El fútbol y la libertad (III): el resquicio del Estado
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La mayoría de deportes se ven muy condicionados por interferencias políticas: licencias, habilitaciones, subvenciones, instalaciones públicas, ventajas administrativas o relaciones con el poder que pueden determinar quién compite, quién organiza, quién recibe apoyo y quién queda fuera. Sin embargo, como explicaba en la parte I y la parte II, el fútbol profesional se ve mucho menos afectado por todo ello porque mueve una cantidad gigantesca de aficionados, dinero, patrocinadores, clubes y consumidores, permitiéndole funcionar mediante normas privadas, aceptación voluntaria, arbitraje interno y competencia entre instituciones.
Su dimensión de deporte de masas le permite depender mucho más de la demanda privada que de la ayuda pública o del permiso administrativo concreto. Ahora bien, esto no significa que el fútbol profesional viva completamente al margen del Estado, pues también existen relaciones con administraciones públicas y normas impuestas desde fuera por organismos con poder político. El fútbol profesional ha reducido mucho esa dependencia, pero no la ha eliminado por completo.
Interferencias políticas
Sobre su relación con la política, precisamente porque mueve masas, dinero, turismo, publicidad e imagen internacional, los gobiernos tienen enormes incentivos para intervenir en él. Si el Estado controla el urbanismo, los impuestos, los visados, la seguridad, las infraestructuras, los permisos, los aeropuertos, los transportes y buena parte de la organización territorial, es lógico que quiera atraer grandes competiciones a su país. De esta manera, cada Mundial, final o gran torneo implica visitantes, consumo, contratos, recaudación fiscal y propaganda política. Por eso los Estados compiten por ser sede de grandes eventos y tratan de influir en las organizaciones deportivas que los conceden.
Este es uno de los grandes puntos débiles del fútbol moderno. No porque sea malo que una ciudad quiera atraer aficionados o que una competición se celebre en un país concreto, sino porque, en un mundo estatizado, esa decisión rara vez se limita a una negociación privada entre organizadores, estadios, clubes y patrocinadores, pues alrededor aparecen gobiernos ofreciendo infraestructuras, ventajas fiscales, garantías públicas, presión diplomática, utilización política del evento y relaciones cada vez más estrechas entre dirigentes deportivos y autoridades estatales. El resultado es que una institución nacida de la sociedad civil y sostenida por la demanda voluntaria termina parcialmente absorbida por la lógica política. Los gobiernos quieren el fútbol porque el fútbol mueve personas, dinero e imagen; y algunas organizaciones deportivas acaban comportándose menos como coordinadoras privadas de una competición y más como administradoras de un poder geopolítico.
Derechos televisivos
La propiedad intelectual sostiene una de las partes más lucrativas del mundo del fútbol: los derechos audiovisuales. Buena parte del negocio actual depende de que ligas y clubes puedan vender en exclusiva la retransmisión de sus partidos a televisiones y plataformas. Ahora bien, si uno rechaza la propiedad intelectual, ¿podría funcionar el fútbol profesional sin ese sistema?
Desde un primer momento, la respuesta puede ser que sí. La empresa a la que una liga, federación o club concede contractualmente los derechos de emisión podría seguir imponiendo normas privadas a sus usuarios y prohibirles, por ejemplo, grabar o resubir la retransmisión. Esa exclusividad contractual seguiría siendo perfectamente posible aun sin propiedad intelectual. Ahora bien, también conviene ser realistas: hoy ya existe piratería en el fútbol pese a que esas prohibiciones contractuales conviven con una legislación general de propiedad intelectual. Por tanto, eliminar esta última probablemente no haría desaparecer el problema y podría facilitar todavía más la redistribución de las emisiones. La cuestión interesante no es entonces imaginar un escenario sin piratería, sino asumir precisamente lo contrario: que, sin derechos de propiedad intelectual sobre la señal, una parte mayor de los partidos podría ser copiada y difundida por terceros, y preguntarnos si el modelo económico del fútbol profesional podría adaptarse a esa circunstancia.
El modelo actual se basa en que una televisión o plataforma paga por emitir en exclusiva determinados partidos, cobra a los espectadores mediante suscripciones o paquetes deportivos y, además, obtiene ingresos de anunciantes que quieren aparecer en una emisión seguida por millones de personas. Es decir, hoy el negocio combina dos fuentes de ingresos: pago directo del consumidor y publicidad. Si desapareciera la exclusividad legal sobre la señal, la primera parte del modelo se debilitaría, porque sería mucho más difícil cobrar al espectador por un contenido que otros podrían redistribuir.
Sin embargo, eso no significa que el negocio desapareciera. El fútbol seguiría atrayendo a millones de personas, y precisamente por eso seguiría siendo extraordinariamente valioso para las marcas. De hecho, si la retransmisión fuese de acceso libre, probablemente la audiencia total aumentaría. Muchos espectadores que hoy no pagan una suscripción podrían ver los partidos por otros canales, plataformas o medios, y esa mayor difusión haría que más anunciantes quisieran aparecer dentro de la emisión. El intermediario ya no ganaría tanto por cerrar el acceso y cobrar una suscripción, sino por abrirlo, maximizar la audiencia y vender esa atención masiva a las marcas.
Desde este punto de vista, la empresa que emite fútbol no es la creadora del valor principal, sino un intermediario entre un espectáculo que atrae a millones de personas y marcas que quieren visibilidad ante esos espectadores. Hoy ese intermediario paga derechos, cobra suscripciones y vende anuncios. En un modelo sin derechos audiovisuales, podría dejar de cobrar al espectador y pasar a financiarse principalmente mediante publicidad.
Por eso la redistribución de la señal no tendría por qué ser necesariamente una amenaza. Si la publicidad está integrada dentro de la propia retransmisión, cada canal que reemite el partido también reemite los anuncios, los patrocinadores y la presencia de marca que lo financian. Para el anunciante, eso puede ser incluso mejor: su objetivo no es que la emisión sea escasa, sino que su marca la vea la mayor cantidad de gente posible. En ese escenario, piratear o redistribuir la señal no destruiría el valor publicitario, sino que podría ampliarlo.
Por supuesto, podría plantearse el problema de quienes intentasen eliminar la publicidad de una señal ya producida o emitir una versión limpia del partido. Sin embargo, en la práctica eso no sería tan sencillo ni tendría por qué ser el principal obstáculo del modelo. La publicidad más valiosa no tendría por qué aparecer solo en pausas o cortes fácilmente eliminables, sino integrada dentro de la propia retransmisión y del propio espectáculo: logos de marcas sobre partes del césped, presencia de marca en las vallas, grafismos del marcador, rótulos durante las repeticiones, estadísticas patrocinadas, entrevistas con fondos publicitarios, patrocinios de secciones y elementos visuales incorporados a la realización. Cuanto más integrada esté la publicidad en la experiencia audiovisual, más difícil será separarla de la señal sin degradar el producto.
Bajo este modelo, por tanto, el club, como titular o gestor del estadio, tiene derecho a decidir quién entra en su propiedad privada a grabar, instalar cámaras, ocupar posiciones privilegiadas o explotar técnicamente el espectáculo. Ese derecho puede gestionarlo directamente el propio club o cederlo por contrato a la liga, de modo que sea esta quien negocie con los operadores. A partir de ahí, igual que hoy se vende el acceso audiovisual a una televisión o plataforma, el club o la liga podrían vender a uno o varios intermediarios el derecho a entrar al campo, colocar cámaras, producir una señal profesional y organizar la retransmisión. Ese intermediario pagaría por acceder físicamente al espectáculo y recuperaría su inversión integrando anunciantes en su emisión. Incluso podrían existir varios operadores al mismo tiempo, cada uno con una producción ligeramente distinta, formatos diferentes y patrocinadores particulares.
Normas políticas imperativas
Otro resquicio claro del Estado aparece con las normas públicas sobre insultos, cánticos o expresiones dentro de los estadios. Si una ley superior castiga determinados insultos, por ejemplo los racistas, la competición termina obligada a perseguirlos aunque quizá su propio criterio interno fuese distinto. El problema no está en que una liga decida prohibirlos, porque eso sería perfectamente legítimo si forma parte de sus reglas privadas, sino en que el Estado le imponga desde fuera qué expresiones debe tolerar y cuáles debe castigar.
Cada competición debería poder fijar libremente sus propias normas de convivencia. Una liga podría permitir insultos de todo tipo, otra podría prohibir cualquier insulto, otra podría sancionar solo determinados cánticos, y otra podría construir un modelo familiar donde el ambiente del estadio esté pensado para que puedan entrar niños cuanto antes. Después serían los aficionados, los clubes, los patrocinadores y los consumidores quienes en última instancia decidirían qué producto prefieren ver, financiar y llenar cada fin de semana. Si una competición permite un ambiente demasiado salvaje, perderá público familiar, patrocinadores o reputación. Si otra convierte el estadio en una misa sin emoción alguna, quizá también pierda atractivo. El mercado descubriría qué equilibrio funciona mejor.
Personalmente, creo que lo mejor sería que no hubiera insultos en los campos, entre otras cosas porque eso permitiría integrar antes a los niños, cuidar el ambiente y hacer del fútbol un espectáculo más abierto. Pero esa opinión personal no puede estar por encima de la libertad de cada liga para decidir sus propias reglas. Esto es fundamental, porque los liberales tenemos que acostumbrarnos a defender la libertad de hacer cosas que no necesariamente compartimos. Yo puedo preferir que la gente no juegue al fútbol en la playa, que no consuma drogas o que no convierta un estadio en un lugar lleno de insultos, pero de ahí no se deduce que tenga derecho a imponer mis preferencias a los demás mediante la coacción del Estado. Si algún día alcanzásemos una sociedad verdaderamente libre, sería precisamente dentro de ese marco de libertad donde cada uno tendría que intentar promover sus valores: como consumidor, como aficionado, como padre, como patrocinador, como organizador o como participante, no como legislador con capacidad para prohibir a los demás aquello que personalmente no le gusta.
Conclusión
En definitiva, el fútbol, pese a ser uno de los mejores ejemplos deportivos de orden libre, tampoco está completamente aislado de interferencias estatales: derechos audiovisuales, normas políticas imperativas, relaciones con administraciones públicas y grandes eventos utilizados como herramienta de poder. En las dos primeras partes mostré todas las similitudes entre el fútbol y el funcionamiento de una sociedad libre, y aquí he mostrado los defectos que se observan al ver los resquicios del Estado, que esperemos que el paso del tiempo vaya corriendo hacia un orden social menos estatista.
Serie El fútbol y la libertad
Author: Nicolás Sánchez Cominero
Nicolás Sánchez es estudiante de Derecho y Economía en la Universidad de las Hespérides, interesado en la Escuela Austriaca de Economía. Es coordinador local de Students For Liberty y colabora con otras organizaciones.
