Una vez roto el dique a los abusos del poder por la grieta de la Fundación Francisco Franco, caerá sobre nosotros un torrente de censuras, prohibiciones y penas.
No quieren que nos olvidemos de George Orwell. La ministra española de Justicia, Dolores Delgado, ha hecho varios anuncios que están encaminados a sacar, también literalmente, a Francisco Franco de su tumba.
Era previsible. Previsto, incluso: el mismo viernes en que Pedro Sánchez adquiría para el futuro todos los privilegios de ex presidente del Gobierno (a los que renunció Mariano Rajoy), escribí: “Los restos de Franco dejarán de descansar en el Valle de los Caídos, y se esparcirán sus cenizas sobre media España para provocar un enfrentamiento civil”. El pronóstico tiene el mismo mérito que adelantar que saldrá el sol por el este.
Pero no se han quedado ahí. Volvamos a Dolores Delgado: La ministra ha anunciado que revisarán la Ley de Memoria Histórica aprobada hace once años por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El proyecto de ley elaborado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que será el punto de partida de la nueva ley, prevé la censura de los libros y publicaciones que supongan una justificación del régimen de Franco.
Por extensión, se condenará el propio alzamiento militar, y cabe pensar que cualquier juicio que suponga una crítica a la Segunda República, y que por tanto pueda considerarse una exposición de motivos para el golpe de Estado. Lo mismo ocurrirá con la exposición de los crímenes del bando republicano. O con las críticas a la oposición a Franco.
En realidad, una vez le damos a Emmanuel Goldstein (personaje de 1984 de Orwell, principal enemigo del régimen totalitario gobernante) el nombre de Francisco Franco, resulta muy difícil saber qué se puede decir y qué no. ¿Se podrá señalar el valor de las contribuciones a la cultura durante las tres décadas y media de dictadura franquista? , ¿será delito recabar los datos económicos posteriores al Plan de Estabilización y la apertura económica del régimen? , ¿quedará fuera de la ley recoger el modo en que le dio la vuelta a su posición internacional desde el aislamiento casi total tras la II Guerra Mundial?
Todo esto ha de quedar muy claro. Los historiadores y los que nos dedicamos a escribir sobre lo que acaece tenemos que contar con una guía que nos diga qué podemos escribir y qué no. Por nuestra propia seguridad, es decir, porque a nadie le entusiasma salir de un juzgado con una condena de hasta cuatro años de prisión, y quince de inhabilitación, tal como está previsto en la proposición de ley, por haber escrito lo que no está permitido. Este es el modo en que el PSOE lucha contra una dictadura fenecida hace cuatro décadas: implantando la suya propia.
Para que los criterios queden meridianamente claros y los serviles, entre los que no me cuento, puedan atenerse a ellos con fidelidad, es necesaria una Comisión de la Verdad. Y esta es una de las propuestas realizadas por la delegada de Baltasar Garzón en el Gobierno. La comisión es cosa de este ex-juez prevaricador. Él, campeón de saltos del orden jurídico, él que quiso saltarse la ley de Amnistía y organizó un teatro judicial que sólo pudo concluir al “averiguar” que Franco estaba muerto, es quien ha inspirado esta comisión.
No deja de ser muy revelador que el PSOE quiera luchar contra la dictadura de Francisco Franco, en 2018, con una ley que, mutatis mutandi, estaría bien vista por el propio dictador. Y que sea mirándole a la cara al régimen de 1936, pero 82 años después, cuando tímida pero firmemente el PSOE comience a mostrar su inclinación, feroz, reprimida, quizá libre de nuevo, por la dictadura.
Como lo es que esta sociedad adocenada no se escandalice ante la mera posibilidad no ya de que se impongan duras penas de cárcel por expresar ideas, sino simplemente porque se pueda prescribir una verdad oficial a la que todos debemos asimilarnos. ¿Qué verdad es esa, además? Una verdad que teme a la verdad, una historia que teme la Historia, un dictado que se dice antidictatorial, un progreso hacia la censura más descarnada.
El Gobierno, ya lo ha anunciado el guiñol de Baltasar Garzón, intentará ilegalizar laFundación Francisco Franco. Es de esas medidas injustas pero fáciles. Cuentan con que nadie, en el fondo, va a salir en defensa de una institución que lleva el nombre de un dictador. Pero por un lado, tienen todo el derecho a defender el legado de Francisco Franco, de su régimen y de lo que les dé la gana, porque para eso tienen un derecho, en el que probablemente crean tanto como los socialistas, que es el de la libre expresión.
Aquí tenemos de líder político a un adorador de Lenin, y todos entendemos que tiene todo el derecho a ser todo lo miserable políticamente que desee. Sólo que, en el caso de Pablo Iglesias, tiene no sólo la pretensión sino la oportunidad de ser él el verdadero Lenin español, y someternos a todos a su dictadura de progreso. ¿Puede Iglesias, no sólo admirar a un dictador sino adoptarlo como modelo para nosotros, y no van a poder hacerlo los nostálgicos de Franco?
Y ni siquiera es esa la cuestión. Una vez roto el dique a los abusos del poder por la grieta de la Fundación Francisco Franco, caerá sobre nosotros, sobre todos nosotros, un torrente de censuras, prohibiciones y penas. Y esto también es como decir que el sol saldrá mañana por el este.
