Anarcocapitalismo y los desafíos ecológicos contemporáneos (II): soluciones de mercado a la custodia del entorno

En la primera columna con la que se introdujo la presente trilogía se argumentó en favor de los mecanismos de mercado y la libre empresa para la coordinación espontánea de los procesos dinámicos de autoorganización ecológica, aportación otrora expuesta de forma magistral por los teóricos de la ecología de mercado vinculados a la Escuela Austríaca de Economía (véase Huerta de Soto 2020a para una recapitulación detallada a este respecto) y que está en perfecta consonancia con la naturaleza adaptativa y el proceso voluntario de cooperación social del libre mercado, que constituyen la manifestación más pura del capitalismo libertario.

En las líneas que prosiguen, manteniendo una unidad argumental con respecto al primero de los artículos de esta saga, se analizan sucintamente una serie de consideraciones complementarias vinculadas al seguimiento y monitorización de los factores ambientales. Se hace hincapié en cómo las innovaciones tecnológicas en relación con la custodia privada del territorio y de la flora y fauna silvestre podrían contribuir al proceso de mejora en la definición de los derechos de propiedad sobre el entorno natural a través de la creación de un constante incentivo y estímulo empresarial como el que cabría concebir bajo un modelo competitivo de mercado totalmente libre (p. ej. Esplugas 2007).

Aun bajo la premisa de que la inerradicable incertidumbre práctica inherente a los procesos de interacción dinámica y evolutiva de los sistemas ecológicos pudiese ser (al menos parcialmente) superada mediante la estimación y cuantificación de las correspondientes interacciones directas e indirectas entre factores ambientales (véase la discusión a este respecto en la primera columna de esta trilogía), todavía quedaría por resolver el diseño y optimización de las pertinentes medidas de control ambiental que, en un escenario de mercado totalmente libre de injerencia estatal, permitiese rastrear el origen de la agresión y la cadena de actos de invasión sobre la persona o la propiedad afectada, dilema que ha sido bautizado como el problema del transporte (Dolan 1990).

Esta cuestión encaja perfectamente con las limitaciones técnicas típicas de la época en la que fue formulada, en la que las herramientas numéricas de dispersión de contaminantes, por ejemplo, estaban una fase de desarrollo relativamente incipiente, en parte por las limitaciones propias de los modelos de cajas y probabilísticos Gaussianos de aquel momento (al menos en comparación con los modelos Eulerianos, matemáticamente más sofisticados, en los que existe una referencia tridimensional cartesiana fija), la escasa capacidad de cálculo de los procesadores de antaño o la carencia de datos espacialmente explícitos sobre las condiciones físicas y químicas que interfieren en el proceso de transporte de sustancias contaminantes.

El avance científico y tecnológico ha impulsado el uso de instrumentos isotópicos para vigilar la trayectoria de los contaminantes en diferentes partes de la Tierra, predecir su distribución y estimar sus consecuencias en los ecosistemas naturales, mediciones que también son susceptibles de ser empleadas para mejorar los modelos numéricos de dispersión de contaminantes antes referidos. En efecto, allende el análisis y la trazabilidad de la contaminación físico-química, el análisis de isótopos estables puede utilizarse para el estudio de niveles tróficos (incluidas las relaciones alimentarias entre especies extintas), especies invasoras, cambios sutiles en los ciclos biogeoquímicos globales, patrones de movimiento en animales o alteraciones en el ciclo hidrológico, por citar unos pocos ejemplos (véase el monográfico de West y col. 2010 para profundizar en la miríada de aplicaciones de esta tecnología en materia de control y seguimiento ambiental), lo que allana el camino a la gestión privada del entorno natural en relación con la capacidad del mercado de impulsar la compensación por daños o perjuicios a las personas o propiedades afectadas.

Por ejemplo, una entidad privada de custodia interesada en la protección y conservación de las praderas de fanerógamas marinas (incluidas como Hábitat de Interés Comunitario dentro de la Directiva Hábitats y cuyas especies de flora se encuentran recogidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) podría estudiar la huella isotópica de δ¹⁵N y δ¹³C en los tejidos vegetales para asociar una fuente contaminante con una eventual daño (con o sin invasión física) causado por la dispersión de vertidos urbanos, agrícolas o salineros al medio marino (p. ej. Lepoint y col. 2004), facilitando con ello la carga apropiada de la prueba y permitiendo, así, demostrar la correspondiente cadena causal de actos de invasión sobre la propiedad de tal ecosistema marino, al objeto de que pudiesen operar los estándares jurídicos libertarios propios de un teórico orden anarcocapitalista (véanse Rothbard 1990 y 1995 para un sugerente tratamiento a este respecto).

Nótese que el autor de esta columna no está aseverando en modo alguno que el estado actual de la tecnología permitiese resolver toda conexión irrefutable entre el acusado y su agresión contra el demandante con el propósito de establecer una eventual responsabilidad más allá de cualquier duda razonable. A buen seguro que demostrar los efectos derivados de un impacto ambiental podría afrontar un problema de prueba de causación directa, en parte como consecuencia de las reacciones erráticas de los agentes contaminantes y sus dinámicas no en pocas ocasiones impredecibles. No obstante, este argumento no invalida que la aparición de un mercado libre y sin interferencia alguna del Estado en la citada esfera de la vida social se procure de «encontrar soluciones a la hora de introducir las necesarias innovaciones tecnológicas que sean precisas para la definición y defensa de derechos de propiedad en áreas en las que hasta ahora esto no ha sido posible» (Huerta de Soto 2020).

Así como los avances técnicos descritos en el anterior párrafo ilustran la potencial viabilidad a futuro de los principios de la Libertad y de las instituciones que hacen posible la regulación espontánea del mercado (por ejemplo, en relación con la invasión ilegítima o daño ambiental sobre la integridad de la tierra o propiedades muebles de otra persona y, con ello, la delimitación del grado de responsabilidad estricta del agresor en tales actos ilícitos), en el actual marco estatal en el que el medio ambiente está declarado bien público, obstaculizando o directamente imposibilitando su privatización, existe una tendencia incontrovertible a crear toda una serie de efectos distorsionadores que inducen a la destrucción del entorno (consecuencia, según Walter E. Block, del teorema de la imposibilidad del socialismo, en este caso, aplicado al monopolio estatal en materia de medio ambiente y recursos naturales).

Es más, la deforestación del bosque tropical amazónico es el prototipo de las funestas consecuencias que conlleva el intervencionismo a través de las políticas públicas sobre la protección y conservación de la naturaleza, tal y como se destila del informe ya clásico del World Resources Institute (1989) y cuyas principales conclusiones también han sido convenientemente acreditadas en estudios científicos recientes (p. ej. Skidmore y col. 2021). Así, por ejemplo, las inversiones del gobierno brasileño a través de sus programas de subsidios e incentivos fiscales sobre los ranchos ganaderos y otras actividades agropastorales, la construcción indiscriminada de carreteras federales y las cuantiosas inversiones públicas en proyectos hidroeléctricos elefantiásicos se han mostrado como la principal causa de pérdida de recursos forestales en el país.

Ulteriores intentos por corregir la situación por parte de la administración federal, y en particular los Termos de Ajustamento de Conduta (TACs, por sus siglas en portugués) aprobados en julio del año 2009 al objeto de auditar y monitorizar la deforestación ilegal y el grado de sostenibilidad de las cadenas de suministro de ganado, estaban condenados al fracaso desde el momento en que fueron originalmente concebidos, intuición que ha sido recientemente corroborada de forma empírica por West y col. (2022) en la prestigiosa revista Conservation Letters. En efecto, tras más de una década desde la promulgación de los TACs, casi un tercio de la producción agropastoral ilegal en Brasil ha sido practicada en áreas protegidas y en territorios de soberanía indígena reconocidos en el artículo 231 de la Constitución Federal, amén de las consecuencias económicas que dichas políticas han tenido sobre las ventajas monopolísticas de unas pocas compañías (p. ej. JBS, Bertin, Minerva, Marfrig), con la consecuente cartelización y restricción de la producción, como acertadamente ya había vaticinado Murray N. Rothbard en su célebre obra “Poder y Mercado”, concebida como la tercera parte de su magnum opus “El Hombre, la Economía y el Estado”. Afortunadamente se ha descubierto el porqué de este esperado fracaso.

Y es que, tal y como llevan predicando desde hace varias décadas los teóricos de la ecología de mercado, es la regulación y la agresión institucional concretada en la intervención sistemática y coactiva del Estado lo que dificulta o impide el cálculo económico racional de los agentes, en este caso, acarreando la desaparición de masas boscosas de alto valor ecológico sobre las que no se han establecido instituciones que definan, apliquen y garanticen los correspondientes derechos de propiedad, con ello impidiendo la custodia privada de reservas o la producción de atractivos espacios ecológicos salvajes.  

La pérdida mundial de vida salvaje es otro ejemplo de los perversos incentivos inexorables a la gestión pública y la ineficiencia de funcionamiento de las decisiones gubernamentales por vía estatal reglamentaria, cuyo inevitable resultado es siempre el deterioro y la sobreexplotación de los recursos naturales. Los teóricos de los fallos de mercado arguyen, no obstante, que la comercialización de la fauna y la flora silvestre es uno de los principales agentes agresores de la biodiversidad y muchos han puesto la desaparición del bisonte de las praderas del oeste de los Estados Unidos y Canadá como el principal ejemplo que avalaría su cadena de razonamiento.

No obstante, como bien ha señalado Lueck (2002), entre otros autores, el verdadero problema que causó el declive de las poblaciones de bisonte en el Nuevo Mundo consistió, precisamente, en que no existían derechos de propiedad sobre los rebaños de estos animales, de modo que los cazadores furtivos podían cazar los individuos para extraerles la piel sin tener que asumir ni ser responsable de los costes derivados de su extinción local. En las últimas décadas, resultado de la evolución en los derechos de propiedad de los bisontes americanos desde el dominio público hacia la propiedad privada, el número de cabezas ha aumentado drásticamente, sobre todo gracias al ingenio de los empresarios encargados de su gestión (muchos de ellos pertenecientes a las comunidades de las naciones tribales, como es el caso de los Rosebud Sioux en las tierra de los Sicangu Oyate en Dakota del Sur) que han facilitado la creación de un potente mercado de productos cárnicos.

De la misma manera, el pastoreo de renos en la Laponia finlandesa se ha mantenido históricamente de forma tradicional en régimen de propiedad privada, existiendo en la actualidad unos 6.700 dueños de las tierras en las que se apacentan (datos extraídos de la Reindeer Herders’ Association). Aunque en Finlandia el pastoreo de renos no es considerado fiscalmente como una actividad con ánimo de lucro y el número máximo de cabezas para un único empresario está regulado por un estricto sistema de distritos, la cabaña ganadera en el país se ha duplicado en el último siglo, de nuevo evidenciando el innegable potencial de las soluciones basadas en el mercado y en los derechos de propiedad para la gestión de la naturaleza (incluso cuando, como en el caso que nos ocupa, el mercado se encuentra fuertemente intervenido por cuotas y regulaciones).

Los críticos con la posición defendida por el autor de esta reseña contraargumentarán que tales soluciones propuestas por los teóricos de la ecología de mercado se encuentran circunscritas a aquellas especies para las que exista una posibilidad explícita de aprovechamiento por parte de la industria alimentaria. Sin embargo, y reivindicando la sabiduría popular del refranero patrio, “dato mata relato”, como corrobora la recuperación de las poblaciones de aligátores en los Estados Unidos, particularmente en Luisiana, Florida y Texas. Y es que estos reptiles habían sido llevados casi a la extinción después de décadas sufriendo los efectos de la caza furtiva y la sobreexplotación (en Luisiana, por ejemplo, el tamaño poblacional de este saurio no superaba los 100.000 ejemplares vivos en los años 50 del pasado siglo).

Tras la aprobación de licencias para el establecimiento de criaderos privados a partir de 1989, la implementación de nuevos proyectos empresariales impulsados por la fuerza mercantil ha multiplicado sus efectivos poblacionales, un crecimiento que ha permitido reclasificar su estado de riesgo y que ha sido consecuencia directa del comercio y la creación de ranchos privados destinados al aprovechamiento turístico, recreativo y cinegético. Estas actividades económicas, además, aportan cuantiosos ingresos estables y son una importante fuente de puestos de trabajo, contribuyendo al desarrollo local de las comunidades en las que se emplazan: solamente en el Estado de Florida los beneficios de estos ranchos y criaderos ascienden a 14 millones de dólares al año (estimación realizada por Harry J. Dutton, Jefe de la Comisión para la Conservación de la Vida Salvaje en Florida).

En suma, la experiencia de los bisontes americanos demuestra hasta qué punto la incapacidad de establecer derechos de propiedad privada sobre la vida salvaje puede contribuir a la desaparición de especies, uno de los más notables desafíos ecológicos contemporáneos, mientras que las estrategias de conservación privada de sus poblaciones, como la cría de renos en Laponia o los ranchos de aligátores en las regiones meridionales de Estados Unidos, ponen de manifiesto cómo se puede subvertir el típico efecto de la tragedia de los bienes comunales a través del ímpetu y la fuerza impulsora del libre mercado y el cálculo económico racional.

¡Imagine el lector cuánto se podría avanzar en la resolución efectiva de estos retos ambientales bajo un Orden Natural basado en la Libertad y en la propiedad privada y en el que el diseño institucional impulsase el florecimiento de los incentivos inherentes a la custodia privada y a todo mercado libre de injerencia estatal!

Se ruega a los amables lectores que compartan con el autor cualesquiera críticas o apreciaciones sobre este manuscrito a través de la siguiente vía de contacto institucional: jogarg@unileon.es

Referencias útiles para profundizar en los aspectos tratados en la reseña

• Anderson, T. L. y Leal, D. R. (1993). Ecología de Mercado. Unión Editorial, Madrid: España.
• Block, W. E. (1990). “Environmental Problems, Private Property Right Solutions”, en Block, W. E. (ed.) Economics and the Environment: A Reconciliation (pp. 281-332), The Fraiser Institute, Vancouver: Canadá.
• Dolan, E. G. (1990). “Controlling Acid Rain”, en Block, W. E. (ed.) Economics and the Environment: A Reconciliation (pp. 215-232), The Fraiser Institute, Vancouver: Canadá.
• Esplugas, A. (2007). Libertad sin estado: ¿es factible el anarcocapitalismo? Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política, 4(2): 205-253.
• Gibbs, H. K., Munger, J., L’Roe, J., Barreto, P., Pereira, R., Christie, M., Amaral, T. y Walker, N. F. (2016). Did ranchers and slaughterhouses respond to zero-deforestation agreements in the Brazilian Amazon? Conservation Letters, 9, 32-42.
• Hoppe, H.-H. (2004). Monarquía, Democracia y Orden Natural. Unión Editorial, Madrid: España.
• Huerta de Soto, J. (2020). “Ecología de Mercado” en Estudios de Economía Política (pp. 217-228). Tercera Edición. Unión Editorial, Madrid: España.
• Katz, M. (1969). The Function of Tort Liability in Technological Assessment. University of Cincinnati Law Review, 38: 587-662.
• Lepoint, G., Dauby, P. y Gobert, S. (2004). Applications of C and N stable isotopes to ecological and environmental studies in seagrass ecosystems. Marine Pollution Bulletin, 49(11-12): 887-891.
• Lueck, D. (2002). The Extermination and Conservation of the Bison. The Journal of Legal Studies, 31(2): 609-652.
• Repetto, R. (1988). The Forest for the Trees? Government Policies and the Misuse of Forest Resources. World Resources Institute, Washington D.C.: Estados Unidos.
• Rothbard, M. N. (1990). “Law, Property Rights, and Air Pollution”, en Block, W. E. (ed.) Economics and the Environment: A Reconciliation (pp. 233-279), The Fraiser Institute, Vancouver: Canadá.
• Rothbard, M. N. (1995). La Ética de la Libertad. Unión Editorial, Madrid: España.
• Rothbard, M. N. (2015). Poder y Mercado: El Gobierno y la Economía. Unión Editorial, Madrid: España.
• Skidmore, M. E., Moffette, F., Rausch, L., Christie, M., Munger, J. y Gibbs, H. K. (2021). Cattle ranchers and deforestation in the Brazilian Amazon: Production, location, and policies. Global Environmental Change, 68: 102280.
• West, J. B., Bowen, G. J., Dawson, T. E. y Tu, K. P. (2010). Isoscapes: Understanding movement, pattern, and process on Earth through isotope marking. Springer, Dordrecht: Países Bajos.
• West, T. A. P., Rausch, L., Munger, J. y Gibbs, H. K. (2022). Protected areas still used to produce Brazil’s cattle. Conservation Letters, 15(6): e12916.

Author: Jorge García Girón