El Estado protector nos consume

Si algo ha calado a lo largo de los años es que las personas, el ciudadano es un ser incapaz de tomar y asumir sus propias decisiones y por ello necesita a un tutor, un pater que les diga qué y cómo hacerlo. Esa es la premisa oculta de cada nueva regulación, de cada impuesto adicional, de cada ley que llega envuelta en buenas intenciones. Y es una premisa profundamente insultante.

El ciudadano adulto no necesita tutores. Necesita unas reglas del juego claras, estables e iguales para todos, bajo las cuales pueda tomar sus propias decisiones y asumir sus propias consecuencias. Necesita saber que lo que construye con su esfuerzo es suyo, que nadie se lo quitará por decreto, que el contrato que firma hoy tendrá el mismo valor jurídico el año que viene. Eso es todo lo que el Estado debe garantizarle. La defensa del territorio, el orden público, un sistema judicial que proteja la propiedad y haga cumplir los acuerdos, y una red de seguridad mínima para quien no puede valerse por sí mismo. Cinco funciones. Todo lo demás es paternalismo con cargo al contribuyente.

La propiedad privada y la seguridad jurídica no son conceptos abstractos reservados a los manuales de economía. Son la diferencia entre una persona que puede planificar su propia vida y una que vive a merced del gobernante de turno. Cuando las reglas cambian sin aviso, cuando una regulación ad hoc puede alterar las condiciones de un sector entero de la noche a la mañana, cuando el fisco puede reinterpretar retroactivamente lo que debe pagarse, el ciudadano deja de ser el protagonista de su propia historia y se convierte en un personaje secundario en la historia del Estado. Sin la propiedad privada garantizada y sin normas predecibles, no hay libertad real. Hay una libertad de escaparate que el poder revoca en cuanto le resulta inconveniente.

Cada vez que el Estado amplía su radio de acción, no solo gasta dinero ajeno. Envía un mensaje: el ciudadano no es de fiar. Sus decisiones necesitan supervisión, corrección, orientación experta. Y ese mensaje, repetido durante décadas a través de normas, subsidios, permisos y tutelas de toda clase, acaba calando. Genera dependencia. Atrofia la iniciativa. Fabrica ciudadanos que esperan del Estado lo que solo ellos mismos pueden darse: una vida construida a su medida.

El comunismo, con distintos disfraces, el de socialdemócrata, el de woke, ese joven revolucionario que ha despertado de una supuesta opresión y que viene contra todo, o el más común hoy en día, el del comunitarista, agrava este proceso porque lo eleva a un principio político. Si el individuo no es la unidad moral relevante sino el grupo al que pertenece — su clase, su género, su región, su identidad —, entonces sus decisiones personales importan menos que su adscripción colectiva. El Estado no tiene que respetar sus elecciones: tiene que gestionarlas en nombre del colectivo.

Así se cancela la libertad sin aspavientos, envuelta en el lenguaje de la protección y la solidaridad. Todo vale con tal de alcanzar esa “justicia social” que lo que busca es igualar al ciudadano por abajo: todos igualmente pobres, porque es lo justo, que ninguno tenga más que otro. No se construye una sociedad donde cada persona

pueda perseguir su proyecto de vida: se administra una suma de grupos donde cada individuo es rehén del que le tocó por nacimiento.

La clase media es el antídoto natural a ese proceso, y por eso su erosión es tan grave. Una clase media amplia e independiente — con propiedad que proteger, con una normativa clara en la que se pueda confiar, con capacidad real de elegir en educación, sanidad o vivienda — no necesita que el Estado la tutele. Y precisamente porque no la necesita, es el mayor obstáculo para el populismo y para cualquier forma de tiranía.

Allí donde la clase media se encoge, el espacio para los extremos se agranda. No es una metáfora: es el patrón que se repite en cada sociedad donde el Estado ha sustituido la autonomía de las personas por su propia gestión de la dependencia pública

La educación es donde ese patrón se decide para la generación siguiente. Una escuela que forma personas capaces de razonar por sí mismas, de asumir decisiones con responsabilidad y sus consecuencias, de distinguir entre lo que les corresponde resolver a ellas y lo que justifica la intervención pública, produce ciudadanos libres. Una escuela que enseña a esperar, a reclamar, a identificarse con el grupo antes que con el criterio propio produce súbditos. La educación es imprescindible para que los ciudadanos entiendan, como muy bien pronunció Ronald Reagan, que nosotros, we the people, somos el conductor y el Estado es el coche. Somos nosotros, los que decidimos a dónde ir, cómo y a qué velocidad mientras que el Estado es el instrumento que nos hemos dado entre todos para poder llegar.

El Estado que protege y funciona de verdad no es el que más hace, es el que deja hacer y puede acompañar. Hace lo justo y lo hace bien: defiende el territorio, garantiza el orden, protege la propiedad, sostiene al que ha caído. Y luego se aparta. Deja que la gente viva. Deja que se equivoque y aprenda. Deja que construya, contrate, ahorre, emprenda, asocie, sienta, fracase y vuelva a intentarlo, sin pedir permiso ni rendir cuentas a ningún comité.

Reducir el Estado no es un proyecto de abandono. Es un acto de respeto. Significa decirle al ciudadano que se le cree capaz. Que sus decisiones valen. Que su vida le pertenece. Que las reglas son iguales para todos y que nadie, por muchos votos que tenga, puede cambiarlas a su favor. Esa es la promesa del liberalismo: no la utopía de un mundo sin problemas, sino la confianza real y sin condescendencia en que las personas, cuando son libres de verdad, resuelven sus problemas mejor de lo que lo haría cualquier Estado por muy bien intencionado que sea.

Author: Marta Cid