Ceuta indefensa
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Los pasados 30 y 31 de julio, 80.000 inmigrantes invadieron la frontera Ceutí de El Tarajal en una maniobra claramente orquestada por el régimen de Mohamed VI y cuya finalidad es incorporar la Ciudad al Reino alauita. El día 1 de agosto, la inmensa mayoría de los invasores regresó a Marruecos, pero varios miles permanecen ilegalmente en la Ciudad sin que el gobierno español proceda a su detención y expulsión inmediata. Que el Estado, al monopolizar la justicia, la defensa militar y la seguridad, es un pésimo proveedor de protección ya lo advirtió Gustavo de Molinari, en 1849.
Lo vimos en la vergonzosa inacción de la U.M.E., en los primeros días de la DANA, en Valencia; y lo vemos ahora en Ceuta. El Estado es el principal agresor del individuo y Ceuta se enfrenta a dos enemigos: uno externo —Marruecos—, que ha provocado una invasión civil, y otro interno —el gobierno español—, que debiendo y pudiendo, se niega a restablecer la legalidad. Por su parte, los ceutíes sufren el oprobio de verse abandonados a su (la del moro) suerte y los españoles, la ignominia de costear fiscalmente la «estancia» del invasor en Ceuta.
Sobre la inacción del gobierno
La inacción del gobierno español, antes, durante y después de la invasión es digna de análisis. Una primera hipótesis es que el propio presidente Sánchez, por alguna razón, esté convencido de que los enclaves españoles del norte de África —Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas y Alhucemas, y Peñón de Vélez de la Gomera— deban ser marroquíes. Recordemos aquí el giro diplomático de Sánchez, en 2022, reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. La segunda, que el gobierno marroquí esté chantajeando a Sánchez, Grande-Marlaska y a otros políticos con revelar información «sensible» (programa espía Pegasus).
La tercera, que Sánchez (entre otros) haya recibido (o reciba en el futuro) pagos a cambio de su traición. La cuarta, permitir un enquistamiento del problema en Ceuta, es decir, crear una crisis duradera que eclipse toda la corrupción del PSOE. La quinta, provocar una actuación inconstitucional del rey Felipe VI que desemboque en una crisis de Estado y de paso a la III República. La sexta, dejar al futuro gobierno de PP y Vox (en su caso) una herencia envenenada: la tarea de expulsar a los invasores de Ceuta y luego acusarles de trato inhumano. Todos estos escenarios son compatibles entre si. Acertemos o no en nuestras conjeturas, una cosa es patente: si, pudiendo hacerlo, el gobierno no restablece el orden en Ceuta, es porque tiene un plan. Para entender los designios de Sánchez conviene recordar la historia criminal del PSOE y al propio Lenin: «Cuanto peor, mejor». Sánchez y su maestro Zapatero (alias «Bambi»), bajo una apariencia y talante conciliadores, son dos peligrosos psicópatas con mentalidad revolucionaria.
¿Comete traición el gobierno español?
Desde un punto de vista técnico, el concepto de «inacción» es difícil de encajar en alguno de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional (Código Penal, Título XXIII). Para condenar a Sánchez por traición sería preciso demostrar que ha facilitado «al enemigo la entrada en España» (Art. 582.1º), lo que implica tener un acuerdo secreto con Mohamed VI para entregar las Plazas de soberanía del norte de África.
Según la constitución (art. 102. 2), Sánchez y sus ministros pueden ser acusados de traición a iniciativa de una cuarta parte del Congreso y con la aprobación de su mayoría absoluta. Resulta improbable que el PP (de reconocida cobardía) plantee esta iniciativa; y menos probable aún que Sánchez sea acusado por sus socios parlamentarios. No olvidemos que los partidos independentistas —Junts, ERC, PNV, EH Bildu y BNG— ven con buenos ojos una crisis territorial en España.
El papel del rey Felipe VI
Ante el entreguismo de Sánchez a Mohamed VI podemos constatar los escasísimos poderes constitucionales del Rey para combatir esta crisis. Con la excepción de Liechtenstein, ningún monarca europeo tiene la facultad de disolver el parlamento. Nuestro Rey, a lo sumo, puede emitir un comunicado expresando su «preocupación e indignación», algo que no ayuda a los ceutíes y que tampoco inquieta a Sánchez.
Cualquier actuación D. Felipe, no refrendada por el gobierno, podría servir a Sánchez para proponer su derrocamiento y la instauración de una república. Lo que sí puede hacer el Rey es maniobrar oficiosamente, tanto a nivel internacional como interno, para sustituir la mafia criminal que gobierna España por otra mafia (PP-VOX) menos lesiva.
Militares, policías y guardias civiles
Los funcionarios responsables de la defensa y seguridad de Ceuta, desde el pasado 30 de julio, obedeciendo órdenes, contemplan pasivamente la ocupación ilegal de la Ciudad. Según Rose (2011: 4), la obediencia a la autoridad es sumamente peligrosa:
La creencia en la «autoridad», que incluye toda creencia en el «gobierno», es irracional y auto-contradictoria; es contraria a la civilización y a la moralidad, y constituye la más peligrosa destructiva superstición que haya existido jamás. Más que una fuerza del orden y la justicia, la creencia en la «autoridad» es el archienemigo de la humanidad.
El funcionario que obedece a un sátrapa se convierte en su cómplice, pero Sánchez es muy astuto y su colaboración con Mohamed VI es encubierta; por tanto, una insubordinación o rebelión a la autoridad supone un elevado riesgo. Lo más práctico y seguro —nadar y guardar la ropa— es copiar el cinismo de los políticos: «decir una cosa y hacer la contraria». Los funcionarios, bajo cuerda, deben hacer todo lo posible por desobedecer un gobierno ilegítimo y expulsar a los invasores de Ceuta.
Las autoridades civiles y militares de Ceuta
El presidente de Ceuta no dispone de medios de defensa y seguridad para expulsar a los miles de invasores que allí continúan. Por su parte, el delegado del gobierno obedecerá, como perro fiel, las consignas de su jefe en la Moncloa: no hacer nada.
El comandante militar de Ceuta y los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil, todos funcionarios de la Administración General del Estado, también obedecerán las órdenes de sus respectivos jefes: no hacer nada. Todos ellos serán cómplices del deterioro del orden social y de una eventual pérdida de soberanía a corto o medio plazo. En su descargo, entendemos la dificultades y riesgos de una eventual rebelión.
La solución: defensa y seguridad privadas
Frente a la agresión de Mohamed VI, la traición de Sánchez y sus 21 ministros, la complicidad de 179 diputados[1] que sostienen al gobierno, la incapacidad jurídica del Rey y la obediencia de los funcionarios; Ceuta está indefensa y su soberanía comprometida. Desde un punto de vista económico (Hernández, 2019: 332):
El gobierno, las fuerzas armadas, la policía y la protección civil no pueden proteger adecuadamente a la población porque la producción se realiza al margen de sus deseos, a saber, de forma hegemónica y coactiva […] Para los consumidores el monopolio estatal supone menor protección a mayor coste.
De igual forma que las empresas «desocupa» suplen la ineficacia del Estado para proteger la propiedad privada, el propio pueblo ceutí haría bien en mirar al mercado: autoprotección, contratación de empresas de defensa militar y seguridad privadas, organización de milicias y grupos de voluntarios, etc.
La protección privada puede financiarse con fondos públicos y privados, por ejemplo, los de la propia Ciudad, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos; así como donaciones de empresas y particulares de cualquier origen. Los ceutíes podrían legítimamente repudiar al gobierno español y negarse al acatamiento de sus leyes, incluido el pago de tributos. Este camino está lleno de dificultades e incertidumbres, pero es lo único que puede evitar el desastre.
Bibliografía
Hernández, J. (2019). Defensa y seguridad: ¿estatal o privada? Madrid: Unión Editorial.
Molinari, G. (1849). «Sobre la producción de seguridad». Liberalismo.org Rose, L. (2011): The Most Dangerous Superstition. Pensilvania: Larken Ro
[1] Diputados: PSOE, 121; Sumar, 27; Junts, 7; ERC, 7; EH Bildu, 6; EAJ-PNV, 5; Podemos, 4; BNG, 1 y CC, 1. Total: 179 diputados.
