Afinales del mes de octubre se publicaban los Presupuestos del Gobierno de España para el año 2021 en la página del Ministerio de Hacienda. Bajo el eslogan «España puede», el Gobierno nos presentaba lo que pomposamente ha bautizado como «los presupuestos para la transformación». Desde entonces, muchos han sido los analistas que han desmenuzado los capítulos de gastos, las previsiones, las cuentas del Estado. En otras palabras: lo que nos espera.
Además de otros trabajos, a mí me gusta leer los informes que presenta el Instituto de Estudios Económicos (IEE) que preside Íñigo Fernández de Mesa. Fiel a su cita, el IEE publicaba el 11 de noviembre un completo informe señalando las luces y las sombras de unos presupuestos generales muy decepcionantes.
A la grandilocuencia de la retórica gubernamental se le une una descarada falta de respeto a las reglas más básicas de la higiene fiscal, no ya para una declarada liberal, como yo, sino para cualquier economista con dos dedos de frente.
Inevitablemente, viene a mi mente la cita de H.L. Mencken, que he leído en el libro The Myth of the Entrepreneurial State, de McCloskey y Mingardi, recién salido del horno. Mencken afirmaba que «cada elección es una especie de subasta de bienes robados».
Los Presupuestos de Sánchez lo son. El aumento de la discrecionalidad así lo señala. También se caracterizan por reforzar la dependencia económica y dificultar el progreso económico futuro. En efecto, si se descuentan los efectos previstos de los fondos europeos, que aún no nos han concedido y no hemos ingresado, nos hallamos ante una actuación estatal muy pobretona, que focaliza el grueso del gasto en prebendas electorales disfrazadas de «gasto social», y deja para lo que nos llegue de la UE la inversión de capital.
Ni siquiera cumplen el rol de «estado emprendedor» que desmontan Deirdre N. McCloskey y Alberto Mingardi en el libro citado. Si la intervención del Estado en el desarrollo tecnológico no es a coste cero, como defienden estos autores, qué se puede decir cuando la expansión del gasto del Gobierno es, en su mayor parte, gasto corriente.
Como bien afirma el informe del IEE, es una expansión «que no se puede justificar» en tanto que contribuye al crecimiento potencial, «al tiempo que, por su naturaleza, tiene un mayor riesgo de convertirse en gasto estructural». Es decir, el gasto corriente tiende a enquistarse y convertirse en permanente.
El IEE aconseja tener en cuenta este problema y considerar que habrá que ir sustituyendo las políticas de apoyo a corto plazo por otras de rango temporal mayor que fomenten crecimiento y empleo. Para ello, proponen, entre otras cosas, una mejora en la colaboración público-privada o una mayor externalización de los servicios públicos. Anatema. Mucho mejor la discrecionalidad gubernamental. Porque, como todo el mundo sabe, cualquier persona en el ámbito del sector privado es un truhan y en el del sector público es un señor.
Pero, como me comentaba el secretario del IEE, el economista Gregorio Izquierdo, no nos damos cuenta de que un aumento del gasto estructural, teniendo en cuenta que a partir del 2022 la Unión Europea volverá a exigir ajustes de déficit y deuda públicos, significa también un aumento de los impuestos, no solamente de hoy, sino también en el futuro.
La razón es muy simple: si la posibilidad de endeudarse está limitada, los gastos se pagan con ingresos, y esa regla aplica también al presupuesto público.
Es decir, por un lado, hay que ser conscientes de que, por suerte, la mala situación económica se irá suavizando, se irán recuperando niveles de actividad. Seguramente tardemos en volver a los de antes de la pandemia, pero la excepcionalidad no puede prolongarse mucho tiempo.
No ya solamente por el deterioro de las economías, sino también porque se crea un hábito en los gobernantes, que se acostumbran al incumplimiento que hunde frente al rigor que asegura la sostenibilidad. Así que, en un par de años, probablemente, tendremos que cumplir, como todos, con las reglas europeas que tratan de asegurar la estabilidad económica en la región.
Si este Gobierno está propiciando el aumento del gasto estructural, y además se trata de un gasto ineficiente, que no promueve ni a medio ni a largo plazo el crecimiento económico, el Gobierno que esté en ese momento solamente va a tener dos salidas: incumplir o subir impuestos.
Un regalo envenenado del Gobierno bicéfalo Sánchez-Iglesias, quienes, no contentos con arrasar con el estado de derecho en nuestro país, también están echando sal a las raíces del aparato productivo, de manera que, cuando se vayan, esto será un erial. Si se van.
La base del funcionamiento de nuestra sociedad y, probablemente, de cualquier grupo humano, es la combinación de cumplimiento y confiabilidad. Una cosa lleva a la otra. Cumples, me fío. No cumples, no me fío.
Si cualquier observador internacional ojea estos Presupuestos, lo normal es que no le parezcamos muy confiables ni ahora ni después. Porque aseguran que el riesgo de incumplimiento de las reglas del club va a ser alto durante mucho tiempo. Y, siendo realistas, ¿quién querría tener un socio así a su lado?
Si unimos las piezas, resulta que estos presupuestos nos hacen más dependientes de la ayuda europea, porque es la encargada de financiar lo relevante, y a la vez, nos sitúa en el grupo de los países poco confiables de cara a esa misma institución que nos tiene que dar dinero. Un despropósito.
