El Pacto de Toledo ya estaba muerto desde mucho antes de que apareciera Vox.
Vox promueve un sistema de pensiones distinto del actual y también del que defienden el resto de formaciones políticas: en particular, un sistema mixto con un pilar público basado en cuentas nocionales (similar al de Suecia) y con un pilar privado basado en la capitalización del ahorro personal. En cierto modo, pues, cabría afirmar que la emergencia de la formación verde ha dinamitado el Pacto de Toledo: si PP, PSOE y Podemos se cierran en banda a la hora de defender un sistema público y Vox se cierra en banda a la hora de defender un sistema mixto, entonces, en efecto, el consenso del Pacto de Toledo está roto. Ahora bien, ¿es Vox el verdadero culpable de enterrar el pacto o más bien este ya estaba muerto desde hacía años?
Recordemos. El Pacto de Toledo tenía, supuestamente, dos objetivos fundamentales: por un lado, reformar la Seguridad Social para garantizar su viabilidad financiera a largo plazo; por otro, sustraer las pensiones de la refriega política cotidiana. O dicho de otra manera, el Pacto de Toledo debería aspirar a que las fuerzas políticas consensuaran un modelo de Seguridad Social que fuera sostenible en el tiempo.
Nótese que semejante compromiso supondría un ejercicio mayúsculo de responsabilidad por parte de todas las fuerzas firmantes: a la postre, si la viabilidad financiera a largo plazo de la Seguridad Social requiere de la imposición de recortes en las prestaciones (o de un incremento sustancial en las cotizaciones de los trabajadores), cualquier partido político en la oposición podría caer en la tentación demagoga de criticar la reforma para así cosechar votos en el corto plazo. O, alternativamente, un partido en el Gobierno podría querer comprar los votos de los pensionistas revalorizando sus rentas en perjuicio de la viabilidad financiera a largo plazo de la Seguridad Social. En suma: el auténtico Pacto de Toledo requería que todos los partidos sacrificaran el electoralismo para consensuar un modelo de pensiones que funcione en el presente y en el futuro.
En este sentido, cuando una formación política como Vox propone transitar hacia un modelo mixto de pensiones (esto es, avanzar hacia el sistema vigente en la mayor parte de Europa), sí podría afirmarse que se está rompiendo uno de los consensos centrales del Pacto de Toledo: a saber, el consenso sobre un modelo de pensiones exclusivamente público y contributivo. Ahora bien, antes incluso de que se quebrara este acuerdo básico, los partidos políticos mayoritarios —PSOE, PP y Podemos— ya habían roto el otro consenso que debía regir el Pacto de Toledo: en concreto, no emplear las pensiones como arma electoral contra el resto de fuerzas parlamentarias para así poder consolidar una Seguridad Social financieramente sostenible.
Primero, el Partido Popular sí fue lo suficientemente responsable —bajo la presión de la crisis económica— como para impulsar una reforma del sistema de pensiones (desarrollada por una comisión de técnicos) que ajustaba los desequilibrios financieros de la Seguridad Social en el largo plazo. Tal reforma consistía en, por un lado, desvincular las pensiones del IPC y, por otro, introducir el factor de equidad intergeneracional a partir de 2019. Sin embargo, cuando tuvo la necesidad de sacar adelante los Presupuestos de 2018 —con el apoyo del PNV—, no dudó en acordar una revalorización de las pensiones igual o superior al IPC, así como un retraso hasta 2023 del factor de equidad intergeneracional. Es decir, el PP no dudó en enterrar (aunque fuera temporalmente) su propia reforma de las pensiones para tratar de agotar la legislatura.
Segundo, el PSOE repudió desde un comienzo la reforma de las pensiones aprobada por el PP en el año 2013. Lo hizo, empero, sin ofrecer ninguna alternativa. Desde luego, el Pacto de Toledo no exige lealtad ciega a cualquier propuesta que realice el Ejecutivo, pero sí presupone que, si rechazas una reforma que garantiza a largo plazo la viabilidad de la Seguridad Social, debas formular una alternativa que logre idéntico propósito. El PSOE, en cambio, se instaló en la crítica demagoga a las medidas tomadas por el PP sin plantear ningún marco distinto que fuera financieramente sostenible. Y en esas seguimos hoy.
Y tercero, Podemos no solo repudió la reforma de las pensiones de 2013, sino también la de 2011 aprobada por el PSOE de Zapatero. Al igual que sus actuales socios de izquierdas, lo hizo sin exponer cómo viabilizar la Seguridad Social con un desajuste financiero estructural superior al 5% del PIB por año. Aun cuando la formación de extrema izquierda apueste por aumentar de manera muy sustancial los desembolsos públicos destinados al sistema de pensiones, debería acto seguido aclarar de dónde piensa aflorar los fondos necesarios para sufragarlos. Ni lo ha hecho en el pasado ni es previsible que lo haga en el futuro: por tanto, se limitó a usar las pensiones como arma arrojadiza sin disponer de ninguna propuesta propia que volviera la Seguridad Social financieramente sostenible.
En definitiva, el Pacto de Toledo ya estaba muerto desde mucho antes de que apareciera Vox. El único consenso que subsistía —la defensa genérica de un sistema exclusivamente público de pensiones— era un consenso vacío e ilusorio: la ficción de que los políticos nacionales seguían actuando responsablemente con respecto a la Seguridad Social aun cuando, en el fondo, solo maquillaban y ocultaban sus problemas reales mientras continuaban instrumentando electoralmente las pensiones. El Pacto de Toledo original —aquel por el que todos los partidos aceptaban someter la reforma de la Seguridad Social a criterios técnicos comunes— murió hace tiempo. En la actualidad, se trata más bien de un ‘pacto de silencio’: todos saben que las pensiones públicas actuales no son sostenibles, pero nadie se atreve a reconocerlo para no perder votos.
