Si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, las deposiciones que los tribunales estatales realizan son todo lo contrario: arbitrariedad, demagogia y politiqueo.
El Tribunal de Justicia de la UE ha corroborado que las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios deben considerarse nulas, con lo que los bancos, por tanto, tendrán que devolver a sus clientes los alrededor de 4.000 millones de euros que fueron cobrados «indebidamente». El fallo ratifica y amplía —al conceder un efecto retroactivo— la ignominiosa sentencia sobre el particular del Tribunal Supremo, que ya en 2013 determinó la nulidad de tales cláusulas.
Argumentaba el Alto Tribunal español que los clientes aceptaron esas condiciones contractuales sin estar debidamente informados de la previsible bajada de los índices hipotecarios que nos podíamos encontrar en los siguientes años. Pero esto equivale a decir que haber aceptado una hipoteca a un interés fijo del 5% en 2007 es abusivo porque el euribor no dejó de bajar en los años siguientes. O, por verlo desde otro punto de vista: imaginemos que ahora, a finales de 2016, un cliente firma una cláusula techo y en los próximos años se produce una fuerte subida en los tipos de interés, ¿el banco podrá entonces reclamar que esa cláusula es abusiva porque no podía barruntar semejante cambio de rumbo en la economía?
Si la justicia, en la célebre definición de Ulpiano, es dar a cada uno lo que le corresponde (en función de los derechos de propiedad y de los contratos libremente firmados, nos permitimos añadir), las deposiciones que los tribunales estatales realizan son todo lo contrario: arbitrariedad, demagogia y politiqueo; una llamada, a fin de cuentas, a que los individuos no se hagan nunca responsables de sus actos y a que la inseguridad jurídica se apodere de la sociedad.
