El Nodo Mudéjar en la encrucijada estado frente a mercado

El verdadero debate no es renovables frente a fósiles, sino quién controla los activos energéticos y cómo se distribuyen sus rentas.

Mientras en Bruselas y Madrid siguen empeñados en planificar la transición energética de forma centralizada con subsidios, regulaciones y megaproyectos que generan rechazo social, en Teruel hay una oportunidad real de hacer las cosas de forma radicalmente distinta. Como nos gusta en Aragón: pactista y consuetudinaria.

El cierre de la central térmica de Andorra dejó 1.101,4 MW de potencia de conexión en el nudo Mudéjar. Esa cifra no es un detalle técnico: equivale aproximadamente a la potencia de un reactor nuclear moderno. Es una infraestructura legacy que, en manos privadas, podría convertirse en el núcleo de un verdadero hub energético descentralizado.

Pero no lo conseguiremos repitiendo los mismos errores intervencionistas. La clave no está en más Green Deal, más PAC ni más Forestalias. La clave está en propiedad privada, cálculo económico real y orden espontáneo.

Mi tesis es sencilla: el Nodo Mudéjar puede convertirse en el primer ecosistema energético español donde la propiedad de las infraestructuras, la gobernanza territorial y los flujos financieros estén deliberadamente separados para evitar tanto la captura política como la extracción de rentas externas.

El potencial real de Teruel

Teruel no solo tiene esa enorme capacidad de evacuación liberada. Cuenta también con la mayor concentración de granjas porcinas de Europa. Esto no es un problema ambiental, es una oportunidad económica gigantesca. A través de digestión anaeróbica, los purines pueden generar biogás de forma constante, complementando perfectamente la intermitencia de la solar.

Ya hay ejemplos funcionando:

• La planta de Fuentes Claras proyecta tratar 180.000 toneladas de purines al año.
• Valderrobres avanza en la misma dirección.
• Green Data Chain ya mina bitcoin con biogás porcino, demostrando que esta energía no solo es viable, sino que puede ser altamente rentable.

Esto no es teoría. Es realidad sobre el terreno.

El error de los megaproyectos estatales

Los grandes proyectos renovables impulsados por el Estado generan rechazo porque violan el principio básico de la economía: quien no internaliza costes ni beneficios, genera conflicto. Los pueblos ven cómo se ocupan sus tierras, se destrozan paisajes y apenas reciben migajas, mientras las rentas van a grandes empresas bien conectadas con el poder político.

Actualmente, estamos viviendo en la Sierra de Arcos un intenso debate por la posible implantación de una planta de biogás en Alloza por las posibles externalidades negativas que podría tener la planta si tuviera fuga de gas o filtraciones.

La solución no es más planificación. La solución es dejar que los propietarios y las comunidades locales decidan.

Aquí es donde entra la tradición española olvidada: las comunidades de regantes aragonesas, la Casa Ganaderos, el Tribunal de las Aguas de Valencia… instituciones que durante siglos gestionaron recursos escasos sin Estado central, mediante normas consuetudinarias, arbitraje privado y conocimiento local.

Joaquín Costa ya lo entendió. La Escuela Austriaca lo teorizó. Rothbard lo radicalizó: la propiedad privada y la no agresión como base de cualquier orden social eficiente.

El problema de la financiación

Para montar plantas de biogás o sistemas de almacenamiento energético, hace falta un desembolso fuerte ya que en estos sistemas, la economía de escala permite abaratar drásticamente el coste unitario.

Y hay varias formas de conseguirlo:

Alguien de fuera de la comarca invierte dinero y obtiene rentas con ello. Difícilmente permitirá que haya fuga de gas o filtraciones porque supondría una pérdida de un activo, pero podría darse el caso de que los costes de mantenimiento superasen a las pérdidas de gas o purín y sí que hubiera externalidades negativas.

Más grave es cuando para realizar la inversión y conseguir todas las licencias, hay una alianza con el poder político: Endesa ha limitado la función empresarial en Andorra: tercera mayor población de la provincia, con tres pabellones y un cuarto proyectado, pero con sólo un polígono industrial infrautilizado.

El pensamiento centralista conduce a una forma de actuar centralista, que no genera ni tejido empresarial ni riqueza en el entorno.

Otra opción es que el capital sea de algún inversor o un conjunto de inversores de la zona. Véase el ejemplo de SAMCA (Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa) que debe su crecimiento a que la compró Ángel Luengo (turolense de La Hoz de la Vieja, en la Cuencas Mineras) con una fuerte implicación emocional en el territorio.

SAMCA no sólo no ha protagonizado ningún tipo de problemas con el territorio sino que para crecer como empresa, ha satisfecho las demandas de sus clientes enriqueciendo a sus trabajadores y fomentando alianzas con empresa locales. Tanto es así que, cuando dejó de abastecer a la central térmica de Andorra en 2019, en lugar de cerrar, mantuvo el funcionamiento de Euroarce y empezó a crear más empresas, como Leonarditas de Aragón o FORGASA (Fertilizantes Organominerales de Aragón).

Mientras que la descarbonización ha supuesto la pérdida de la principal fuente de ingresos de Andorra con el cierre de la central de ENDESA y, por extensión, el cierre de múltiples empresas, la función empresarial de Luengo ha creado un ecosistema empresarial en los pueblos de alrededor que está haciendo que la provincia esté creciendo otra vez en población y que muchas empresas necesiten trabajadores de fuera ofreciendo sueldos cada vez más altos y alojamiento gratis para sus empleados.

Y una tercera opción sería inversiones colectivas a través de instituciones espontáneas de mercado como es Arcoiris, la cooperativa líder en la producción de jamón de Teruel. Una cooperativa que aglutina a una red de productores, empresas y cooperativas no sólo del sector porcino sino que cuentan también con INCO (Industrial del Conejo).

Al ser cooperativa, los partícipes son socios por lo que sus incentivos son claros: toda actividad productiva que aporte valor al producto final obtiene un retorno cooperativo.

Retorno cooperativo para personas con arraigo territorial. Por eso pueden explotar en Valderrobres, donde el turismo es uno de los principales motores económicos, su planta de biogás sin generar ningún tipo de conflicto ni con los valderrobrenses ni con los turistas.

La propuesta: un Kernel Energético privado

Imaginemos un conjunto de nodos energéticos privados: almacenamiento, biogás, solar, edge computing y redes de distribución gestionadas por cooperativas voluntarias de mercado (no las reguladas actuales, sino verdaderos clubes privados).

Los agricultores y ganaderos locales serían al mismo tiempo productores y consumidores de energía. Podrían:

• Vender excedentes energéticos que les permita ser más rentables económicamente.
• Resolver conflictos mediante arbitraje privado.
• Usar energía barata y estable para electrificar tractores, mejorar productividad y reducir dependencia de gasóleo y subsidios.

Y si sus recursos económicos no permiten hacer esos desembolsos, podrían tokenizar flujos de caja futuros que les permita captar financiación externa sin perder la gobernanza local. Evitando, en gran medida, las externalidades negativas.

Las nuevas herramientas digitales permiten hacer algo que antes era muy costoso: captar capital externo sin entregar necesariamente el control institucional del proyecto, ya que, independientemente del flujo de caja, nadie quiere que su pueblo huela a purín.

Todo ello sin pedir permiso a Madrid ni a Bruselas más allá de lo estrictamente obligatorio.

El camino real

Esto no requiere una revolución violenta. Requiere algo más difícil: coherencia intelectual y función empresarial.

Una estructura así, necesitaría:

• Estatutos consuetudinarios para cooperativas voluntarias.
• Smart contracts y DAOs que reduzcan costes de transacción.
• Separación clara entre propiedad y gobernanza.
• Arbitraje privado eficiente.

La separación entre propiedad, gobernanza y flujo de caja no es una novedad tecnológica. Las comunidades de regantes llevan siglos separando la propiedad del agua (colectiva), su gestión (consuetudinaria) y el beneficio de cada partícipe (proporcional al uso). Lo que permiten hoy los smart contracts es reducir drásticamente el coste de replicar esa lógica en contextos más complejos, con más actores y capital externo, sin que ese capital externo capture la gobernanza.

Quien diga que esto es utópico, le ruego analice por qué las comunidades de regantes llevan funcionando siglos, por qué la empresa más antigua de España es la cooperativa Casa Ganaderos o por qué el Tribunal de las Aguas de Valencia sigue resolviendo disputas mejor que muchos juzgados.

Teruel tiene los recursos. Tiene la tradición institucional. Solo falta la voluntad de aplicar consistentemente los principios de la propiedad privada y la libre cooperación. El futuro energético de España no es un por venir, sino un por hacer: decidir entre los burócratas de Bruselas o empresarios locales toman

Author: Fernando Vicente