A lo largo de sus mandatos encumbrado en el poder máximo en España por sucesivas carambolas, a las que se añadió la providencial (para él) epidemia del Covid-19 como ensayo de cleptocracia autocrática, diversos analistas preocupados por las consecuencias del advenimiento de un régimen tiránico, a la medida y servicio de un pícaro con pintas, atisbábamos un arquetipo de selección negativa característica de la lucha política partidista.
La circunstancia de cultivar un credo socialista, a la vez mesiánico e hipocritón, le hacía todavía más peligroso. Con un historial plagado de desmanes y corrupción, el PSOE, liderado ahora por este caudillo, báscula entre una secta religiosa y un partido de disciplinados intransigentes con una fuerte pulsión autoritaria, dispuestos a desplegar todo tipo de tretas para monopolizar el poder del Estado.
Muchos han visto en el partido actual, que le distingue del moldeado por Felipe González Márquez y Alfonso Guerra González en su largo periodo de gobierno, una impronta posmoderna insuflada por José Luis Rodríguez Zapatero, quién, asimismo, aprovechando sus contactos previos como presidente del gobierno, parece haber tejido una red de intereses y negocios compartidos con partidos de la izquierda neocomunista y populista iberoamericana – incluidos los chavistas de Venezuela, peronistas de Argentina y Podemos de España – amalgamados junto al PSOE en el llamado Grupo de Puebla.
La supremacía del PSOE
Para explicarse la supremacía de un partido que asfixia la libertad y sabotea la prosperidad económica por sus clichés ideológicos y su estatismo y, sobre todo, su permanencia en el gobierno, combinando alianzas con los extremos y una menguante, aunque relativamente alta base electoral[1], cabe indicar de que dispone, de momento, de lo que podríamos llamar dominio (más que hegemonía) político y cultural en España.
En efecto, coincido con quiénes constatan que su estudiada colonización de la sociedad y el sistemático uso de la agitación y propaganda le han permitido hasta ahora marcar el paradigma del debate político, modelar el marco mental y cimentar, en definitiva, la aquiescencia de una mayoría del pueblo español[2]. Por la mínima.
La concentración de poder
En este sentido, resulta fascinante observar cómo el mismo personaje que es abucheado y vilipendiado espontáneamente por ciudadanos asqueados de sus políticas en los puntos más diversos de la geografía española – con el colofón de la ira desatada por su presencia en Paiporta después de una calculada inacción ante las inundaciones en la provincia de Valencia – haya conseguido muñir una coalición con los nacionalistas periféricos que buscan la destrucción de la comunidad política que, digamos, dirige. Acaso por carencias de su teórica oposición, el PSOE compite y coopera con ellos, como muestra su presencia en los gobiernos autónomos vasco y catalán.
Lo destacable es que, además de no contar con leyes anuales de presupuestos, derrotas como la sufrida ayer en el Congreso de los Diputados, donde se rechazaron dos de los tres decretos leyes que el gobierno quería convalidar, no se produzcan a diario. Ciertamente, Pedro Sánchez Pérez-Castejón y sus adláteres no han inventado nada nuevo. Sus movimientos parar concentrar poder en sus manos en regímenes democráticos endebles por falta de respeto al imperio de la Ley, guardan reminiscencias con déspotas y tiranos muy diversos.
Ahora bien, todos los anteriores elementos comunes a otros tiranos palidecen ante el instinto tribal que ha puesto de manifiesto los casos de corrupción hasta ahora conocidos[3].
Contra la justicia
Los desmanes cometidos han llegado tan lejos, que, con planes anteriores o sin ellos, la camarilla que detenta el poder ejecutivo en España dirige el grueso principal de su actuación a destruir las escasas, pero muy valiosas, instituciones jurídicas españolas que permiten sostener un andamiaje de contrapesos al poder irrestricto del gobierno tras años de evolución real del sistema constitucional de 1978.
De ahí la premura por anular a la oposición con el ejecutor fiscal general del Estado, censurar la libertad de expresión de los medios de comunicación, los influencers y ciudadanos en general; vaciar de contenido las reglas más elementales establecidas en la Constitución para garantizar la independencia del poder judicial y laminar la intervención de los ciudadanos en el ejercicio de la acción penal (popular) que contribuye a investigar la corrupción sistémica.
Sin lugar a dudas, en este recién estrenado año nuevo se van a librar batallas cruciales para la supervivencia de la libertad en España. De momento, si no se suman más fuerzas contra el gobierno, el panorama se vislumbra tenebroso.
Notas
[1] Nada menos que alrededor de un 30 por ciento de la población española con derecho a sufragio parece estar dispuesta a continuar votando al PSOE, según diferentes encuestas. https://electomania.es/category/sondeos/sondeosesp/
[2] Siguiendo la tesis principal de Étienne de La Boétie en el Discurso de la servidumbre voluntaria, sostengo que la servidumbre es voluntaria y procede exclusivamente del consentimiento de aquellos sobre quienes se ejerce el poder. Ahora bien, me atrevo a decir que el consentimiento está viciado por el engaño.
[3] Con independencia del acotamiento de las responsabilidades penales de los casos de corrupción que le afectan a él y a su parentela, llama poderosamente la codicia de estos sujetos por enriquecerse por todos los medios ilegales al alcance de quién detenta un poder político casi absoluto.
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