Durante toda la crisis hemos venido escuchando un mantra que no por falaz resultaba menos convincente para muchos: el problema de España no es la deuda pública, sino su gigantesca deuda privada. En realidad, el problema de España siempre fue su deuda total, y el hiperendeudamiento público promovido primero por Zapatero y después por Rajoy no ayudaba en absoluto a reducir esa deuda total.
Pero, ciertamente, a finales de 2008 la mayor parte de la deuda española se concentraba en el sector privado: en concreto, la deuda empresarial representaba el 48% de la deuda total, los pasivos familiares el 34%, y la deuda pública apenas el 18%. No era casualidad: desde 2002, el Banco Central Europeo había mantenido los tipos de interés artificialmente bajos para así incentivar el sobreendeudamiento de familias y empresas con el que impulsar un (burbujístico) crecimiento económico. Normal, pues, que el sector privado se sobreapalancara tras la decidida intervención de este monopolio estatal.
Sucede que, desde comienzos de 2009, el sector privado comenzó a hacer sus deberes: su gigantesca losa de deuda le resultaba inmanejable y por ello se esforzó en ahorrar, vender activos y renegociar con sus acreedores, esto es, se esforzó en reestructurar y sanear su deuda. Cinco años después, los resultados han sido muy notables: las familias han reducido sus pasivos en unos 125.000 millones de euros y las empresas, en 255.000 millones. En total, por tanto, el sector privado español ha recortado su apalancamiento en el equivalente a cerca de 40 puntos del PIB de 2013. ¿Qué ha hecho mientras tanto el sector público? Lo ha incrementado en más 55 puntos, esto es, en unos 557.000 millones de euros.
Así las cosas, a enero de 2014 el porcentaje de la deuda empresarial sobre el total se había reducido del 48% al 36%, el de las familias del 34% al 27,5% y el del sector público (incluyendo la deuda de las empresas públicas) se había duplicado desde el 18% al 36,5%. Quizá más relevante todavía sea constatar que, mientras en 2008 la deuda empresarial superaba a la pública en más de 800.000 millones de euros (el 80% del PIB), a comienzos de 2014 era la deuda pública la que superaba a la empresarial en casi 12.000 millones de euros (1,2% del PIB). Es decir, en enero de 2014 hemos asistido a un fenómeno insólito en España desde el año 2000: la deuda del sector público ya ha superado en monto a la deuda empresarial privada, convirtiéndose así en el sector económico más endeudado de España.
Pero el abismo entre la deuda pública y privada no es sólo cuantitativo, sino cualitativo: la deuda empresarial se constituye para sufragar inversiones productivas que con el tiempo generarán la riqueza adicional suficiente como para amortizar esa deuda facilitando además la creación complementaria de riqueza en el resto de la economía; en caso contrario, si fracasa el proyecto empresarial financiado con deuda, su acreedor sabe que se expone a un concurso, esto es, a tomar el control de la empresa para reflotarla o liquidarla resarciéndose así de parte de lo adeudado. Las obligaciones financieras del sector público, empero, no funcionan de este modo: su cometido no es el de sufragar inversiones productivas de ningún tipo (al contrario: la deuda pública suele justificarse aduciendo la necesidad de sufragar gastos que el sector privado, por su falta de rentabilidad, jamás habría acometido por sí solo), por lo que su repago no queda vinculado a la (nula) riqueza adicional que generan, sino al expolio de unas familias y empresas que sí han sido capaces de generar riqueza por su cuenta y riesgo. De esta manera, y salvo repudio gubernamental de su deuda, la acumulación de pasivos estatales implica la rapiña futura de los sectores productivos de una sociedad, minando y socavando sus bases de crecimiento futuro.
Por eso, Zapatero y Rajoy costearon su supervivencia política —y la de la burbuja estatal que tanto veneran—a costa de hipotecar el futuro de los españoles: en su segunda legislatura, ZP incrementó el endeudamiento público a una media de 8.200 millones de euros mensuales; Mariano, hasta el momento, lo ha hecho a un ritmo de 9.900 millones de euros mensuales. Comparen tamaño despropósito con la diligencia exhibida por el sector privado: en los últimos cinco años, las familias se han desendeudado a una media de 2.100 millones mensuales y las empresas a una de 4.700. No busquen causalidad entre la correlación porque no la ha habido: es verdad que el endeudamiento público ha insuflado renta disponible en el sector privado, pero no es menos cierto que la mayor parte de ese endeudamiento estatal ha sido financiado por ahorro privado interno que, alternativamente, podría haber acelerado el sano proceso de desapalancamiento (y tampoco es menos cierto que el sector público ha saqueado a impuestos al sector privado, dificultando gravemente su ritmo de desapalancamiento).
En ésas estamos: una burbuja estatal que los políticos se obstinan en no pinchar y que, con tal de mantenerla a flote, optan por expoliar a las generaciones presentes (mordidas fiscales) y a las futuras (endeudamiento público desproporcionado). Afortunadamente hay alternativas liberales: la más inminente pasa por pinchar y sanear la burbuja estatal; la más largoplacista, por desarticularla por entero.
