El pasado 11 de abril, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sanchista de todo sanchismo, pidió a los propietarios de vivienda que pusieran sus pisos en el mercado con el fin de aumentar la oferta y, de esta forma, reducir el precio de los alquileres. El tema de la vivienda es, sin duda, el principal problema de la generación más joven de país, podríamos decir de la gente menor de 35 años que no ha accedido al mercado de vivienda en la misma situación que sus padres, y no digamos ya de sus abuelos.
Promesas del Gobierno (I)
Sin embargo, esto la vivienda ha ido por barrios. Para empezar, en mayo de 2019, con el gobierno en funciones (habíamos tenido elecciones en abril en las que Sánchez ganó, pero sin mayoría suficiente para gobernar, mucho menos en solitario), Sánchez anunció la construcción de 20.000 viviendas para alquiler gestionado por el Estado. Un año después, el ministro con la competencia en vivienda, el de José Luis Ábalos, flamante nuevo fichaje del Grupo Mixto, descubrió que esas viviendas tenían que construirse sobre suelos del Ministerio de Defensa (véase Operación Campamento), algo que Margarita Robles no pensaba ceder.
En marzo de 2021, Ábalos da otro paso prometiendo 100.000 viviendas, sobre todo con cargo a los fondos europeos. Hoy ya vamos descubriendo que los fondos europeos han servido para financiar bebederos para mosquitos y material sanitario a precio de oro a través de intermediarios domiciliados en un trastero que antes ni después volvieron a tener la más mínima actividad mercantil. El pastel, cuando se descubrió, consistió en que el sector privado habría de construir las viviendas, asumiendo todo el gasto burocrático y los riesgos de la inversión, para que luego el Estado se dedicase a jugar a los caseros.
Promesas del Gobierno (II)
Ya en mayo de 2022, Sánchez anuncia 10.000 viviendas en alquiler social. Por supuesto, aquí la política de la dependencia va una nueva vuelta de tuerca. Cuando pedimos salarios altos, empleo estable, tasas de desempleo occidentales, nuestros políticos entienden más dependencia del Estado. Ahora bien, ¿dónde estaba el truco? Estas viviendas son propiedad de la Sareb, el denominado banco malo, aquel invento de Rajoy y de Guindos para quedarse, asumiendo las pérdidas, de las viviendas que los bancos se habían quedado cuando la morosidad se puso por las nubes. Obviamente, estas viviendas están, en su mayor parte, en pueblos y ciudades pequeñas donde el problema de la vivienda es casi inexistente, en comparación con los salarios y el empleo.
Siguiente paso. En julio de 2022, con el gobierno nacional y la Comunidad de Madrid tirándose los trastos a la cabeza por la gestión de la pandemia, Sánchez anuncia desde la tribuna del Congreso 12.000 viviendas para Madrid, concretamente en la denominada Operación Campamento, unos terrenos del Ministerio de Defensa que llevan una espera de dos décadas mientras que la ciudad se ahoga en una oferta estrecha. En plenas negociaciones entre Estado y Comunidad Autónoma, Sánchez, en su afamada lealtad institucional, se descuelga. Por supuesto, no hay ni una sola grúa en la Carretera de Extremadura.
Otro paso más. En abril de 2023, campaña electoral para municipales y autonómicas, Sánchez promete 93.000 viviendas, 50.000 a cargo de la Sareb y el resto a cargo de los PGE. Pero esto no sería nada comparado con la siguiente promesa.
235.000 viviendas, ¿por qué no?
El colofón llega en julio de 2023, en la campaña para las generales, llega el plato fuerte: 235.000 viviendas. Este número, aparentemente arbitrario, esconde algo visible a ojo de buen cubero: es exactamente el número de viviendas que la patronal de los tasadores estima que se necesitan cada año en España.
Vemos en todos los casos que el gobierno hablaba de un problema de oferta: no había viviendas suficientes para la demanda existente, por lo que había que construir. De que esas construcciones fueran llevadas a cabo por el sector privado ni palabra, ya que hay gente que no puede entender que haya gente que haga dinero vendiendo algo que la gente necesite. Mientras tanto, la parte comunista del gobierno ha luchado a capa y espada por la situación opuesta: no se trata de un problema de oferta, sino de especulación, de fondos buitre, de gente que quiere alquilar casas o de empresas de seguridad que se limitan a expandir bulos, con el de la ocupación de viviendas. Todo un problema inventado que se solucionaría con la intervención total del Estado, aún más, sobre el mercado de la vivienda.
Ver también
Cargas procesales de la Ley de Vivienda para liquidar el Derecho. (José Antonio Baonza).
La conspiración contra los jóvenes (II): vivienda. (Juan Morillo).
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