Vox tiene mucha razón al reclamar la libertad de enseñanza de los tutores legales.
La libertad de enseñanza impregna tanto a la oferta como a la demanda de educación. Es decir, no solo consiste en que los tutores legales de los menores (generalmente los padres) dispongan de libertad para escoger centro docente, sino también en que los centros docentes puedan organizarse flexiblemente en respuesta a las preferencias de esos tutores legales. Actualmente, sin embargo, la libertad de enseñanza por el lado de la demanda se halla notablemente limitada: es verdad que podemos escoger el centro privado que deseemos, pero siempre que hayamos costeado previamente una plaza en la escuela pública aun cuando no queramos utilizarla (de modo que, en la práctica, solo las rentas medias-altas disfrutan de la autonomía financiera para, habiendo pagado tributariamente su plaza en la pública, volver a pagar de nuevo una plaza en la privada). Y, a su vez, la libertad por el lado de la oferta se halla casi por entero cercenada: todos los centros han de impartir el mismo plan de estudios a todos los alumnos, sin que el centro pueda proponer su propio itinerario formativo (la única diversidad que existe se da entre los planes de estudios de las distintas autonomías o en los planes de estudios de centros extranjeros: pero todos ellos siguen siendo planes de estudio diseñados por políticos).
Para muchos, resulta lógico que los gobiernos impongan un currículo unificado de contenidos a impartir: en caso contrario, los menores podrían alcanzar la edad adulta sin haber adquirido aquellos conocimientos básicos que necesitan para insertarse en sociedad. El problema es que, en un mundo donde el conocimiento (y la accesibilidad al mismo) crece de un modo tan sumamente explosivo, no está muy claro qué conocimiento básico debe priorizarse sobre qué otro conocimiento básico: ¿por qué la enseñanza de Música es más importante que la de Latín? ¿Por qué Plástica en lugar de Filosofía? ¿Por qué Literatura española antes que Programación Informática? Nuevamente, deberían ser los tutores legales quienes configuraran las prioridades del plan de estudios que cursarán sus pupilos (evidentemente, con el consejo profesional de los orientadores de las propias escuelas).
A este respecto, claro, el temor es que los padres traten de manipular o adoctrinar pseudocientíficamente a sus hijos: que les transmitan mentiras y que los aíslen de la verdad. Pero que existan límites negativos a qué puede impartírsele a un menor (y a cómo puede impartírsele) no implica que haya que configurar e imponer positivamente la totalidad del plan de estudios. Del mismo modo que existen límites negativos a cómo unos padres pueden alimentar a sus hijos sin que el Estado les imponga positivamente el menú que deben ofrecerles cada día a sus vástagos, también cabe compatibilizar el derecho del menor a desarrollarse cognitiva e intelectualmente con la muy amplia discrecionalidad que sus tutores legales deberían poseer al respecto.
Además, quienes colocan el grito en el cielo con respecto al riesgo de manipulación que los padres podrían ejercer contra sus hijos, suelen desdeñar o minusvalorar el riesgo de que políticos y burócratas, a través de la configuración del currículo nacional, adoctrinen a los estudiantes para reforzar su control sobre la ciudadanía. Y haríamos mal en minusvalorar la capacidad que poseen los planes de estudio estatales para moldear la mente de los alumnos incluso en etapas cognitivas avanzadas.
Por ejemplo, entre 2004 y 2010, el Partido Comunista Chino llevó a cabo una reforma del plan de estudios de bachillerato con el objetivo de influir en la visión de los alumnos sobre cinco áreas: convencerles de que el gobierno chino es un estado de derecho, persuadirles de que las instituciones chinas son instituciones democráticas, volverlos más recelosos hacia la economía de mercado, reforzar la identidad nacional multiétnica de China y aumentar su preocupación por el medio ambiente.
Pues bien, varios años después, diversos economistas sondearon los valores y las actitudes políticas de 2.000 estudiantes universitarios chinos (los cuales habían sido expuestos en distinto grados a la reforma curricular) y descubrieron que, en efecto, la modificación del plan de estudios sí había sido eficaz para incrementar la confianza de estos estudiantes hacia la burocracia china, para aumentar su percepción de que el país constituye una democracia preferible a la que prevalece en Occidente y para intensificar su escepticismo hacia una economía de libre mercado no planificada en parte por el Estado (en cambio, los investigadores no hallaron efectos estadísticamente significativos sobre la identidad nacional o la preocupación por el entorno).
En suma, los gobernantes sí son capaces de insuflar ideas y valores a los ciudadanos a través de los planes de estudio que ellos mismos diseñan. Pensar que, disponiendo de una herramienta tan poderosa para reforzar el statu quo político, la élite gobernante renunciará a utilizarla en su propio beneficio resultaría de una ingenuidad extraordinaria. De hecho, para comprobarlo, basta con observar cómo se pelean los distintos partidos nacionalistas españoles por controlar esos planes de estudio con el propósito de imponer o reforzar entre sus ciudadanos una determinada identidad nacional (sea ésta la identidad española, la catalana, la vasca, la gallega, etc.).
En definitiva, y como ya recordamos la semana pasada, Vox tiene mucha razón al reclamar la libertad de enseñanza de los tutores legales —los padres— sobre los menores. Y para respetar esa libertad de enseñanza, no solo es necesario implantar un sistema de cheques escolares en favor de las familias sino, sobre todo, liberalizar la oferta educativa acabando con el monopolio administrativo sobre los planes de estudio. Si de verdad PP y Ciudadanos quieren colgarse la medallita de liberales, que empiecen rubricando un gran pacto autonómico alrededor de este derecho fundamental de padres y menores. ¿O es que acaso antepondrán la preservación de su privilegio político a manipular las mentes de los ciudadanos frente al escrupuloso respeto del derecho parental a formar a sus hijos?
