El fútbol y la libertad (I): el marco jurídico

El Mundial de fútbol es uno de esos acontecimientos que, cada vez que llega, llena durante casi dos meses noticiarios, conversaciones, bares, redes sociales y sobremesas, dejando en segundo plano asuntos que, vistos en frío, seguramente sean bastante más importantes que veintidós tipos corriendo detrás de una pelota. Y, sin embargo, ahí estamos todos, mirando la pantalla boquiabiertos con los cinco goles de Messi en los primeros dos partidos. Algo debe de tener este deporte para convertir una pelota en asunto de interés mundial.  Quizá el fútbol no gusta solo porque haya goles, escudos, himnos, piques, remontadas o señores gritando al televisor como si el lateral izquierdo pudiera escucharlos desde el salón. Quizá el fútbol gusta porque funciona, en buena medida, como nos gustaría que funcionaran muchas más cosas en la vida social.

El fútbol tiene reglas que no nacen necesariamente del BOE, autoridades con poder sancionador que se aceptan voluntariamente para poder participar, competencia que no necesita ser dirigida por la Ley de Defensa de la Competencia y desigualdades que surgen del talento, del riesgo y de la capacidad de generar valor. También contiene comunidades voluntarias, junto a presidentes, elecciones, contratos, propiedad, reputación, arbitraje y precios.

Por supuesto, en un entorno tan estatista como el actual, es imposible que el fútbol sea perfecto, pues hay privilegios, instituciones blindadas, subvenciones públicas y normas estatales discutibles. Sin embargo, incluso dentro de ese barro, el fútbol profesional es uno de los pocos deportes que no se ve especialmente afectado por todo ello, y funciona en gran parte gracias a principios profundamente liberales y privados.

Como todo buen orden espontáneo, el fútbol no fue diseñado por nadie desde un despacho. Del mismo modo, tampoco se planificó desde arriba el peso emocional de un clásico, el valor mundial de la Champions, el auge de la Premier, la importancia de las canteras, la evolución táctica, el mercado de fichajes o el modo en que un niño de Rosario, Madeira, Bondy, São Paulo o cualquier barrio perdido del mundo puede convertirse en una estrella global. Todo eso ha ido surgiendo poco a poco, mediante prueba y error, competencia, imitación, fracaso, inversión y descubrimiento.

Estructura voluntaria

El fútbol no funciona como una estructura política vertical creada desde un ministerio, sino como una red de entidades privadas conectadas entre sí. En la base están los clubes, que son asociaciones, sociedades o empresas privadas; por encima aparecen las ligas, que organizan competiciones entre esos clubes; después las federaciones, que coordinan el fútbol dentro de cada país; más arriba las confederaciones continentales, como la UEFA o la CONMEBOL; y finalmente la FIFA, que actúa como gran organización privada de coordinación internacional. Podrá discutirse si todas esas entidades deciden bien o mal, si concentran demasiado poder, si sus normas son razonables o si deberían tener más competencia, pero el punto de fondo sigue siendo el mismo. El fútbol mundial se articula a través de relaciones voluntarias entre clubes privados, competiciones privadas, federaciones privadas y organizaciones supranacionales también privadas, a las que los participantes se adhieren porque formar parte de ese sistema les aporta más valor que quedarse fuera.

Derecho privado y normas voluntarias

Antes que nada, este deporte constituye un orden normativo privado. No en el sentido de que viva totalmente al margen del Estado, sino en el sentido de que su funcionamiento ordinario depende de reglas creadas y aceptadas por instituciones deportivas, clubes, jugadores, entrenadores, árbitros, patrocinadores y aficionados. Un partido de fútbol no se juega porque un parlamentario haya descubierto la verdad metafísica del fuera de juego. Se juega porque los participantes aceptan someterse a un conjunto de reglas para que el juego tenga sentido.

Este punto es fundamental para entender la diferencia entre libertad y ausencia de normas. El liberalismo no defiende que cada uno haga lo que le dé la gana en cualquier contexto, pues defiende que las normas legítimas pueden ser tan restrictivas como las partes quieran, con la condición única de que sean aceptadas por los participantes de forma voluntaria. Los contratos sirven precisamente para que dos partes, de forma libre y voluntaria, cedan parte de su libertad y se obliguen a cosas concretas. En el fútbol ocurre exactamente eso. El club acepta participar en una competición; el árbitro acepta aplicar unas reglas; el futbolista renuncia a tener libre un sábado por la noche porque ha aceptado jugar un partido con su equipo; el espectador paga una entrada o una suscripción; y el patrocinador invierte porque espera un retorno. Todos participan en un marco que se sostiene sobre la aceptación voluntaria.

Por tanto, no toda limitación o regulación es ilegítima por el simple hecho de limitar una conducta. La legitimidad de una norma se determina en función de quién la impone y qué posibilidad existe de salida. En el caso del fútbol, las normas las imponen las autoridades a las que los afectados se han adherido voluntariamente, y los clubes conservan, al menos en última instancia, cierta capacidad de salida abandonando la competición, aunque esa salida pueda ser costosa en términos deportivos, económicos y reputacionales. Si un club acepta jugar bajo determinadas reglas, acepta también las consecuencias disciplinarias de incumplirlas. Además, serán el mercado, la demanda de los aficionados y el interés de los propios clubes los que terminen determinando qué reglas son funcionales y cuáles convierten la competición en un producto menos atractivo.

Al final, esto es lo más normal del mundo. Si las carreteras fuesen privadas, también tendrían normas, y quizá incluso normas más restrictivas que las actuales en un sistema de carreteras públicas. Podrían imponer límites de velocidad distintos, exigir ciertos estándares técnicos al vehículo, prohibir determinadas conductas o establecer sistemas propios de sanción para quienes pusieran en riesgo a los demás usuarios. La diferencia no estaría en la existencia o no de normas, sino en su origen voluntario y en la posibilidad de elegir entre modelos distintos. Habría carreteras con reglas más estrictas, otras más flexibles, unas orientadas a la máxima seguridad, otras a la rapidez, otras al transporte pesado y otras al uso urbano. Y esa competencia permitiría descubrir qué normas funcionan mejor para cada tipo de usuario.

En el fútbol ocurre algo parecido. Distintas competiciones pueden experimentar con reglas distintas y será la aceptación de clubes, jugadores y aficionados la que determine si esas innovaciones sobreviven o desaparecen. De hecho, en algunos momentos de la historia se han probado fórmulas muy diferentes, como ocurrió en la MLS, donde los penaltis no se lanzaban como en el fútbol europeo, sino mediante un uno contra uno en el que el jugador arrancaba desde el centro del campo y tenía unos segundos para superar al portero. Aquella regla podía parecer más espectacular, más americanizada o más adaptada a otro tipo de público, pero precisamente por eso sirve como ejemplo. Las normas pueden competir entre sí, pueden probarse, copiarse, corregirse o abandonarse, sin necesidad de que una autoridad política determine de una vez y para siempre cuál debe ser la única forma legítima de jugar.

Justicia privada

Por eso el fútbol es un buen ejemplo de Derecho privado. Dentro del campo, el árbitro actúa como autoridad inmediata del juego, aplica el reglamento aceptado por todos, sanciona faltas, muestra tarjetas, concede penaltis, anula goles o expulsa jugadores. Ahí la justicia es rápida, funcional y limitada al propio desarrollo del partido.

Fuera del campo, sin embargo, aparece una estructura todavía más interesante. Los clubes, jugadores y demás participantes no se limitan a obedecer al árbitro durante noventa minutos, sino que aceptan formar parte de una organización privada, una especie de agencia común a la que se adscriben voluntariamente para poder competir bajo unas mismas reglas. Esa agencia establece reglamentos, órganos disciplinarios, comités de apelación, tribunales deportivos y mecanismos de arbitraje en los que los clubes pueden defenderse de acusaciones, recurrir sanciones, reclamar contra otros clubes o resolver disputas contractuales sin tener que llevar cada conflicto directamente ante la jurisdicción ordinaria del Estado. En otras palabras, existe una justicia interna, pactada y especializada, en la que las partes comparecen, presentan argumentos, aportan pruebas y aceptan una resolución porque previamente han decidido participar en ese marco institucional. Precisamente, están muy de actualidad las disputas entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en torno al caso Negreira, presentado ante la UEFA, organismo privado al que ambos clubes están adscritos de forma voluntaria.

Esto demuestra que el hecho de que haya normas, sanciones, jueces, procedimientos y resolución de conflictos no significa que tenga que haber Estado detrás de cada una de esas piezas. Un orden jurídico puede surgir también de la asociación voluntaria, del contrato y de la aceptación previa de una autoridad privada común, especialmente cuando todos los participantes tienen interés en que la competición sea previsible, creíble y funcional.

Competencia entre instituciones

Ahora bien, que una norma sea privada no la convierte automáticamente en buena. También las instituciones privadas pueden ser capturadas por intereses establecidos o sencillamente equivocarse. Un fair play financiero mal diseñado puede convertirse en una barrera de entrada que protege a los grandes clubes ya consolidados frente a nuevos competidores. Puede servir para ordenar la competición, pero también para congelarla. La diferencia esencial con la regulación estatal es que otros actores podrían intentar crear competiciones alternativas con reglas distintas. Y ahí aparece la competencia entre competiciones.

La Champions no es únicamente una competición dentro del campo. La Champions compite como producto institucional por audiencia, prestigio, ingresos, talento, patrocinadores y atención global. Las ligas nacionales compiten entre sí: la Premier, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A o la Ligue 1 son modelos empresariales, culturales y regulatorios distintos intentando atraer jugadores, dinero y espectadores. La Superliga, nos guste más o menos su diseño concreto, representa una tentativa de competencia institucional frente a una estructura dominante.

Finalmente el mercado terminará decidiendo, pues si la Superliga es aburrida, artificial o elitista, fracasará porque la gente no la verá. Si por el contrario es atractiva, obligará a la Champions a mejorar. En ambos casos, la competencia cumple su función al disciplinar al poder establecido, rompe la comodidad del monopolista y obliga a innovar. De hecho, la Champions cambió recientemente el formato previo a las eliminatorias, sustituyendo la clásica fase de grupos por un sistema de liguilla similar, en parte, al que planteaba originalmente la Superliga.

Si estas organizaciones apenas tienen competencia efectiva es, principalmente, porque han construido una posición institucional tan fuerte que cualquier alternativa necesita convencer a clubes, jugadores, patrocinadores y aficionados de que ofrece algo mejor. Y cuando esa competencia aparece, como ocurrió con la Superliga, el sistema establecido se ve obligado a responder, adaptarse y defender su valor ante el mercado. Además, esa competencia puede surgir con relativa facilidad precisamente porque el fútbol no es una estructura completamente vertical, sino una red de actores privados con poder propio. Algunos clubes son tan grandes, tan ricos y tan reconocibles internacionalmente como muchas federaciones, lo que les permite impulsar proyectos deportivos alternativos sin esperar el permiso de las entidades organizativas presentes. El Real Madrid, por ejemplo, pudo liderar la Superliga porque no es una simple pieza administrativa dentro de una pirámide federativa, sino una institución privada con marca global, seguidores, patrimonio, capacidad de negociación y atractivo comercial. Si ese proyecto hubiese convencido a suficientes clubes, patrocinadores y aficionados, podría haber cambiado de un plumazo todo el sistema competitivo europeo.

Igualdad jurídica

Por último, el fútbol internamente también preserva el valor de la igualdad jurídica frente al igualitarismo. Nadie sensato compraría entradas para ver un campeonato en el que, si un equipo gana demasiado, se le quitan goles para equilibrar la tabla. Nadie respetaría una competición en la que el árbitro compense al equipo peor preparado por justicia social deportiva. El fútbol emociona porque hay mérito, fracaso, excelencia y desigualdad. Hay equipos mejores y peores; hay jugadores extraordinarios y jugadores mediocres; hay clubes que gestionan bien y clubes que gestionan mal sus presupuestos. Todo eso importa porque el resultado no está garantizado. La igualdad relevante en el fútbol no es la igualdad de resultado, sino la igualdad de reglas: once contra once, mismo balón, mismo tiempo, mismas porterías y a jugar.

Ahora bien, este marco jurídico es solo la primera parte del asunto. La relación entre el fútbol y la libertad no termina aquí, porque todavía queda analizar cómo esa misma lógica aparece en los clubes, en los jugadores y en la propia dinámica del juego. En otras palabras, esta ha sido solo la primera parte de una trilogía de artículos para entender por qué el fútbol no solo se juega con la pelota, sino también con muchas de las reglas que sostienen una sociedad libre.

Author: Nicolás Sánchez Cominero

Nicolás Sánchez es estudiante de Derecho y Economía en la Universidad de las Hespérides, interesado en la Escuela Austriaca de Economía. Es coordinador local de Students For Liberty y colabora con otras organizaciones.