No existe mejor manera de asegurar los servicios públicos que una fiscalidad orientada al crecimiento y a aumentar las bases imponibles.
“The real effect of tax rate reductions is to make future prospects of profits more favorable, leading to more current investments that generate more current economic activity and more jobs”. Thomas Sowell.
La propuesta del gobierno de la Comunidad de Madrid de bajar impuestos no solo es una excelente noticia para los ciudadanos de la región, sino que responde a una lógica aplastante. Incentivar el ahorro, fomentar la renta disponible y la creación de empleo. Lo que deberían hacer el resto de comunidades autónomas.
El plan se puede resumir en tres partes:
.- Aumentar la renta disponible por trabajo. Reducir el tramo autonómico del impuesto sobre la renta (IRPF) beneficiando a tres millones de contribuyentes, en especial a los más desfavorecidos.
.- Reducir los gastos de familias, fomentar el ahorro y mejorar conciliación. Deducciones a familias por nacimiento, adopción, discapacidad o alquiler. El Impuesto de Sucesiones y Patrimonio es un impuesto inmoral, confiscatorio y contraproducente y bonificarlo para hermanos, tíos y sobrinos es una demanda social y de justicia.
.- Iniciativa empresarial y economía social. La importancia de las deducciones para la creación de empresas y donaciones a fundaciones es crucial para seguir atrayendo empresas e inversión y fortalecer la Comunidad como centro global de nuevas empresas.
El coste de estas medidas es ínfimo comparado con la evidencia de mejora de ingresos fiscales y aumento de bases imponibles por mayor inversión, consumo y empleo. Ya lo hemos visto en el pasado. Los ingresos crecen más que el PIB.
Los que critican la bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid no piensan en los servicios públicos ni en sus ciudadanos, porque los garantiza, sino en mantener sus administraciones paralelas.
La Comunidad Autónoma de Madrid recauda por IRPF, IVA e Impuestos Especiales (datos de la Agencia Tributaria), más de 75.000 millones de euros, pero se transfieren a la región unos 16.160 millones de euros (datos 2015, último liquidado). El resto va a cesión y reparto al Sistema de Financiación Autonómica.
La Comunidad de Madrid no es un paraíso fiscal, es que otras son un infierno fiscal y quieren seguir siéndolo. No por prosperidad, sino por intervencionismo. Ni recaudan ni crecen ni crean empleo como deberían y podrían. La Comunidad de Madrid es, de hecho, la mayor fuente de solidaridad fiscal con el resto. Un aumento del 19,5% en la solidaridad con otras regiones en 2018, más de 4.350 millones de euros.
Con unos gastos de 19.000 millones de euros para 2018 y unos ingresos estimados de 22.000 millones, no solo se financia el 100% del gasto no financiero con cargo a los recursos generados en la comunidad de Madrid, comparado con otras regiones que no llegan al 60%, sino que se fortalece la actividad económica, se reduce el paro y se atrae mayor inversión. Es decir, se garantizan mayores y mejores ingresos fiscales y servicios públicos hoy y en el futuro.
Lo que no pueden pretender otros es “armonizar” al alza, para que todos adopten sus infiernos fiscales. Solo lleva a más paro y menores ingresos.
Si el resto de Comunidades Autónomas aplicasen planes similares no se desplomarían los ingresos. Lo hemos visto en países desde Irlanda a Holanda y en comunidades autónomas desde hace años. De hecho, los ingresos fiscales son menos cíclicos y más sostenibles porque no se dinamitan las bases imponibles, que garantizan los recursos futuros.
Es una falacia decir que se desplomarían los servicios públicos. No solo no ocurre, porque mejoran los ingresos y bases imponibles por mayor actividad e inversión. Es que la “solidaridad” que exigen es para financiar entidades innecesarias. Por ejemplo, solo la administración paralela de Andalucía cuesta casi 7.000 millones de euros al año, y en Cataluña casi 22.000 millones. Con más 1.100 entidades públicas deficitarias todavía en marcha, hablar de “poner en peligro los servicios públicos” es una broma. Con el aumento de empleo, inversión y crecimiento se mejoran los ingresos, no subvencionando a sectores improductivos.
Cabe resaltar un aspecto esencial de la política fiscal. El uso de deducciones en vez de subvenciones. Es una diferencia esencial. Las deducciones responden a una demanda real y no crean efecto llamada falso en sectores buscadores de rentas. Las subvenciones dan poder a los políticos que “las reparten” y las deducciones a los ciudadanos.
El error monumental que se comete constantemente es pensar que el único objetivo de la fiscalidad es recaudar, y se equipara de manera falsa e ideológica bajar impuestos con bajar recaudación.
Nuestros populistas siguen creyendo que los ciudadanos somos cajeros de su insaciable sed de gasto. Pero deberían recordar:
No hay mejor manera de hundir la recaudación que a través de una fiscalidad confiscatoria.
No hay estado de bienestar sin crecimiento económico, crecimiento del empleo e inversión privada.
No hay sector público sin ingresos de un sector privado fuerte y creciente.
Los ingresos fiscales desaparecen cuando se ataca el crecimiento, el consumo y la inversión.
Todo esto lo saben los populistas, pero la razón por la que se empecinan en una fiscalidad confiscatoria no es por defender unos servicios de calidad, sino por expropiar y asfixiar la riqueza y actividad económica para maximizar el control de lo que quede. Los redistribuidores de la nada no tienen problema en destruir el crecimiento económico siempre que controlen lo que sobre.
No existe mejor manera de asegurar los servicios públicos que tener una fiscalidad orientada al crecimiento y orientada a aumentar las bases imponibles. Lo que nunca ha funcionado es una política fiscal que penalice a los sectores productivos y las familias y erosione las bases imponibles a futuro. Crea estancamiento ahora y destrucción de ingresos y crecimiento después.
La bajada de impuestos propuesta no es un chollo ni un regalo. Es lógica económica.
