Hispania, ¿quo vadis?
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Apenas transcurrida una semana de la última cumbre de la Unión europea bajo la presidencia rotatoria chipriota (a quién sucederá la irlandesa) las terminales propagandísticas del Palacio de La Moncloa, han conseguido ocultar lo que en muchos círculos europeos ya es un rumor a voces: Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha tomado el relevo de Viktor Orban como saboteador de la toma de las decisiones comunes.
Se empieza a sospechar que las discrepancias planteadas por el primer ministro español en este último Consejo Europeo, respecto al endurecimiento de las políticas de asilo e inmigración y las medidas de precaución frente a China, con la amenaza de recurrir al veto, se deben a contrapartidas que ofrecen a España dictadores de distinta importancia[1], prescindiendo de ponderar los intereses de la Unión en su conjunto.
Dado el estado de las investigaciones judiciales contra elementos fundamentales del PSOE, como Jose Luis Rodríguez Zapatero y su entramado de socios y sociedades para cobrar comisiones derivadas del petróleo – sometido a embargo comercial – de Venezuela o el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del gobierno español – presunta tapadera para blanquear capitales de procedencia ilícita – así como su conexión con el régimen chino a través de tapaderas como el Gate Centre; las inquietudes filtradas parecen extraordinariamente ingenuas. Parten de la idea, que casa con la visión beatífica de los políticos en general que domina entre los grandes medios de comunicación europeos, de que el gobierno español obtiene para el país ventajas particulares. La realidad apunta, empero, a cambalaches que favorecen primordialmente a comisionistas y traficantes de influencias y que el gobierno que ha auspiciado esta corrupción generalizada se atrinchera al poder para eludir cuanto pueda la acción de la Justicia,.
Sin darle más importancia de la que realmente tienen – después de la reconfiguración con la fundación de la Alianza Progresista, fundada por el Partido Social demócrata alemán – tampoco puede descartarse que la Internacional Socialista, presidida por el secretario general del PSOE, desde que fue elegido en noviembre de 2022, sea un auténtico caballo de Troya dentro de la Unión Europea, al servicio descarado de su máximo dirigente y de los financieros de su aventura internacional.
Pese a su decadencia respecto a otros tiempos, no se olvide que el grupo de socialistas y demócratas del Parlamento Europeo cuenta con 135 diputados (de 720 muy atomizados) el segundo en importancia por su número, y, que su influencia llega a los pliegues de muchos estados de la Unión Europea. Sin duda, el más influyente es el SPD alemán, que forma coalición de gobierno con los democristianos de la CDU y la CSU bávara, pero no debe olvidarse que el presidente portugués es un socialista, así como el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
Aunque diezmados en las urnas generales, los socialistas franceses mantienen gobiernos de departamentos y ciudades importantes, forman parte de la coalición gobernante en Bélgica y dirigen el gobierno de Dinamarca con Mette Frederiksen. Obviamente, las lealtades no tienen necesariamente que coincidir con supuestas divisiones partidistas convencionales, pero, en cualquier caso, la predisposición a cooperar con partidos tan corruptos como el PSOE, será más fácil entre aquéllos que comparten banderas ideológicas y se reúnen con cierta frecuencia.
Es evidente, por otro lado, que la pluralidad de opiniones resulta una característica intrínseca a una asociación de 27 estados, basada en un difícil equilibrio entre las políticas nacionales y las comunes. Dependiendo de la materia, para adoptar estas últimas, se precisa la unanimidad, mayorías cualificadas o simples en el Consejo, en función del voto ponderado que cada estado tiene asignado. Ahora bien, la tardanza o la falta de reacción de las instituciones comunitarias ante actuaciones del gobierno español, flagrantemente contrarias al Derecho de la Unión, tendrían una explicación más verosímil si los tentáculos de la poderosa maquinaría de corrupción española hubieran cruzado sus linderos nacionales.
Así, sin entrar a fondo en su lenidad por no expedientar al gobierno español por sus ataques al Poder Judicial[2] y sus iniciativas legislativas para cercenar su independencia, la Comisión Europea tan solo ha incoado algunos expedientes de infracción contra el Reino de España trascendentes. Entre ellos, destaca uno por la falta de trasposición de la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, que permite a los Estados miembros eximir del cobro y liquidación del IVA a empresarios autónomos y pymes con una facturación anual inferior a 85.000 euros. O ese otro comenzado por la intervención en el proceso de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell por vulnerarse frontalmente la libertad de establecimiento (Artículo 49 TFUE) y el libre movimiento de capitales (Artículo 63 TFUE). Asimismo, está a punto, después de emitir un dictamen motivado, a abrir otro expediente por discriminación fiscal en la vivienda habitual de los no Residentes[3]
Por el contrario, pese a que el gobierno extendió las autorizaciones previas para la compra de empresas o activos “estratégicos” (el llamado “escudo anti OPAS”) a las inversiones procedentes de residentes en países comunitarios en 2021, la Comisión ni siquiera ha remitido una carta requiriendo explicaciones adicionales al respecto, cuando el pretexto aducido fue la concurrencia de circunstancias excepcionales con motivo de la pandemia del Covid-19. Como el mismo ejecutivo hizo para establecer el monopolio de adquisición de material sanitario[4].
Otro tanto puede decirse de todas las intervenciones arbitrarias en empresas públicas y privadas que ha dirigido el gobierno español, tanto para favorecer a empresas privadas con subvenciones públicas (la aludida Plus Ultra, Duro Felguera, Air Europa o Tubos Reunidos) como para actualizar el modelo franquista del sector público empresarial o el sometimiento a vasallaje de los consejos de administración de grandes empresas, que tanto recuerda al nazismo económico. No por casualidad las subvenciones o rescates mencionados forman parte del objeto de las investigaciones judiciales en curso por los indicios muy verosímiles de que se concedieron por el despliegue de tráficos de influencias y sobornos a las autoridades competentes para tramitarlos.
En definitiva, el empantanamiento de la putrefacción institucional provocará grandes daños a la sociedad española, pero el conocimiento de todos sus extremos constituye una condición necesaria para depurarla y asentar posteriormente un marco institucional más fiable.
Notas
[1] De forma insistente se ven así determinadas inversiones chinas en industrias que el intervencionismo de la Unión Europea ha primado sobremanera (automoción eléctrica o fabricación de baterías, por ejemplo) a la que ahora se quiere imponer aranceles. El interés chino reside en eludirlos mediante la producción local. Sin embargo, el aspecto más alarmante es la adjudicación de contratos de prestación de servicios públicos a empresas tecnológicas como Huawei, dependientes del gobierno. Particularmente, el almacenamiento digital de las escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL por 12,3 millones de euros, en contra de la expresa advertencia de la Comisión y otros países europeos.
[2] Cuyos miembros podrían hacer mucho más para no ser atropellados.
[3] Siempre con la mirada puesta en que una medida se aplique universalmente, la Comisión entiende que la imputación de rentas presuntas en el IRPF por la mera titularidad de bienes inmuebles, exenta solo si la vivienda es la residencia habitual del contribuyente, discrimina a los no residentes.
[4] La sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2026 ha condenado a los autores de algunos de los delitos relacionados con esta cuestión.
