El gobierno ejecutó un plan, a costa de los propietarios, para proporcionar vivienda gratuita a poseedores de hecho en “situación de vulnerabilidad social”.
Los socialistas lleva seis años constriñendo la oferta de vivienda, y encareciendo los precios para una demanda creciente en algunas zonas.
Sin tapujo alguno el gobierno presenta unos mecanismos, que fraudulentamente declara amparados en el Derecho privado, para proporcionar arbitrariamente préstamos e inversiones en capital
La extrema izquierda y los sindicatos atrincherados en las empresas públicas propagaron con evidente éxito propagandístico que el cierre de algunas que estaban en quiebra o las privatizaciones de Repsol, Endesa, Telefónica o Iberia supusieron el “desmantelamiento del Estado”.
El uso alternativo del Derecho es una excusa para los dobles raseros, a la parcialidad, el interés directo en los asuntos y a la dialéctica amigo/enemigo para favorecer a los suyos.
El escándalo no ha hecho nada más que empezar. Desprecio absoluto por parte de los magistrados Cándido Conde-Pumpido Tourón, Inmaculada Montalbán Huertas, María Luisa Balaguer Callejón, María Luisa Segoviano Astaburuaga, Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso de las normas que obligan a abstenerse del enjuiciamiento del caso por una larga lista de causas.
El Tribunal Supremo ha aquilatado una jurisprudencia muy matizada sobre la virtualidad de la prueba indiciaria para destruir la presunción de inocencia.
Miriam González: «Si yo hubiera hecho lo mismo que Begoña Gómez cuando mi marido era vicepresidente del gobierno británico, me habrían quemado en Trafalgar Square».
En contra de lo que contaron distintas fuentes en España, el dictamen de la Comisión de Venecia[1] sobre los requisitos del Imperio de la Ley[2] en materia de amnistías, con
La presentación por parte del ICAM de sendas denuncias, penal y administrativa sancionadora, enaltece la labor de una Corporación a la que los abogados se ven obligados a pertenecer.