España, como cualquier país, necesita un Gobierno con una línea de actuación coherente.
Nada se puede dar por seguro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Desde que llegó al poder mediante una sorpresiva moción de censura, su política en numerosas ocasiones se caracteriza por la falta de coherencia. Cada vez son más los anuncios, los gestos y las actuaciones que a los pocos días son sustituidos por otros en sentido contrario. En numerosas ocasiones, además, estas improvisaciones se producen en asuntos de los que Sánchez había hecho bandera.
1.- El Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos es un buen ejemplo, más allá del destino de los restos mortales de Francisco Franco. El pasado diciembre, todavía en la oposición, el PSOE propuso una reforma de la Ley de Memoria Histórica para transformarlo en un “lugar de memoria para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista”. Desde entonces, los socialistas han insistido en que la idea es “resignificar” ese espacio para convertirlo en un “lugar de reconciliación”. Hasta este martes. En el avión que le llevaba de Chile a Bolivia, Sánchez dijo que eso no era posible. Su nueva propuesta es transformarlo en un cementerio civil para los muertos en el conflicto fratricida allí enterrados y dejar la basílica para uso religioso.
2.- Inmigración
Pedro Sánchez ha logrado lo que parecía imposible. Ha pasado de ser acusado de generar un efecto llamada en materia de inmigración a ser elogiado por la xenófoba Alternativa por Alemania por todo lo contario. A mediados de junio, Sánchez decidió que el barco Aquarius, con 630 inmigrantes a bordo, desembarcara en el puerto de Valencia. Todos esos inmigrantes recibieron un trato preferente y se les concedió automáticamente permiso para quedarse en España. Después llegaron las avalanchas de pateras, con miles de personas tratando de cruzar el Estrecho de Gibraltarpara arribar a la Península Ibérica, y dos violentos asaltos a la frontera entre la ciudad española de Ceuta y Marruecos.
En esos asaltos los inmigrantes utilizaron una violencia extrema para cortar la valla que separa los dos países y agredieron con armamento casero (lanzallamas improvisados y cal viva, entre otros) a los agentes de la Guardia Civil que custodiaban el lugar. En el primer caso, el Gobierno no actuó contra los asaltantes. Tras el segundo, todos los que consiguieron entrar en España fueron expulsados a Marruecos. No sólo eso, la Fiscalía presentó cargos penales contra 10 de los protagonistas del primer asalto, a los que se considera responsables del mismo.
3.- Método para esquivar el Senado
Pedro Sánchez y sus socios de Podemos quieren aumentar el gasto y el déficit público, y un Senado en el que el PP cuenta con mayoría absoluta se interpone en su camino. La Ley de Estabilidad Presupuestaria otorga a la Cámara Alta la capacidad de vetar un objetivo de déficit aprobado por el Consejo de Ministros y que tenga el visto bueno del Congreso de los Diputados.
Como en este caso la separación de poderes jugaba en su contra, PSOE y Podemos pactaron quitar esa atribución de veto al Senado. La primera opción que manejó el Ejecutivo, siguiendo la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue aprobar la meta de déficit mediante real decreto ley. Este mecanismo, que en teoría debe ser usado en casos excepcionales y por motivos de urgencia, permite al Gobierno esquivar al Poder Legislativo.
Sin embargo, finalmente, La Moncloa decidió dar marcha atrás. Expertos en Derecho Constitucional advirtieron que se podría caer en fraude de ley. Además, el PP avisó que llevaría la medida a los tribunales, por lo que la batalla judicial podría ser muy larga. Pedro Sánchez optó por otra vía: el PSOE terminó presentando una proposición de ley para modificar la norma actual y quitar el poder de veto al Senado.
4.- Defensa del juez Pablo Llarena
La querella interpuesta por Carles Puigdemont en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se convirtió en un frente imprevisto para el gobierno de Sánchez. La jugada trataba de anular al magistrado que instruye la causa contra los políticos catalanes acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación. La primera reacción del Ejecutivo fue ponerse de perfil, y no asumir la defensa jurídica de Llarena. La promotora de esa postura fue la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Delgado y Sánchez consiguieron poner en pie de guerra a jueces y fiscales. Prácticamente la totalidad de las organizaciones de esas dos carreras reclamaron al Ejecutivo que asumiera la defensa del magistrado, puesto que es un servidor del Estado. Finalmente, Sánchez aceptó que el Estado pague a abogados belgas para defender a Llarena ante una demanda que se considera política y destinada a impedir que haga su trabajo.
5.- Aumento del gasto militar
En octubre de 2014, entrevistado por el diario El Mundo, Sánchez dijo que “sobra” el Ministerio de Defensa. Poco después tuvo que matizar sus palabras y nada queda ya de aquella idea. De hecho, va a aumentar el gasto militar. Y lo hará tras haberlo negado él y su gobierno, tres veces en pocos días.
Ocurrió en julio de este año. Donald Trump reclamó a los miembros de la OTAN un incremento del gasto en defensa hasta 2% del PIB. Sánchez, en una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, dijo que no lo haría. Insistió en ello al llegar a la cumbre de esa organización que se celebró en Bruselas ese mes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo lo mismo en una entrevista en la Cadena Ser.
Finalmente, tras vivir en persona las presiones de Trump y antes de volver de Bruselas a España, Pedro Sánchez anunció que asumía el compromiso de aumentar el gasto en defensa.
Todos estos giros de 180 grados en cuestiones tan variadas transmiten una imagen de improvisación permanente. Ya sea para ganar un titular o una imagen que se considera positiva en los informativos, ya sea para no disgustar a los socios parlamentarios, Pedro Sánchez hace anuncios y toma decisiones en los que parece primar el cortísimo plazo antes que el análisis riguroso.
España, como cualquier país, necesita un Gobierno con una línea de actuación coherente. Tan sólo así se puede garantizar la estabilidad. Ha llegado el momento de que el inquilino de La Moncloa piense menos en la imagen y más en la acción política real.
