En Venezuela la línea entre la delincuencia común y la política es muy fina, muchas veces imperceptible.
Hace dos días Laura León, una joven de 21 años activista de Voluntad Popular, el partido del líder opositor encarcelado Leopoldo López, fue asesinada de cinco disparos cuando se resistía al robo de su automóvil. En cualquier otro país el asesinato de Laura León habría copado los titulares de los periódicos. Pero no en Venezuela. Allí morir a manos de un delincuente es algo tan cotidiano que los diarios apenas se ocupan de unos pocos sucesos, generalmente los más llamativos y escabrosos. El chavismo ha mutado en un régimen de escasez general, desorden callejero y criminalidad desatada en el que los asaltos están a la orden del día y mueren cada año asesinadas cerca de 30.000 personas. Para la gente común eso se traduce en un miedo cerval y permanente a casi todo, especialmente a salir a la calle.
A Laura no la asesinaron por militar en la oposición, sino porque querían robarle el coche. Al que si quitaron de en medio por razones políticas fue a Luis Manuel Díaz, diputado del mismo partido que Laura, en el curso de un mitin durante la campaña electoral. El asesinato, que sigue impune, puso el dedo sobre un problema que en la Venezuela bolivariana ha adquirido carácter crónico: emplear la violencia como único lubricante social posible para despachar cualquier tipo de asunto. En la campaña de las pasadas legislativas los incidentes se reprodujeron como los hongos. Los militantes opositores fueron atacados media docena de veces con armas de fuego. Y en estos casos no eran simples bandidos tratando de robar, aunque bien podría haber sido ese el móvil porque en Venezuela la línea entre la delincuencia común y la política es muy fina, muchas veces imperceptible.
El Gobierno, primero con Chávez y ahora con Maduro, no solo se ha limitado a mirar a otro lado, ha promocionado este tipo de violencia practicada por el lumpen. Fue Chávez el que, en uno de esos alardes de sinceridad tan habituales en él, rebautizó a los malandros (delincuentes) como “bienandros”, al tiempo que les pedía que se uniesen a él para alumbrar la nueva Venezuela socialista. Chávez sabía bien lo que decía. Emplear la inseguridad en la calle como arma de control social no es nuevo, los políticos brasileños llevan décadas haciéndolo, lo que Chávez consiguió fue llevar este infame instrumento a su máxima expresión. En las ciudades venezolanas, tapizadas todas por kilométricas extensiones de sórdidos ranchos, el chavismo se ha contagiado a la misma velocidad que la miseria. A ese ejército proletario con el que soñaba el caudillo bolivariano no se le pueden aplicar las leyes so pena de perder su favor. Los colectivos, por ejemplo, bandas armadas que controlan a su antojo barriadas enteras de la capital, imponen las suyas a toda la población circundante. La policía, infestada de corrupción y en muchos casos totalmente inservible, poco puede hacer frente a estas hordas criminales, que cuentan con todo a su favor, incluyendo las palmadas cómplices del oficialismo.
En un ambiente tan impregnado de violencia y odio ideológico la democracia, al menos tal y como nosotros la entendemos, es imposible. A pesar de ello, o quizá precisamente por ello, la oposición ha conseguido doblar la mano del Gobierno y el mes próximo contará con una mayoría holgada en la Asamblea Nacional. No es demasiado lo que se puede hacer desde la Asamblea aunque es posible que ni eso consiga la oposición. Tal vez Maduro reconociese a regañadientes la victoria de la MUD, pero no por convencimiento íntimo, sino como estrategia premeditada para ganar tiempo y revertir el resultado de las urnas mediante las arteras maniobras que su Gobierno lleva a cabo desde hace tres semanas.
Primero se sacó de la manga el parlamento comunal, una inoperante reliquia de la fase florida del chavismo, para contrarrestar con él la acción legislativa de la cámara. No es la primera vez que el régimen reacciona de este modo. Tan pronto como tienen que ceder una parcela de poder, por pequeña que ésta sea, articulan organizaciones paralelas que limitan o directamente impiden que el gobernador o el alcalde opositor que ha ganado las elecciones pueda cumplir su mandato. Cuando en 2008 el municipio de Caracas cayó en manos de la oposición, en concreto del ahora preso Antonio Ledezma, Chávez llegó al singular extremo de crear un ministerio (el así llamado “Ministerio de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas”) concebido para vaciar a la alcaldía capitalina de sus funciones. Hace solo dos años Henrique Capriles fue elegido gobernador del Estado Miranda. Maduro se aprestó a establecer, llenar de competencias y financiar copiosamente a un extraño ente llamado CorpoMiranda cuyo fin único es servir de gobierno estatal paralelo. El parlamento comunal va en la misma línea. Una argucia antidemocrática y no digo ya ilegal porque, a fin de cuentas, la legalidad en Venezuela la representan los mismos que se encargan de conculcarla sistemáticamente.
Del abstruso parlamento comunal, una institución que bebe de la friolera de 45.000 consejos comunitarios manejados todos por el partido de Chávez, pasaron a reordenar el mapa judicial a la medida de las necesidades actuales de la presidencia. La misma juez que encarceló a Leopoldo López por un delito que no había cometido en un proceso plagado de irregularidades ha sido premiada con uno de los cargos más preciados de la república, el de Defensora Pública. Poco después, en una sesión celebrada en plena Navidad solo dos días antes de Nochebuena, la Asamblea saliente bajo estricto control madurista renovó a varios magistrados del Tribunal Supremo cuyo mandato aún no ha vencido –lo hará en 2016– para asegurarse el control de este órgano durante los próximos doce años.
La traca de fin de fiesta se la tenía reservada Maduro para la última semana del año, a apenas una semana de que la cámara se constituya con los diputados elegidos el 6 de diciembre. Con el reparto actual de escaños la oposición controla los 2/3 de la Asamblea. Eso le otorga poderes especiales que, de emplearlos, podrían envenenar lo que le queda de mandato al presidente. El recientemente renovado Tribunal Supremo ha salido al rescate admitiendo la impugnación de 22 diputados opositores realizada por el chavismo. De salirse con la suya, la MUD pasaría de tener 112 escaños a solo 90, perderían la mayoría calificada y con ella casi la única baza que les queda a los venezolanos que se resisten a pasar por las horcas caudinas del chavismo. Venezuela sangra, lo hace por los cuatro costados y lo peor, lo más doloroso de todo, es que a estas alturas se diría que el mundo la ha desahuciado.
