El razonamiento y la veracidad brilla por su ausencia, pero su fin es muy claro. El dogma a seguir se resume en los siguientes principios básicos: el empresario es un explotador capaz de cualquier cosa con tal de aumentar sus beneficios; las multinacionales son grandes corporaciones que expolian los recursos naturales de los países pobres y se aprovechan de la mano de obra del Tercer Mundo; el libre comercio internacional (globalización) es condenable, puesto que provoca la deslocalización de empresas en las economías avanzadas; por el contrario, el Estado es un ente protector que cuida de los desvalidos y conforma una "red de seguridad" esencial para la convivencia pacífica en el seno de la sociedad civil; y los sindicatos, cómo no, son los "defensores" por antonomasia de los trabajadores.
Así pues, un esquema simplista y demagógico, cuyo único objetivo es encumbrar a lo más alto las funciones que desempeña la todopoderosa clase política. No obstante, tal y como recoge la Editorial Anaya, "el poder político es el poder supremo que, en una sociedad, decide, de manera obligatoria para todos, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse". Una frase que, extraída de contexto, firmaría sin duda alguna el propio Stalin, Hitler, Fidel o el bolivariano Chávez.
Y es que el sistema educativo español constituye una auténtica tiranía. El Gobierno impone por la fuerza una serie de itinerarios que, se quiera o no, deben ser aplicados obligatoriamente en los colegios, ya sean públicos, concertados o privados. El contenido básico de las asignaturas es dictado por las correspondientes autoridades públicas, cuyas competencias corresponden mayoritariamente a las comunidades autónomas.
El problema de la educación en España no radica, pues, en el ideario moral que propugna EpC, sino que va mucho más allá. Tan sólo es necesario fijarse en la imposición lingüística que aplican las regiones con lengua cooficial para percatarse de que España cuenta con un modelo que está herido de muerte. Lo mismo se podría decir de la visión nacionalista que impera en las asignaturas de Historia o Geografía, o del bajísimo nivel que existe en Matemáticas o Lengua.
El cáncer de la intervención pública corroe las entrañas de la educación española. La solución, por tanto, no estriba en suturar la herida, ya sea eliminando EpC, cambiando una vez más el plan de estudios general o devolviendo al Gobierno central las competencias perdidas en esta materia. No, rotundamente no. La metástasis únicamente se podrá frenar si se combate el nefasto gen que causa la enfermedad. Esto es, el poder público.
Por desgracia, las décadas de intervencionismo en esta materia han logrado implantar en la opinión pública que la sanidad y la educación son intocables. Ambos sectores han sido fagocitados por el Estado. Sin embargo, esto no ha sido así siempre y, de hecho, puede cambiar, tal y como ha sucedido en Suecia y otros países nórdicos, otrora paraíso para los defensores del mal llamado Estado de Bienestar.
La única salida posible es la completa y profunda liberalización de la educación en España. Es decir, que cada centro (privado) pueda establecer libremente tanto el programa educativo a seguir como los distintos idiomas en los que impartir las materias. La competencia en este ámbito se encargará de avanzar de forma constante e ininterrumpida hacia la excelencia y la alta cualificación de su alumnado ya que, en caso contrario, el mercado hará criba con aquellos colegios que no satisfagan la demanda existente (las exigencias de padres y alumnos).
Los de siempre dirán que, en ese caso, muchos jóvenes no podrán acceder a la educación por falta de recursos. Error. En primer lugar, la educación pública tiene un coste (elevadísimo, por cierto) que es sufragado con el dinero de los contribuyentes. En segundo lugar, se trata de un mal menor, ya que la extensión de becas y la implantación de cheques escolares (como en Suecia) solucionaría por completo el problema. Así pues, frente a la tiranía educativa de hoy, apostemos por la liberalización del mañana.
