Desafortunadamente, la Fundació Catalunya Oberta (FCO) pone su nacionalismo por encima de la libre empresa y a los "derechos lingüísticos" por encima de los derechos individuales. Se comporta como un payés "defensor del libre mercado" que luego corta la autopista porque no queremos subvencionar sus tomates. Los tomates de la FCO son la lengua catalana.
El anteproyecto de la Ley del Cine de Cataluña está en fase de discusión parlamentaria y podría aprobarse en dos o tres meses. La ley obligaría a doblar o subtitular al catalán la mitad de las copias de un largometraje (para aquellos con más de 15 copias), y prevé multas que van desde los 75.000 euros a los 4.000 (o amonestación). Quedan exentas las películas en versión original castellana. El anteproyecto incluye la creación de una red de pantallas concertadas (subvencionadas por la Generalitat) para la exhibición de cine catalán y europeo, y contempla un impuesto del 5% sobre la recaudación en taquilla que las salas de cine deberán dedicar a la mejora de sus instalaciones. Por último, también prevé subsidios a producciones independientes catalanas.
Frente a esta ley intervencionista a varios niveles, el editorial del portal de opinión de la FCO, Catalunya Oberta, sólo sabe congratularse de que este "proyecto ambicioso" ponga fin a "la anomalía lingüística" del panorama cinematográfico catalán. Como la "política de diplomacia y buen rollo" con las distribuidoras no ha funcionado, "hace falta un nuevo impulso". Es decir, si no se pliegan a nuestra voluntad por las buenas, lo harán por las malas. El mismo recurso que emplea la mafia. No en vano luego se pregunta si el consejero de Cultura será capaz de "doblegar a las majors".
La FCO es una organización favorable al libre mercado y por tanto le presumo un mínimo de conocimientos sobre la naturaleza del mismo. No obstante, califica de "anomalía" que haya tan poco cine en catalán y se lamenta de que el catalán "no avance", sin reparar en que los culpables de que eso ocurra son los espectadores, la demanda. Quizás la FCO replicara lo mismo que el anti-capitalista de Galbraith: la oferta no responde a la demanda sino que crea la demanda. Lo cual es tan absurdo como decir que lo único que tiene que hacer una empresa es vender algo, que los consumidores lo comprarán automáticamente.
El problema con esta concepción de la empresa como "dictadora de preferencias" es que si no hay barreras de entrada al mercado cualquier otra empresa puede competir con ella, captando más demanda ajustándose un poco más a las preferencias genuinas de la gente. Si "en el fondo" los espectadores quieren ver cine en catalán pero la industria se empeña en suministrar sólo cine en castellano, ¿por qué tan pocas distribuidoras o exhibidores estrenan películas en versión catalana? ¿Por qué iban a desaprovechar la oportunidad de hacerse con una mayor cuota de mercado y aumentar sus ganancias? Los datos corroboran que el cine en catalán tiene simplemente menos demanda: cuando en un complejo multi-salas se proyectan las versiones castellana y catalana de una misma película, el 78,2% de los espectadores opta por la primera, frente al 21,8% que escoge la segunda (La Vanguardia, 6/3/09, págs. 28-29). La Generalitat, lejos de admitir esta realidad, manipula y compara cifras que no son comparables. El gremio de los exhibidores puso como ejemplo en un comunicado el estreno de Vicky Cristina Barcelona en los cines de Cataluña: cinco copias se exhibieron en castellano, 47 copias en catalán, y 22 en versión original. La media de recaudación por copia de la versión castellana fue más de cinco veces superior a la de la versión catalana. La versión original obtuvo de media casi el doble que la versión catalana.
Los datos anteiores no deberían sorprender a nadie, ya que en prensa escrita y en televisión la proporción es similar y no puede alegarse que el consumidor carece de opciones, pues la oferta es muy amplia. El 27,5% en prensa diaria y el 20,5% en televisión es consumo en catalán, el resto en castellano (datos del Barómetro de la Comunicación y la Cultura). ¿Debería la Generalitat introducir una Ley del Periódico? ¿O una Ley de la Televisión? Por desgracia la pregunta es menos retórica de lo que parece. (Para una discusión más extensa de estos argumentos remito al lector a un artículo anterior: No al doblaje impuesto en catalán)
Cabe la posibilidad de que la FCO admita que la mayoría de espectadores quiere ver cine en castellano, pero le parezca mal ese ejercicio de su libertad y quiera "corregir" sus elecciones. La FCO quizás considera que el buen catalán debe estar más comprometido con la lengua catalana, y si no lo está debe ser "enseñado". Ya he criticado la noción de que el Estado tiene que proteger la lengua en otros artículos (véase Preservar por la fuerza y ¿Qué opina Rosa Díez de la obligación de conocer el castellano?).
Si la mayoría de espectadores en efecto prefiere el doblaje en castellano, poner restricciones al mercado tiene costes que sus valedores deberían reconocer. Por ejemplo, las copias catalanas no van a sumarse a las copias castellanas, van a sustituirlas. Así, a menos que se trate de una superproducción estrenada en varias pantallas de un complejo multisalas, muchos cines de barrio se verán obligados por la nueva ley a proyectar películas solo en catalán. Para los espectadores que frecuentan ese cine, y que en su mayoría prefieren el castellano, la ley les estará forzando a ir a un cine más alejado si quieren satisfacer sus preferencias. ¿Considera la FCO que la Generalitat tiene derecho a perjudicar al espectador de esta manera, por el bien de "la lengua catalana"?
