El Estado es un monopolio jurisdiccional: todas las personas que caen dentro de las fronteras de su territorio deben someterse obligatoriamente a su imperium. No se permite una desvinculación voluntaria del Estado y la contratación de otra agencia de protección y justicia; la única relación que conciben los políticos y burócratas es el acatamiento de la plebe.
A diferencia de las empresas, por tanto, el Estado puede seguir engordando aun cuando su comportamiento sea totalmente ineficiente y represor. Mientras que el empresario tiene que pugnar día a día por los beneficios que le permitan permanecer en el mercado (gracias al favor del consumidor), el político sólo tiene que incrementar los impuestos para continuar expandiendo su poder y su influencia.
Sin embargo, los individuos sí tienen una gravosa salida para escapar de la legislación liberticida estatal: emigrar. Dado que el monopolio territorial es inamovible, el exilio se convierte en el último resorte con que cuentan los ciudadanos, para refugiarse en otros estados menos ineficientes y represivos.
Así, gran parte de los habitantes de los países comunistas trataron de escapar de sus estados-prisión, a pesar de los controles fronterizos y de las enormes penas que se impusieron al respecto. La emigración es la consecuencia lógica de una coacción estatal tan lacerante que ni siquiera el desarraigo contiene.
Ahora bien, no todos los tipos de emigración resultan igual de complicados y costosos. Generalmente asociamos los movimientos migratorios con los movimientos de personas físicas, pero no deberíamos olvidar que también es posible la migración de personas jurídicas, esto es, de capitales (lo cual viene a coincidir en el léxico socialista con la temida "deslocalización").
Los traslados de empresas son mucho menos problemáticos que los de personas. Un empresario español puede vender su compañía a cambio de euros, cambiar esos euros por yuanes y abrir otra nueva empresa en China. Todo ello sin necesidad de cambiar de país, comunidad o vecindario.
Ya vimos cómo, si la Unión Europea no modifica su querencia intervencionista, los países miembros colapsarán sobre su propia miseria socialista. Si la legislación fiscal, laboral y medioambiental de Europa es mucho más estricta que la de otros países, las empresas carecerán de cualquier motivo para permanecer aquí. Más que en EEUU, deberemos empezar a fijarnos en África.
Obviamente, la Unión Europea es consciente de este problema, pero en lugar de solucionarlo a través del libre mercado prefiere recurrir a mayores cotas de coacción. El razonamiento de nuestros políticos es el siguiente: "Si el problema está en que otros países son menos represores que nosotros, hagamos que esos países sean tan represores como nosotros". En otras palabras, lo que pretende la clase política europea es conseguir que la legislación de los países extracomunitarios sea igual de represiva que la nuestra para que las empresas tengan que quedarse en Europa, por imposibilidad de huir a otra parte.
Esta estrategia uniformizadora es la que subyace en la mayor parte de los tratados internacionales, en la persecución de los "paraísos" fiscales y en la armonización jurídica que se está implantando intra muros. En concreto, la UE está batallando desde hace años por lograr la armonización de las bases del impuesto de sociedades, para así evitar cualquier vestigio de competencia fiscal en su seno. Si un país reduce su impuesto de sociedades tenderá a atraer a las empresas de los países vecinos y a concentrar la mayor parte de la inversión extranjera, como ilustra el caso de Irlanda.
Ya hace casi diez años que la UE aprobó un Código de Conducta para tratar de evitar la "dañina" competencia fiscal entre los países miembros; en él podían leerse párrafos tan reconfortantes y liberales como el siguiente:
"Las medidas fiscales que den lugar a un nivel impositivo sustancialmente menor –incluyendo los tipos impositivos cero– a los que generalmente se aplican en ese país serán consideradas como potencialmente dañinos".
El interés de la Unión Europea, claro está, es evitar que los estados alivien el expolio de que son víctimas sus ciudadanos.
De ahí que en 2004 finalmente se creara un grupo de trabajo dedicado a redactar un documento que permita a la Comisión Europea armonizar las bases del impuesto de sociedades en 2008. Afortundamente, el Lithuanian Free Market Institute, con el respaldo del Instituto Juan de Mariana y la Asociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes, suscribió la semana pasada un manifiesto contra la armonización del impuesto de sociedades.
Las consecuencias de esta medida serían desastrosas para la libertad en la UE:
– En primer lugar, supondría un incremento de la exacción fiscal en toda empresa cuyo tipo efectivo de gravamen fuera inferior al resultante de eliminar los beneficios fiscales y las deducciones. Un impuesto armonizado significa un incremento del robo estatal, al desterrar toda posible competencia fiscal entre países.
– Segundo: la armonización de las bases abre la puerta a una completa armonización del impuesto en el futuro. Dado que la definición de base imponible deja de ser competencia de los países miembros, la competencia fiscal se trasladará a los tipos impositivos, donde será más evidente y "dañina", en los términos de la Comisión. Por ello, necesariamente nos encontramos ante un primer paso para la total armonización del impuesto por parte de la burocracia bruselense.
– Tercero: buena parte de las empresas perjudicadas por el incremento de los tipos efectivos de gravamen buscará cobijo en otros países extracomunitarios, lo cual acelerará el proceso deslocalizador que padece Europa.
– Cuarto: las empresas que decidan soportar estoicamente el incremento de impuestos verán reducida su eficiencia y, por tanto, su riqueza. Unas empresas más empobrecidas necesariamente dan lugar a una sociedad con menos recursos: menores salarios, mayores precios, menores rentas.
– Y quinto: la armonización de los impuestos supone, a su vez, una fase adicional en la construcción de un Gobierno centralizado europeo. Pensemos que, si se armonizan los ingresos de los países miembros, necesariamente tendrá que armonizarse el gasto; es decir, necesariamente habrá que instaurar un único Gobierno en toda la UE que unifique y distribuya las partidas de gasto.
En definitiva, la armonización del impuesto de sociedades es un instrumento en manos del Leviatán europeo destinado a impedir que los individuos se refugien en aquellos países con menores impuestos de sociedades. Nuestra libertad no se ve expandida, sino constreñida, con unidades políticas mayores que doten a políticos y burócratas con armas más numerosas y poderosas contra los individuos. Los impuestos son un sangrante robo, también cuando se armonizan.
