Forestalia: muerto el perro… ¿se acabó la rabia?

El Padre Mariana nos enseñó hace siglos que los bienes de los vasallos no pertenecen al rey, y que el poder de los príncipes se debilita cuando dejan de respetar la propiedad privada.

También nos enseñó que la Libertad es consustancial al aragonés:

Y de la misma forma pensaron en un tiempo más reciente los aragoneses en España, tan celosos de su libertad que creen que las libertades se amenguan cuando se hace alguna pequeña concesión.

Hoy, con la detención de Fernando Samper —presidente y dueño de Forestalia— y otros cinco implicados en la Operación Perserte (incluido un ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica bajo Teresa Ribera), parece que el ciclo de impunidad se resquebraja. La Guardia Civil registró sedes en Zaragoza y Madrid, domicilios de directivos, y investiga prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Se habla de manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para favorecer proyectos eólicos y fotovoltaicos, sobre todo en el clúster del Maestrazgo (Teruel). No es la primera vez: ya entraron en diciembre de 2025 por otro escándalo ligado a mordidas y contratos públicos.

Pero no nos engañemos: esto no es un triunfo de la justicia imparcial. Es la consecuencia de un descrédito brutal del Estado. Tras años de gobiernos en Aragón que usaron todos los mecanismos posibles para beneficiar a Forestalia, los niveles de confianza han caído por los suelos. En Aragón y en España.

TVE a duras penas llega a rozar los 2 millones de espectadores en sus programas de más audiencia, como son los informativos, lo que supone que su audiencia no llega al 4% de la población, la abstención arrasa en elecciones (fue la opción más votada en Aragón), la educación pública, RENFE, ADIF… todo lo político genera rechazo en España.

Los jueces y la Guardia Civil, viendo peligrar su propia legitimidad, han tenido que soltar carnaza: primero Koldo, Barrabés, Ábalos… ahora Forestalia y Samper. No hay que agradecer nada a nadie. El mismo Estado que permitió expropiaciones encubiertas a Forestalia, subvenciones millonarias a Barrabés o fiestas pagadas con fondos públicos, es el que ahora finge actuar.

El interés general… y el particular

El verdadero problema no es un empresario corrupto (que los hay), sino el socialismo de empresa: un sistema donde el Estado decide quién puede comerciar, quién accede a permisos ambientales, quién recibe exenciones fiscales y quién se lleva el pastel de las “renovables” subvencionadas. Forestalia no creció por mérito en un mercado libre; creció gracias a favores políticos. Nació en la época de Luisa Fernanda Rudi (PP), se consolidó con Lambán (PSOE) y siguió recibiendo beneficios con Azcón (PP). Ninguno derogó los decretos que lo permiten.

Hablamos de los PIGA (Planes de Interés General de Aragón): desde el Decreto Ley 1/2008 de Marcelino Iglesias hasta el Decreto Legislativo 2/2015 (aprobado apenas tres meses después de que Lambán llegara al poder). Sí, impulsados por el PSOE, pero el PP no ha actuado contra ellos.

Estos decretos permiten al Gobierno autonómico declarar proyectos de “interés general” sin contar con ayuntamientos ni propietarios. Eximen al promotor de impuestos municipales (como el ICIO por licencia de obras) y autorizan expropiaciones a un “justiprecio” fijado por el expropiador, no por acuerdo libre entre partes. Es la expropiación encubierta en su máxima expresión: el gobernante decide que la tierra no es del agricultor, sino que es “su” tierra por el “interés general” (léase: interés particular del político de turno y su amigo empresario), que le paga 2.049€ por una cantidad indeterminada de terreno y punto.

Contra la propiedad

Esto destroza la propiedad privada real —la del agricultor, ganadero, regante— y aplasta las cooperativas locales que nacen del esfuerzo común en el territorio. Megaproyectos impuestos desde la capital destruyen pastos, olivares, cultivos, paisajes y modelos sostenibles de verdad. Mientras, las cooperativas agrarias y ganaderas —que respetan la propiedad, generan riqueza local y no chupan del erario— ven cómo su viabilidad se hunde ante corporaciones que viven de subvenciones y permisos amañados.

El peligro ahora es que el Gobierno de Aragón siga usando los PIGA alegando que “la energía es de interés general”. Con el boom de centros de datos y consumos intensivos que llegan a Aragón buscando buenas conexiones a Internet y energía barata, hay dos caminos: o el mercado (productores locales monetizando excedentes) o más Estado (más expropiaciones, más “socialismo de empresa”).

Cooperativas energéticas locales

La solución está clara: crear cooperativas energéticas locales. Aprovechar los excedentes de los regantes y sindicatos de riego, como hace Riegos del Alto Aragón, transformar purines de porcino en biogás, como hace Arcoiris en Valderrobres, incluso en bitcoin, como hace Green Data Chain y que el dinero se quede en el entorno. Además de los ya existentes, con la planta de Fuentes Claras como máximo exponente, en Aragón ya hay decenas de proyectos de biogás y biometano en tramitación, muchos impulsados por ganaderos y agrícolas. Hay empresas auxiliares, como FerroBio, para desulfurar o incluso los holandeses de Clean Farming tienen delegaciones en Aragón, la región líder de producción porcina. Eso genera ingresos reales, reduce dependencia de carburantes fósiles (cuyos precios disparados están matando la rentabilidad del campo) y quita poder al político.

En un momento como el actual, en el que el precio del carburante agrícola es uno de los principales problemas del sector, aprovechar tanto los excedentes energéticos de los sistemas de riegos como convertir los purines no sólo es la mejor opción para el consumo doméstico sino, sobre todo, para la maquinaria agrícola. Con un sector primario más competitivo, los acuerdos entre la UE con Mercosur no sólo no son un problema, sino una oportunidad.

No son del Príncipe la propiedad de sus vasallos

A esto se suma la tecnología que ya está aquí: en la última FIMA (Feria Internacional de Maquinaria Agrícola) entre todos los expositores, destacó Voltrac con su Thor 2, un tractor eléctrico autónomo que reduce costes operativos drásticamente, elimina la dependencia del gasóleo agrícola y permite jornadas largas sin fatiga. Empresas como Full&Fast (proveedores de BESS con cargadores ultrarrápidos) o Trimergy (operadores de baterías) facilitan el almacenamiento y la gestión. Si los productores locales —regantes, ganaderos— utilizan una fórmula que conocen perfectamente: la cooperativa local, para generar y monetizar su energía (excedentes fotovoltaicos en techos, biogás de purines, almacenamiento en BESS), no podrán alegar “interés general” para expropiar. La producción ya estará en manos de los legítimos propietarios.

Cuando el respeto de los vasallos hacia el príncipe es mínimo, el poder del príncipe está muy débil, como es actualmente en España, con un “socialismo de empresa” en entredicho de arriba a abajo: TRAGSA, ADIF, TVE… y ahora, Forestalia.

Y cuando el poder del príncipe es débil, es el momento de actuar: convertir lo que hasta ahora era un excedente desaprovechado (purines, excedentes hídricos, saltos de agua, techos infrautilizados…) en un activo que multiplique la rentabilidad del campo a través de la fórmula jurídica que mejores resultados da en el sector primario: la cooperativa.

Como decía Mariana, no son del príncipe la propiedad de sus vasallos. Y tampoco debería serlo el fruto de esa propiedad.

Author: Fernando Vicente