicación de políticas redistributivas, además de que es probadamente más eficiente en términos absolutos de producción de riqueza, tiene la particularidad de que no requiere de decisiones discrecionales. Como no está convalidado que se le quiten sus ganancias a unos para entregárselas a otros, no existe el problema de decidir a quién se le sacará ni a quién se le regalará nada. La puja por la distribución de los recursos disponibles tiene lugar en el mercado, donde el juicio inapelable lo tiene la decisión de los consumidores que demandan la satisfacción de sus requerimientos. Obtiene más quien complace mejor a los consumidores y, de ese modo, automáticamente, se generan los incentivos para que los esfuerzos de todos se dirijan hacia la cobertura de las expectativas de los demás. El resultado final de este método es el incremento del bienestar agregado de la comunidad.

En un régimen socialdemócrata, donde hay espacios para la operatoria del mercado, pero se admite el intervencionismo del estado como instancia posible, sí aparece el problema de determinar cuándo, en qué medida, de qué manera y en beneficio de quien y en perjuicio de quién otro, el estado modificará los resultados que el mercado arroje. Y aquí surge la cuestión de que cada cual querrá que el Estado opere en favor de su conveniencia particular. Entonces ¿cómo acordar a quién el estado le quitará y a quién le asignará los recursos que obtenga por medio de la extracción coactiva? El criterio usual es el de mayoría, pero eso genera perversos incentivos para el parasitismo, en perjuicio de la productividad, porque todos, comprensiblemente, quieren ser de los que reciben y no de los que son sometidos a exacción.

En la práctica, las economías de prácticamente todos los países occidentales están, en mayor o menor grado, estructuradas sobre criterios socialdemócratas y tienen los problemas que aquí se describen, no por casualidad, sino porque está en la naturaleza de ese sistema que estas dificultades aparezcan. Se trata de una cuestión que, naturalmente, admite un abordaje mucho más profundo que el superficial tratamiento que se le puede dar en este espacio. Pero la profundización de este criterio básico de análisis serviría como línea argumental para responder a la inquietud que el lector Concerned Citizen había dejado planteada y que, en sustancia, constituye el “núcleo duro” del pensamiento antiliberal predominante en todo Occidente en estos tiempos.