Todas las CCAA producen más bienes y servicios para vendérselos al resto de españoles que para enajenarlos entre la población de esa autonomía.
Uno de los efectos más palpables del proceso independentista ha sido encrespar los ánimos de muchísimos ciudadanos que sienten España como algo consustancial a sus identidades y que, en consecuencia, perciben cualquier intento de romper su país como un ataque directo a su vida y a su propiedad. Y, asimismo, una de las manifestaciones más mediatizadas de esa crispación social ha sido la campaña en favor del boicot contra los productos catalanes.
En general, es cierto que los boicots son instrumentos de presión social perfectamente legítimos y muy preferibles a las regulaciones e intervenciones coactivas de los estados. A la postre, no olvidemos que los consumidores somos soberanos en el mercado y que, por consiguiente, somos nosotros quienes decidimos qué comprar y qué no comprar. Y en esa decisión tan personal no tenemos por qué tomar únicamente en consideración el precio y la calidad de los productos: otras circunstancias, como la nacionalidad o el compromiso social de la empresa, pueden terminar influyéndonos.
Ahora bien, que los boicots sean moralmente justificables no significa que siempre sean correctos o acertados. Y el caso específico del boicot a los productos catalanes resulta especialmente equivocado. De entrada, por lo más clamorosamente obvio: desde la perspectiva prounidad de España, el boicot no debería dirigirse contra la totalidad de los productos catalanes, sino —como mucho— contra aquellos fabricados por empresas que apoyan la independencia. Proponer un boicot contra todo lo que proceda de Cataluña sería tanto como darles la razón a los independentistas catalanes: “Los españoles odian lo catalán porque lo ven como algo ajeno e impropio que debe ser aplastado”. Si el boicot busca penalizar el origen territorial o cultural, y no la posición política, ¿cómo no esperar que los catalanes quieran separarse de aquellos que solo ambicionan su mal?
El efecto bumerán del boicot a Cataluña
Pero imaginemos que, en efecto, el boicot quedara restringido a los productos manufacturados por compañías catalanas abiertamente prosecesionistas. ¿Sería entonces acertado que los españoles contrarios a la independencia dejaran de comprar sus mercancías? Muy poco. Al cabo, cuando las ventas de una compañía se reducen, no solo salen perdiendo los propietarios de esa empresa, sino también todos los otros agentes económicos que se relacionan con ella: en especial, trabajadores y proveedores.
Por un lado, los trabajadores de aquellas empresas independentistas boicoteadas podrían perder su empleo como consecuencia de la caída en las ventas. Y dado que, si nos creemos el relato de que el secesionismo es minoritario —o, al menos, no mayoritario— en Cataluña, muchos de los empleados de las compañías boicoteadas necesariamente serían catalanes antiindependentistas, ¿acaso el propósito del boicot es el de volverles la vida mucho más difícil a esos catalanes antiindependencia? ¿O es que, por el contrario, los consideramos como daños colaterales aceptables en la guerra contra el nacionalismo catalán? Si Cataluña es España y si los catalanes que sufren el rodillo nacionalista merecen la solidaridad y el amparo del resto de españoles (tal como repiten muchos de quienes promueven el boicot), no llego a entender cómo puede patrocinarse una práctica que les hará la vida apreciablemente más complicada a muchos de esos catalanes no nacionalistas.
Por otro lado, los proveedores de las empresas independentistas boicoteadas atravesarían por una situación similar: las menores ventas de sus clientes se traducirían en menores pedidos hacia esos proveedores y, por tanto, en menores beneficios y en mayores despidos. ¿Por qué las empresas catalanas no nacionalistas deberían pagar los platos rotos de las empresas independentistas? Pero es que, además, en este caso concreto existe un agravante para aquellos españoles que desean castigar el irredentismo catalanista mediante un boicot: muchos de los proveedores perjudicados por el descalabro de las empresas nacionalistas serían compañías sitas en el resto de España. A la postre, la estructura productiva de nuestro país se halla muy integrada interregionalmente: es decir, los productos catalanes no se fabrican solo a partir de otros bienes intermedios elaborados exclusivamente en Cataluña, sino de factores productivos confeccionados en muchas otras partes de España (y de Europa).
Un dato bastará para poner de manifiesto la importancia del comercio interregional en España: todas las autonomías (salvo las insulares) producen más bienes y servicios para vendérselos al resto de españoles que para enajenarlos entre la población de esa autonomía. Cataluña, por ejemplo, importa con especial intensidad de Aragón y de la Comunidad Valenciana: y parte de esas importaciones tiene como destino su reexportación al resto de España. Si dejamos de comprar a empresas catalanas, estas reducirán sus pedidos a empresas aragonesas y valencianas (y estas a las de otras regiones), lo que se traducirá en parálisis de inversiones y en despidos fuera de Cataluña. Nuevamente, pues, deberemos preguntarnos si el propósito de un boicot antiindependentista es el de dañar a aragoneses y valencianos o si, en todo caso, estos constituyen daños colaterales que estamos dispuestos a asumir por el mero placer de meterles el dedo en el ojo a las empresas catalanas proindependencia.
En definitiva, el boicot, por muy legítimo que quepa considerarlo en abstracto, debería ser reputado como un error estratégico incluso por aquellos que desean perjudicar económicamente a los independentistas catalanes: los damnificados del boicot no serían en su mayoría los propios independentistas sino muchos otros españoles. Y si quienes promueven el boicot aman tanto ‘la patria’ como aseguran, ¿cómo pueden despreocuparse por entero del sufrimiento que sus acciones generarían sobre sus compatriotas? ¿Es que acaso aman apasionadamente España pero se desentienden de los españoles? De ser así, estaríamos ante un error moral elemental: las sociedades son importantes porque las personas que las componen lo son, no al revés. Solo la ceguera y el fanatismo nacionalistas podrían llevarnos a anteponer España a los españoles.
