"I’m saying it bluntly, that this administration is the greatest wet blanket to business, progress and job creation in my lifetime” Steve Wynn (Julio 2011)
Me preocupa mucho la deriva populista de algunos grupos políticos, que se ha intensificado con el debate sobre el estado de la Nación. No debería extrañarme, cuando en un país en el que se ha disparado el gasto público en 180.000 millones desde 2003 se escuchan cosas tan alarmantes como “usted y yo estamos de acuerdo, no tenemos un problema de gastos sino de ingresos” sin que se revolucione el congreso.
Por supuesto, es falso. España jamás ha ingresado más de 413.000 millones de euros en el pico de la burbuja inmobiliaria y de obra civil, a pesar de la mayor expansión de crédito después de China y Taiwán. Sin embargo, gastamos más de 60.000 millones por encima de esos ingresos fiscales burbujeros. El gasto se adaptó rápidamente a la fiesta, pero luego los gobiernos se niegan a reducirlo cuando el ciclo cambia. Y hay que recaudar.
Nuestros representantes se lanzan a la represión fiscal sin reconocer el más mínimo error en la gestión ni en el gasto. Cada vez que se comentaba en el debate el agujero dejado por el despilfarro y las facturas sin pagar por las administraciones públicas –total, entre 20.000 y 30.000 millones de euros- que han costado la ruina a miles de empresarios y centenares de miles de empleos, el silencio se tornaba en excusa y se sacaba el nuevo cuento, la demonización de las grandes empresas.
La primera falacia es el mantra de que “España es un paraíso fiscal para las grandes empresas”. En mi libro “Viaje a la Libertad Económica” lo rebato, y Diego Sánchez de la Cruz lo comenta también aquí. Basta con analizar los datos comunicados por las empresas del Ibex 35 para determinar que su tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades asciende al 20% de las ganancias anuales. Pero además, en el caso de las grandes compañías industriales, la factura en impuestos alcanza hasta el 50% del beneficio neto generado en España y más de la mitad de los impuestos que pagan en todo el mundo, a pesar de contar con más ingresos fuera que en nuestro país.
Las empresas que registran beneficios en España, de hecho, se encuentran con una importante cantidad de impuestos que se deducen tanto a nivel nacional como local y regional, desde gravámenes sobre la actividad económica, verdes, sociales, de bienes inmuebles,etc. Esos factores, en el caso de las diez grandes empresas industriales, son casi equivalentes a su factura por impuesto de sociedades.
Si analizamos la totalidad de obligaciones tributarias que enfrentan las compañías españolas, el tipo es mucho mayor. De hecho, usando datos del informe Paying Taxes de Price Waterhouse Cooper, la presión fiscal total sobre los beneficios empresariales es del 59% en España frente al 41% de Europa.
Sin embargo queremos más, sin entender que es menos, a pesar de la evidencia. Demonizar a Inditex, Mercadona o cualquiera de los grandes grupos es hambre para hoy y hambruna para mañana. Necesitamos muchos más de ellos, no atacarlos para confiscar unos euros más.
En vez de enorgullecernos de que nuestro país haya creado multinacionales con capacidad de superar la crisis del euro, la latinoamericana y seguir creando empleo y creciendo, las tratamos como el Sheriff de Nottingham en Robin Hood. Cállese y acepte, que puede ser peor. Hasta que se vayan, una a una, y recaudemos en cromos de Pocoyó.
Imagínense por un segundo lo que hubiera ocurrido con las grandes empresas españolas si no hubieran podido deducir el fondo de comercio de su inversión internacional y cambiar su estructura a multinacional. Tendríamos un 12% del Ibex en quiebra por su exposición a construcción, concesiones en España y cambios regulatorios.
No nos importa la quiebra de mañana si ayer se recaudaron un par de miles de millones para pagar mayor gasto político. Además de confiscar y mantener la política del avestruz, queremos que se inviertan miles de millones en nuestro país. Donación.
Imagínense mi sorpresa estos días cuando leo unas declaraciones de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, comentando su decisión de invertir menos en España ante la inseguridad jurídica creada por los eternos cambios regulatorios, similar a otras declaraciones de ejecutivos nacionales, y se genera una polémica casi de caza de brujas.
En Estados Unidos y Reino Unido he escuchado en multitud de ocasiones a los presidentes de las grandes empresas, energéticas, reguladas o de cualquier sector, criticar al gobierno abiertamente y tomar las decisiones que mejor defienden, en su criterio, a los accionistas. Recuerden a Rex Tillerson (Exxon) decir “no, thanks” a las sugerencias de Obama.
En el sector energético europeo, empresas alemanas como RWE o E.On, incluso empresas semi-estatales como Enel, GDF-Suez o EDF, han tomado enormes decisiones de recorte de inversiones ante actuaciones gubernamentales que destruían valor, y han criticado abiertamente decisiones como el mal llamado impuesto de Robin Hood en Italia, los cambios en política nuclear en Alemania, o la congelación de tarifas en Francia. Pero solo en España he visto un revuelo y demonización mediática como el percibido esta semana con empresas privadas –y ojo, no privatizadas- como Iberdrola.
Tras sufrir un zarpazo regulatorio de 2.000 millones de euros en dos años, decidir no invertir más no solo es prudente, es imperativo.
Cuando España tiene una capacidad instalada de 104.000 megawatios para una demanda en punta de capacidad de 40.000 megawatios, pensar que deben invertir más no sólo es delirante, sino innecesario. Y no olvidemos que las inversiones reguladas eran obligatorias y dictadas por la planificación del estado, como comentaba en mi artículo “Oligopolios o planificación de burbuja”.
Cuando después de invertir 20.000 millones de euros en España se genera el mismo beneficio en 2013 que en 2002 en el territorio nacional debido a los constantes recortes, no invertir más en España es normal. Para los que dicen que las eléctricas “se forran”: tienen la peor rentabilidad sobre el capital empleado de todo el sector eléctrico europeo. Aun así, el 15% de su plan de inversiones a 2016 se concentra en el territorio nacional en actividades reguladas y distribución.
Cuando sobra capacidad y las inversiones en distribución están limitadas ¡por ley!, invertir más en España es algo que ni el Estado quiere, como han dicho en muchas ocasiones tanto ministros como secretarios de estado. Amenazar con expropiar o cambiar a los gestores de empresas privadas es cuando menos intolerable.
Otras grandes empresas del sector, como Acciona, han tenido que hacer provisiones por pérdidas relacionadas con los cambios regulatorios de 2.200 millones de euros, equivalentes al 65% de su capitalización bursátil y se concentran en reforzar su crecimiento internacional y reestructurar sus actividades. Fuera de España, RWE anunciaba 3.300 millones de provisiones y E.On, tras tres años de ajustes, anunciaba en sus resultados que el 80% de su crecimiento sería fuera de Europa. La propia GDF-Suez, semi-estatal, llevaba a cabo 15.000 millones de euros de provisiones por pérdidas y anunciaba que el 70% de sus inversiones hasta 2016 se centrarían fuera de Europa y un porcentaje mínimo, el 15%, en Francia.
El ataque a las empresas no es una casualidad, ni es nuevo. La tentación de pensar que confiscando e interviniendo nos vamos a forrar todos y no pasa nada viene desde hace siglos. Y siempre falla. Pero se lleva a cabo desde el conocimiento de que es un mensaje que vende muy bien en un país donde no parece interesarnos crear empresas y riqueza, sino sacar el último euro de las que sobrevivan al intervencionismo e ir juntos, como el coro de Nabucco, a la igualdad en la miseria. Y cuando las empresas a las que confiscamos “por el pueblo” caen, le echamos la culpa a los socorridos mercados o a Merkel y a correr.
Esperemos que los españoles despierten, porque convertirnos en “Argentina sin petróleo” puede parecer un objetivo muy goloso para algunos, pero es muy doloroso para todos.
