Tres de cada cuatro asalariados en España ganan menos de dos veces el salario mínimo
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Los datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2024 revelan una estructura salarial marcadamente comprimida en la base. Casi 7,64 millones de trabajadores —el 37% del total— declararon ingresos iguales o inferiores al SMI anual, fijado en 15.876 euros con catorce pagas. Si se añade el tramo inmediatamente superior, entre uno y dos salarios mínimos, el porcentaje acumulado alcanza el 74,77% de los asalariados. Más de tres de cada cuatro trabajadores en España no llegan a ganar el doble del mínimo legal. Así lo revela un trabajo de Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo para el Instituto Juan de Mariana.
La distribución se estrecha con rapidez a medida que sube la escala. Solo el 14,79% de los asalariados se sitúa entre dos y tres veces el SMI, y apenas el 5,66% entre tres y cuatro. En los tramos altos, las cifras son casi anecdóticas: quienes superan cinco veces el mínimo representan el 2,56% del total, y los que multiplican por diez ese umbral son apenas 71.624 personas sobre un universo de 20,6 millones de declarantes.
Esta radiografía tiene consecuencias directas sobre tres debates de política económica que el IJM lleva tiempo señalando.
El primero es fiscal. El IRPF descansa de manera desproporcionada sobre un tramo medio-alto muy reducido. Una base salarial tan concentrada en los escalones inferiores limita estructuralmente la capacidad recaudatoria del impuesto sobre la renta y hace extraordinariamente frágil cualquier modelo de gasto público que aspire a financiarse con cargo a las rentas del trabajo.
El segundo es laboral. Cualquier subida del SMI afecta de forma inmediata o indirecta a tres cuartas partes de la población asalariada, ya sea por exposición directa al nuevo suelo salarial o por el efecto arrastre que ejercen los convenios colectivos. La retórica de que el salario mínimo solo incumbe a una minoría de trabajadores queda desmentida por los propios datos de Hacienda.
El tercero es estructural. La distribución no se desplaza hacia tramos altos con el paso del tiempo: se densifica en torno al SMI. Eso no es un problema de voluntad política ni de presión normativa insuficiente sobre los empleadores. Es el reflejo de una economía cuya estructura productiva —intensiva en servicios de bajo valor añadido, con escasa penetración industrial y una tasa de temporalidad persistente— no genera masa crítica de empleos de alta productividad. Subir el mínimo no cambia esa estructura; en todo caso, la presiona desde abajo sin actuar sobre sus causas.
El diagnóstico que ofrecen los datos de la AEAT no es, por tanto, el de una distribución injusta que se corrige con más regulación salarial. Es el de una economía que necesita reformas en profundidad para producir más empleos de mayor valor. Esa es la conversación que sigue pendiente.
