CEU-CEFAS e Instituto Juan de Mariana proponen derogar o transformar tres de cada cuatro leyes aprobadas en España desde 2004

La investigación culmina una auditoría de 598 leyes producidas a nivel nacional entre los años 2004 y 2025 y concluye que 453 de ellas deberían ser derogadas, simplificadas o reformadas en profundidad.

Ambos centros de pensamiento plantean una agenda de desregulación inspirada en experiencias internacionales como las de Estados Unidos y Argentina, con el objetivo de reducir la burocracia, recuperar seguridad jurídica y favorecer el crecimiento económico.

CEU-CEFAS e IJM se apoyaron en la herramienta Langscore para analizar un universo de 649.000 desarrollos normativos del BOE, aplicando una solución tecnológica que se complementa con la revisión en profundidad por parte de juristas y economistas.

Madrid, 5 de noviembre de 2026. El Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU CEFAS) y el Instituto Juan de Mariana han presentado la segunda entrega de su proyecto «Desenredar España», una iniciativa que aspira a sentar las bases de una reforma integral del marco regulatorio español. 

Tras una primera publicación, centrada en la legislación aprobada durante los gobiernos de Pedro Sánchez, el nuevo informe amplía la auditoría a las etapas de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, completando así el examen de casi 600 normas con rango de ley aprobadas entre los años 2004 y 2025. 

La principal conclusión es contundente: 453 disposiciones, equivalentes al 76% del total, deberían ser derogadas, simplificadas o reformadas, mientras que apenas 145 leyes, el 24%, se consideran susceptibles de seguir en vigor, al menos a corto plazo.

La investigación pone de manifiesto que el problema de la hiperregulación española trasciende los cambios de gobierno y responde a una dinámica de acumulación normativa sostenida durante más de dos décadas. De las 598 leyes examinadas, CEU CEFAS e IJM entienden que 132 deberían ser derogadas íntegramente, mientras que otras 31 podrían eliminarse tras comunicar su supresión a la UE por tratarse de desarrollos legislativos ligados a la percepción de fondos comunitarios, 99 requieren una revisión para eliminar cargas adicionales a las exigidas por la Unión Europea y 191 precisan reformas profundas. 

Esta clasificación permite diferenciar entre normas que deberían desaparecer, disposiciones cuya aplicación puede simplificarse y leyes que requieren un rediseño para mejorar su funcionamiento.

Zapatero, Rajoy y Sánchez: una auditoría de veinte años de intervencionismo

El análisis de la producción legislativa de José Luis Rodríguez Zapatero comprende 208 normas con rango de ley aprobadas entre 2004 y 2011. De ellas, 41 deberían eliminarse íntegramente, 32 precisan una revisión de los excesos regulatorios introducidos respecto a la normativa europea y otras 64 requieren una reforma profunda. Solamente 71 disposiciones, equivalentes al 35% del total, se consideran susceptibles de mantenimiento a corto plazo. Entre las medidas que el informe propone derogar destacan la Ley de Memoria Histórica o la disposición que derivó en el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio. Asimismo, se recomienda rehacer por entero la legislación del IRPF, replantear toda la normativa educativa de dicho periodo y revisar el Estatuto del Trabajo Autónomo.

En cuanto a la etapa de Mariano Rajoy, la auditoría comprende 147 normas aprobadas entre 2011 y 2018. Los investigadores recomiendan la derogación íntegra de 34 leyes, la revisión de otras 27 para eliminar excesos de transposición europea y la reforma profunda de 51 disposiciones adicionales. En consecuencia, solamente 35 normas, el 24% del total, deberían mantenerse sin cambios prioritarios. Las propuestas afectan a la legislación financiera, la regulación energética, los derechos y garantías de los contribuyentes o los procedimientos de evaluación ambiental.

La primera entrega de «Desenredar España», presentada en febrero de 2026, había identificado 243 normas con rango de ley correspondientes al periodo de Pedro Sánchez. De ellas, el proyecto recomienda derogar directamente 57, negociar la eliminación de otras 31 vinculadas a compromisos europeos, corregir los excesos regulatorios de 40 y reformar en profundidad 76. Solamente 39 disposiciones quedarían al margen de una intervención prioritaria. El informe señala así que la acumulación normativa constituye un problema estructural de la economía española y no una circunstancia exclusiva de un determinado Ejecutivo.

Las grandes reformas económicas: impuestos, electricidad, empleo y burocracia

Una de las propuestas más relevantes del nuevo documento afecta al sistema tributario. Para la etapa de Zapatero, los investigadores recomiendan derogar el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio, aprobado en 2011 como una medida supuestamente temporal y mantenido posteriormente durante quince años. El estudio cuestiona un gravamen que penaliza el ahorro acumulado, puede generar situaciones de doble imposición y aporta menos del 1% de los ingresos públicos. Asimismo, propone una reforma integral del IRPF para abandonar un modelo que ha adquirido una complejidad extraordinaria, reflejada en las aproximadamente 700 páginas que ocupa el manual práctico de la Agencia Tributaria para la campaña de la renta de 2026.

En relación con las leyes aprobadas durante el gobierno de Mariano Rajoy, el documento plantea una transformación del Impuesto sobre Sociedades mediante la adopción de un tipo reducido del 15%, exigible únicamente cuando las empresas distribuyan dividendos, siguiendo un esquema que favorezca la reinversión de beneficios. La propuesta contempla también la amortización inmediata de las inversiones empresariales, frente a su deducción progresiva durante varios ejercicios. A estas medidas se añade una revisión de las reformas de la Ley General Tributaria que aumentaron la discrecionalidad de Hacienda y debilitaron, según los autores, las garantías jurídicas de los contribuyentes.

El sector energético constituye otro de los grandes ámbitos de intervención. El informe plantea eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica introducido en 2012, revisar los cargos no energéticos incorporados al recibo y reformar profundamente el marco regulatorio para favorecer la competencia. Además, recomienda resolver los más de 40 arbitrajes internacionales derivados de los recortes retroactivos a las energías renovables aprobados en 2013, cuya controversia continúa afectando a la seguridad jurídica y a la reputación internacional de España como destino de inversión.

Las recomendaciones se extienden asimismo al mercado laboral, la educación y la organización administrativa. Entre otras reformas, el estudio plantea simplificar las obligaciones que afectan a los trabajadores autónomos, rediseñar la legislación educativa para reforzar la autonomía de los centros y la capacidad de elección de las familias, y sustituir parte del actual sistema de políticas activas de empleo por mecanismos de colaboración con agencias privadas remuneradas por resultados. En este último ámbito, los autores recuerdan que los servicios públicos de empleo son responsables de menos del 3% de las colocaciones laborales. Asimismo, el informe propone reducir organismos públicos duplicados, simplificar la evaluación ambiental y eliminar cargas regulatorias que dificultan la financiación de empresas y emprendedores.

Inteligencia artificial para preparar una auténtica «motosierra regulatoria»

El proyecto «Desenredar España» incorpora un desarrollo tecnológico que permite abordar de manera sistemática el enorme volumen de legislación acumulada. La herramienta procesa un corpus de 649.000 disposiciones normativas del Boletín Oficial del Estado, incluidas disposiciones ya derogadas. Para su funcionamiento, se han empleado modelos de aprendizaje automático, procesamiento avanzado de texto, inteligencia artificial y agregación de datos, complementados por el estudio comparado con más de 5.000 documentos de instituciones como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.

El sistema examina las disposiciones a partir de cinco criterios: carga regulatoria, complejidad, potencial de liberalización, grado de intervencionismo y extensión normativa. Además de evaluar leyes completas, permite descender al análisis de artículos concretos e identificar las conexiones existentes entre distintas disposiciones. Esta capacidad resulta especialmente relevante para evitar que una derogación aislada genere contradicciones o vacíos jurídicos en otras partes del ordenamiento.

La plataforma se complementa con MOTOSIERRA-DESREG, una aplicación destinada a facilitar la redacción de propuestas alternativas. El programa identifica situaciones de captura regulatoria, distorsiones de mercado, obsolescencia normativa y gold-plating, término utilizado para describir las cargas adicionales que los gobiernos nacionales incorporan cuando trasladan al derecho interno la legislación europea. 

A partir de este diagnóstico, genera borradores de reforma legislativa con sus correspondientes exposiciones de motivos, articulados y disposiciones transitorias. El trabajo tecnológico sirve como primer paso del trabajo de evaluación, puesto que sus hallazgos vienen seguidos de la debida revisión y estudio por parte de equipos humanos de juristas, economistas y expertos en políticas públicas encargados de validar las recomendaciones.

La experiencia internacional demuestra el potencial de la desregulación

La segunda entrega incorpora también una revisión de la evidencia internacional sobre los efectos económicos de la simplificación normativa. En particular, recoge una investigación de Danilo Cascaldi-García y Matteo Iacoviello, publicada en 2026 en el ámbito de la Reserva Federal de Estados Unidos, que analiza los episodios de desregulación observados en el país norteamericano entre 1960 y 2025. Sus resultados muestran efectos positivos sobre el PIB, la inversión, la productividad y el empleo, acompañados de una moderación de los precios y una reducción de la incertidumbre económica.

El documento examina igualmente la experiencia argentina bajo el gobierno de Javier Milei y la dirección de Federico Sturzenegger en materia de desregulación. Según los datos recogidos hasta enero de 2026, el Ejecutivo argentino había aprobado más de 500 normas de desregulación, que permitieron modificar o eliminar más de 2.400 disposiciones y alterar o suprimir más de 14.000 artículos y preceptos. En el mercado del alquiler, el informe destaca que la liberalización normativa estuvo acompañada de un aumento del 88% en la oferta de inmuebles disponibles y una reducción real del 29% en los precios, según los datos correspondientes a septiembre de 2025.

Para CEU-CEFAS e IJM, estas experiencias demuestran la importancia de preparar con anticipación una agenda reformista ambiciosa, capaz de superar la resistencia de los grupos de interés beneficiados por la acumulación regulatoria. El objetivo no consiste en eliminar indiscriminadamente cualquier regulación, sino en sustituir un sistema caracterizado por la proliferación de normas, la complejidad administrativa y la inseguridad jurídica por otro basado en reglas más sencillas, estables y previsibles.

Una agenda preparada para un futuro gobierno reformista

La publicación de esta segunda entrega culmina una primera fase de diagnóstico que cubre más de dos décadas de producción legislativa española. El resultado es un inventario de 453 intervenciones normativas recomendadas, con distintos grados de intensidad, que permitiría desarrollar una estrategia ordenada de simplificación administrativa y liberalización económica. La propuesta combina derogaciones inmediatas, reformas de profundidad, eliminación de requisitos adicionales a los europeos y negociación de compromisos normativos con las instituciones comunitarias.

Los autores consideran que la reducción de la burocracia puede convertirse en una de las principales palancas de crecimiento de la economía española, al rebajar costes para las empresas, facilitar la inversión, estimular la competencia y devolver capacidad de decisión a familias y emprendedores. Frente a las políticas que pretenden impulsar la actividad mediante nuevos programas de gasto, el estudio apuesta por eliminar los obstáculos que el propio Estado ha ido acumulando sobre la producción.

La conclusión de «Desenredar España II» es que España necesita una auditoría permanente de su legislación y una agenda desregulatoria preparada para convertirse en medidas concretas de gobierno. Con 598 normas de alto rango examinadas y tres de cada cuatro señaladas para su derogación o reforma, CEU-CEFAS e IJM aspiran a demostrar que la reducción de las trabas burocráticas puede pasar de ser una declaración política a constituir un programa legislativo estructurado, viable y orientado a recuperar la libertad económica, la seguridad jurídica y la competitividad.

🔗 Puedes descargar el informe completo aquí.

Author: juandemariana