De todos los descréditos a lo que Pedro Sánchez ha sometido el Estado de derecho, las instituciones o el mero poder estatal con tal de mantenerse en el poder, sin ninguna duda aquel que ha sido llevado al límite es el Tribunal Constitucional. No es que Radio Televisión Espantosa, la Universidad Complutense, Renfe o el Tribunal de Cuentas, por citar algunos, no hayan quedado a los pies de los caballos y vayan a necesitar décadas para empezar a volver a ser algo medio decente. Lo que decimos es que este Tribunal Constitucional ha llegado a un nivel de vileza del que es muy difícil que la institución pueda recobrarse.
En sus orígenes, la propia existencia de un Tribunal Constitucional, o de garantías constitucionales, es algo anómalo. En teoría, dicho tribunal, elegido enteramente por los políticos, tiene la noble causa de garantizar que los tribunales ordinarios no tengan la tentación de no cuidar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Vamos: lo que viene siendo poner a la zorra a cuidar de las gallinas. Nos tenemos que creer que, después de tantos recursos, los jueces han dejado de lado los derechos fundamentales de los acusados y tiene que venir un grupo de magistrados muy obedientes al poder político para hacer que las reglas de juego se cumplan.
La suerte de tener una máquina borradora de delitos
Desde la última renovación del Tribunal Constitucional, la cuestión ha llegado, como decimos, a unos límites tan explicables como la propia existencia del tribunal, toda vez que se entiende para qué se creó. Con una ponencia de Inmaculada Montalbán, juez premiada por José Antonio Griñán en su día, el Tribunal Constitucional borró parcialmente los delitos de los expresidentes José Antonio Griñán, Manuel Chaves y Magdalena Álvarez.
El premio no puede ser más goloso: una causa que pasó por las manos de cuarenta jueces y en la que todos vieron prevaricación, los magistrados puestos a dedo por los políticos les exoneran de cualquier responsabilidad en el uso ilegítimo de fondos públicos en el denominado Caso ERE, esto es, el desvío de más de mil millones de euros para comprar una base electoral sólida en la que mantenerse en el poder.
La razón, como abducen los magistrados en la sentencia, estriba en que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tenía capacidad legal para cambiar el presupuesto sin tener que volver a pasar por el legislativo autonómico. Esto se desprende de una ley previa que así lo establecía y, dado que la oposición, esto es el PP, que siempre está para echar una mano y no precisamente para hacer el bien, no elevó un recurso de inconstitucionalidad por esta norma, se entiende que la norma es totalmente válida.
Restringir derechos no es suspenderlos, así que muy bien
Pero esto no es nada en comparación con el esperpento vivido recientemente, con un cambio en el criterio que estableció como ilegales los estados de alarma de 2020 y 2021. En una resolución que debería haber hecho caer al gobierno, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente un recurso de Vox contra estos decretos que suspendían derechos fundamentales sin el paraguas legal para hacerlo. Pues bien, en otro recurso presentado también por Vox, sólo que esta vez contra una norma autonómica de Núñez Feijóo que obligaba a los no inoculados a permanecer en casa, entre otras situaciones.
El caso es que el Tribunal Constitucional, de forma absolutamente nueva y rompedora, ha creído conveniente cambiar una sentencia previa, pese a que en esta ocasión se tenía que pronunciar sobre otra situación distinta. Ahora dicen Conde-Pumpido y sus acólitos, que algún día recibirán un premio porque no ha habido gente más obediente en este país desde que Cortés tomó el Imperio Azteca en nombre de Carlos I, que restringir los derechos hasta el extremo es eso mismo, restringir, pero no suspenderlos, tal y como había señalado en la sentencia anterior.
Desde luego, con la presidencia de Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional, la seguridad jurídica en España ha alcanzado su clímax. La cuestión judicial más importante en este momento y que terminará por poner otro clavo en el ya fallecido Régimen del 78, la Ley de Amnistía, tiene una resolución judicial a nivel nacional, ya veremos a nivel europeo, que no admite duda ninguna: constitucional. No se puede negar, en ese sentido, que Conde-Pumpido no realiza más su trabajo. Ya se sabe: perro no come perro.
Ver también
Los planes de un pícaro. (José Antonio Baonza Díaz).
Anatomía del sanchismo. (Cristóbal Matarán).
Cinco casos que confirman que Sánchez gobierna a base de improvisación. (Antonio José Chinchetru).
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