Parece que termina la recesión española. Ya era hora. Ha durado cinco años y ha sido dura. La economía creció unas décimas este trimestre. Es una señal débil, pero buena. El desempleo sigue siendo altísimo (26,6% de la fuerza laboral potencial), pero la única manera racional de reducir ese flagelo es con crecimiento e inversiones que acaben produciendo beneficios para que se sostenga el ciclo.
El camino adoptado por España, comenzado en los últimos tiempos del socialista Zapatero, cuando congeló las pensiones, y luego seguido por Mariano Rajoy, ha sido el de la austeridad. Eso quiere decir recorte del gasto público y reducción del endeudamiento. No se podía continuar creando infraestructuras a veces innecesarias (aeropuertos sin clientes, trenes veloces nada rentables, carreteras extraordinarias para pocos vehículos).
De estas crisis se sale generando riquezas y éstas sólo se producen en las empresas. La cuenta es relativamente sencilla. España tiene algo más de 47 millones de personas en su territorio. De esa cifra, hay casi 23 millones que podrían trabajar, pero sólo lo hacen 16 millones y medio. Un poco más de 6 millones están desempleados.
Grosso modo, de los 16 millones y medio que trabajan, unos 13 y medio lo hacen en actividades privadas, mientras casi 3 devengan su salario del sector público. El porcentaje de trabajadores del Estado –estratos nacional, regional y local– está muy cerca del promedio de la Unión Europea, pero la relación entre quienes trabajan en empresas privadas y la totalidad de la población es muy baja.
Trece y medio millones de trabajadores deben mantener a 47 millones de españoles y pagar su salario a casi 3 millones de empleados públicos. Entre los españoles que deben ser mantenidos hay 15 millones y medio de lo que llaman personas inactivas: pensionados (más de 7 millones), estudiantes (2,5 millones), incapacitados permanentes (1’5 millones), labores del hogar (4 millones) y otros ciudadanos.
Es una tarea demasiado ardua que sólo se alivia creando las condiciones para que trabaje más gente. ¿Cuántos? Teóricamente, el universo de trabajadores posibles es de 23 millones. Casi diez más de los que lo hacen en el sector privado. Pero de nada sirve que lo hagan en actividades poco productivas, como creen algunos keynesianos de andar por casa. Las actividades que no son lucrativas destruyen capital y arruinan a las sociedades.
No obstante lo dicho, España dista mucho de ser un país pobre. El PIB per cápita es de más de 30.000 dólares y excede un poco la media de la Unión Europea. Algunas comunidades autónomas son francamente ricas y se acercan a los 40.000 dólares: Madrid, Vascongadas, Navarra, Cataluña. Las pobres, ni siquiera lo son tanto. Extremadura, la peor de todas, es más rica en este indicador que Chile, el país más próspero de América Latina. Murcia, otra comunidad pobre, tiene el PIB per cápita de Corea del Sur.
Pero hay otros indicadores que señalan a España entre los primeros 25 países del planeta: escolaridad, longevidad, acceso a agua potable, alimentación, servicios médicos, seguridad, protección policiaca, instituciones de Derecho, libertades, comunicaciones. El país, en medio de la crisis del empleo, es uno de los espacios con mejor calidad de vida del mundo. Sigue siendo un gran vividero.
La asignatura pendiente la conocen todos: hace falta desarrollar un tejido empresarial más extenso, competente y productivo. Mientras eso sucede, si es que alguna vez llega a ocurrir, los españoles vuelven a hacer las maletas y emigran. Por una parte, el país pierde a un buen grupo de trabajadores, pero, por la otra, son personas que adquieren conocimientos, experiencias y ahorros que podrán utilizar en el futuro en su propio país.
En ese sentido, es una bendición que quienes no tienen trabajo puedan encontrarlo en Alemania, Holanda o Suiza. Hay que ver a la Unión Europea como un gran espacio laboral y perder el miedo a los idiomas distintos o a los climas inhóspitos. La globalización también es eso.
