El gobierno español actual lleva violando cuatro años la prohibición de obstaculizar tanto la libre circulación de capitales, como el libre establecimiento y prestación de servicios entre España y el resto de países de la UE y la AELC
Lo que ya era una situación dramática para personas que encontraban dificultades para disfrutar de un hogar independiente se convertirá en pesadilla.
Las miserias de la política agraria común y de los grupos de presión europeos han quedado expuestos a la luz. Obviamente, los agresores y dictadores circundantes las conocen e intentan sacar el máximo provecho de ellas
¿Qué van a hacer los españoles cuyos pasaportes indiquen un sexo llamativamente diferente del que aparentan, si en un puesto fronterizo se les impide la entrada por intentar engañar sobre identidad al guarda de fronteras?
Queda la impresión de que el gobierno, inmerso en una vorágine de desmantelamiento institucional, no tiene ningún interés en que la Administración de Justicia funcione por sus cauces normales.
El sensacionalismo en las portadas de los medios de comunicación forma parte de un proyecto más amplio. Se trata de un intento de apadrinar la desgracia para trabar una red de intereses dependientes de la financiación del gobierno.
Imputar al gobierno actual una conducta continuada de desmantelar las instituciones saltándose los cauces establecidos en la Constitución es ya una perogrullada
El gobierno no se siente limitado por las leyes, sino facultado para coaccionar a los jueces para que adopten las resoluciones que le convengan en cada momento.
La lenta maquinaria burocrática de Bruselas no tendrá otro remedio que actuar contra el Reino de España si su gobierno no cumple las recomendaciones ya hechas.
Se ha puesto en marcha la concesión de otra patente de corso de modo explícito. Un estamento político cínico y corrupto considera que sus miembros están por encima de la ley y conviene que así sea.