El Gobierno socialista debe dejar de criminalizar la gestación subrogada.
Carmen Calvo, vicepresidenta única y ministra de Igualdad, pretende visibilizar dentro del nuevo Gobierno socialista las aspiraciones de todos aquellos colectivos que históricamente se han sentido discriminados en distintos ámbitos de nuestra sociedad: mujeres, homosexuales, transgénero, inmigrantes o personas de otras etnias o religiones a las mayoritarias. A la postre, aunque es cierto que la ciudadanía española se ha ido volviendo crecientemente tolerante hacia la diversidad humana, durante siglos ha habido una fuerte discriminación —incluso jurídica— hacia conjuntos de individuos que no encajaban en el estereotipo de normatividad.
En este sentido, uno podría entender que aquellos fuertemente preocupados por la igualdad y la integración social apuesten por crear un Ministerio de Igualdad (otra cosa es compartir esa motivación o legitimar muchas de las iniciativas que se deriven de esa institución). Tal ministerio tendría, al parecer, dos funciones fundamentales: una instrumental (cambiar la legislación discriminatoria) y otra simbólica (dignificar públicamente a los colectivos socialmente discriminados). Lo que cuesta mucho más de entender es que ese Ministerio de Igualdad se dedique, por un lado, a perpetuar instrumentalmente la desigualdad jurídica de las personas y, por otro, a vejar simbólicamente a los colectivos discriminados.
Eso es, precisamente, lo que acaba de perpetrar Carmen Calvo en una reciente entrevista para ‘El País‘, en la que ha colocado en el disparadero a los niños concebidos mediante gestación subrogada, al señalarlos como subproductos de una explotación del cuerpo de la mujer y, más en particular, de las mujeres pobres. Sí: fruto de la explotación más inhumana, y no del amor, la esperanza, la solidaridad, la empatía y, sobre todo, la generosidad de unas personas (las gestantes) hacia otras (los padres comitentes y el menor). Ese es el disparate: un Ministerio de Igualdad dedicado a estigmatizar a centenares de familias españolas valiéndose, además, de la pésima y ruin generalización de que las gestantes son necesariamente mujeres pobres a las que no les queda otro remedio que ‘alquilar’ sus úteros.
Y es que por supuesto que puede haber mujeres que opten por convertirse en gestantes debido a la desesperación económica, pero es un error suponer que todas las gestantes, o incluso la mayor parte de ellas, lo hacen bajo ese impulso. Por ejemplo, en la muestra de gestantes subrogadas estadounidenses que elaboraron Fuchs y Berenson (2016), el 75% de las mujeres que aceptaron convertirse en gestantes vivía en hogares con unos ingresos superiores a los 50.000 dólares anuales (y el 28,6%, con ingresos superiores a 100.000 dólares anuales). A su vez, Ciccarelli y Beckman (2005) también revelan que el dinero es una motivación absolutamente secundaria para aquellas mujeres que dan el salto a convertirse en gestantes subrogadas, siendo el altruismo, la empatía y la autoestima razones mucho más importantes.
En otras palabras, del mismo modo que sería irresponsable salir a la palestra desde el Ministerio de Igualdad afirmando que los hijos de padres divorciados o de familias monoparentales son el fruto de unos progenitores inmaduros, irresponsables, irreflexivos, impulsivos, egoístas y caprichosos (desatendiendo toda la diversidad de causas que pueden haber conducido a esa situación y estigmatizando con ello a todos esos menores merced a una narrativa reduccionista y segmentadora), también lo es que se tilde a los menores concebidos por gestación subrogada de productos mercantiles de la explotación femenina.
Pero, además, existe otro sentido en el que la ministra de Igualdad está impulsando una profunda discriminación mediante sus palabras y comportamientos: cuando arrebata a las mujeres, a cada mujer en particular, el derecho a hacer lo que quiera con su propio cuerpo. Durante décadas, el movimiento feminista luchó contra ‘el patriarcado’ para reivindicar su derecho a abortar bajo el argumento de que “nosotras parimos, nosotras decidimos”. En realidad, la problemática del aborto siempre ha sido mucho más compleja que ese reduccionista eslogan, pues abortar implica decidir no solo sobre el propio cuerpo de la mujer sino también sobre el del embrión que está gestando (por eso, salvo los abortistas más radicales, casi nadie utiliza el argumento de “nosotras parimos, nosotras decidimos” para justificar el aborto de los fetos de ocho meses).
Ahora bien, si partimos de la base moral —correcta— de que cada mujer —y cada hombre— es, en términos generales, soberana sobre su propio cuerpo, ¿cómo justificar la arbitraria prohibición de la gestación subrogada? Al parecer, la ministra de Igualdad trata de fundamentarla en la peligrosidad de que algunas mujeres puedan verse abocadas a practicarla por necesidad económica. Pero, de ser así, la coherencia debería llevarla a posicionarse también en contra del aborto o de los matrimonios entre personas con distinto estatus socioeconómico. A la postre, ¿acaso no hay algunas mujeres que se ven abocadas a abortar por razones económicas? ¿O es que no hay algunas personas que se ven abocadas a casarse con otras por razones económicas? Si el riesgo de que una decisión pueda estar fuertemente condicionada por la necesidad económica justifica que se prohíba toda acción perteneciente a esa clase, entonces no solo deberíamos prohibir la gestación subrogada, sino también el aborto o los matrimonios interclasistas.
Pero Carmen Calvo solo apuesta por mantener la prohibición —y por denigrar— la gestación subrogada, no el aborto o los matrimonios interclasistas. ¿Por qué? Pues porque solo está actuando como ariete de los prejuicios del ‘lobby’ del feminismo colectivista, esto es, de aquel movimiento feminista en el que unas pocas mujeres, sectarias e ideologizadas, se convierten en soberanas de todas las mujeres. Del patriarcado sobre la mujer a la oligarquía matriarcal sobre la mujer. Es esa segunda discriminación legal y discursiva la que está perpetuando Calvo: defender que se les otorgue a un grupo de mujeres el privilegio de conculcar la libertad de cada mujer en particular, se sienta o no cada una de esas mujeres representada por ese ‘lobby’ ideologizado y sectario que es el feminismo colectivista.
En definitiva, la ministra de Igualdad debería pedir públicamente disculpas por vejar y discriminar tanto a las mujeres voluntariamente gestantes como a los menores nacidos por esta noble técnica de reproducción asistida. Pero, más allá de las exigibles disculpas públicas, lo que el Gobierno socialista debe hacer es aquello que el Partido Popular tampoco hizo: dejar de criminalizar la gestación subrogada. No vayamos a pensar que, en cuestiones de libertad personal, el PSOE es tan —o más— liberticida que el PP.
