…para los países miembros de la Unión Monetaria e, incluso, para la futura viabilidad de toda la Unión Europea. El edificio de la moneda única, que vio la luz hace apenas una década, se sustenta sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que impone un déficit público máximo del 3% del PIB y una deuda que, en ningún caso, debe superar el 60%.
Pues bien, las políticas de estímulo aplicadas por los gobiernos comunitarios para solventar la crisis económica han hecho saltar por los aires estas líneas rojas a nivel presupuestario. Todos los países de la zona euro, sin excepción, incumplen el Tratado que hace posible la moneda única. De hecho, algunos países, como es el caso de Grecia, Irlanda y España, lideran el desequilibrio fiscal, con déficits superiores al 10% del PIB.
Ahora, sin embargo, tal y como advertimos en estas páginas, se ha demostrado que el Estado, al igual que una empresa o familia, también puede quebrar. El problema no es sólo de Grecia, sino de toda la Unión. Las necesidades de financiación de la zona euro en su conjunto están batiendo todos los récord conocidos hasta la fecha. En concreto, los dieciséis países miembros precisarán créditos por valor de 2,2 billones de euros, tan sólo en 2010, para cubrir sus necesidades de financiación (deuda pública), lo que equivale al 19% del PIB de la eurozona.
Ante esta enorme demanda de créditos, sin contar las necesidades de financiación de otras grandes potencias como Japón, Reino Unido o Estados Unidos, resulta evidente que los mercados (esto es, los inversores) discriminarán entre unos y otros a la hora de conceder los préstamos requeridos. Así, si una empresa atraviesa por graves problemas económicos y, en lugar de ajustar plantilla y reducir costes, apuesta por gastar lo que no tiene, es muy probable que ningún banco o inversor se arriesgue a concederle un crédito. Y, en caso de hacerlo, resulta del todo lógico que a cambio exija un tipo de interés muy superior respecto a otras empresas solventes y saneadas, debido al mayor riesgo de impago.
Esto mismo es lo que sucede con los países. Los mercados no están dispuestos a seguir manteniendo una línea de crédito a tipos bajos de forma ilimitada y a todos por igual. Grecia, con un déficit próximo al 14% del PIB –tras falsear sus cuentas– y una larga historia de evasión fiscal, es el típico deudor de baja calidad crediticia (subprime) y, por lo tanto, está obligado a pagar unos intereses muy superiores al de otros países más solventes y sólidos. De ahí, precisamente, que en las últimas semanas haya tenido que ofrecer a los inversores una rentabilidad superior a la de la deuda alemana para lograr colocar sus bonos en el mercado (es lo que se conoce como spread o diferencial).
Si a un familia muy endeudada y con escasos ingresos le triplican de repente los tipos de interés, su situación financiera se vuelve dramática e insostenible por momentos. Esto mismo es lo que le ha sucedido al Gobierno heleno y, de hecho, es justo lo que está empezando a experimentar en sus propias carnes el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, pese a que se excuse en "conspiraciones universales" de tipo judeo masónico.
El rescate, sin embargo, es una inmoralidad. En esencia, Bruselas pretende que los contribuyentes europeos (sobre todo, alemanes y franceses) se hagan cargo de los disparates cometidos por el Gobierno de Atenas. Todo ello se materializará, sin duda, en más impuestos para todos.
Habrá que ver si lo alemanes, que conocen a la perfección los terribles efectos que conlleva una creciente deuda pública, aceptarán el citado plan en caso de que la canciller Angela Merkel dé finalmente su brazo a torcer. No obstante, la broma le podría salir muy cara electoralmente. Además, tras Grecia, posiblemente, irán otros (España y Portugal son firmes candidatos).
Además, salvar a los gobiernos que han hecho mal los deberes impedirá el necesario ajuste que precisan la mayoría de balances presupuestarios en el seno de la Unión. El rescate tan sólo será un parche a corto plazo para prolongar la agonía en caso de que los países más débiles y con mayores desequilibrios fiscales no pongan en marcha de forma urgente drásticos planes de austeridad en el gasto público. Y cuando me refiero a drásticos, me refiero a recortes presupuestarios mínimos del 30% ó 40% en un período de dos o tres años. Tan sólo así se podrá solventar la crisis de deuda pública que acaba de comenzar.
Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.
