Dicho por la comunidad internacional: Venezuela comete fraude electoral

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Por mucho tiempo, el régimen criminal de Hugo Chávez vivió un idilio con la comunidad internacional basado en dos premisas básicas: altos precios de la cesta petrolera venezolana (con las posibilidades que ello ofrece en términos de gasto público y de adquisición de lealtades y complicidades) y celebración frenética de “elecciones” y “referendos”. Ninguno de estos era un auténtico comicio o proceso electoral, en el genuino sentido de la expresión. Lo anterior importaba poco, porque en el exterior de Venezuela se entendía que “Chávez hace elecciones y le votan”.

Fue realmente cuesta arriba para organizaciones de la sociedad civil, como las asociaciones civiles SÚMATE o ESDATA, construir, año tras año, el caso de la absoluta falta de autenticidad e integridad de los supuestos comicios organizados por el chavismo entre 1999 y 2012. Estamos hablando de que jamás se ha constituido el Consejo Nacional Electoral (CNE) como lo manda la Constitución, habiendo sido no otra cosa sino una especie de Ministerio de Elecciones del régimen; que el registro electoral -el registro de votantes- nunca ha sido auditado; y que el llamado “sistema automatizado de votación” -especialmente el implementado por la empresa Smartmatic desde 2004 con la promoción del CNE- es, literalmente, una máquina de producir fraudes electorales masivos.

Peor aún es la situación que se presenta con las convocatorias hechas por el CNE desde 1999, pero esta vez desde el liderazgo político que se ha presentado como “oposición” a Chávez y -a partir de 2013- a Nicolás Maduro: el problema de participar, o no, en semejantes fraudes electorales. Por muchos años, en dicho liderazgo predominó la tesis según la cual denunciar el fraude era llamar a la abstención, lo cual, además, era una especie de claudicación. Por suerte, hoy ello no es así y la población -y la comunidad internacional, como veremos- entiende perfectamente cuál es la situación.

Hoy, luego de 26 años de chavismo en el poder (13 años de Chávez y 12 de Maduro), casi no impresiona ver cómo hace apenas unos días, el 6 de agosto de 2025, la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo abierta y públicamente que “la dictadura de Maduro cometió fraude electoral y continúa violando los derechos humanos en Venezuela” (todo en referencia a las supuestas “elecciones municipales” del pasado 25 de julio de 2025).

No impresiona, porque hoy es casi un lugar común que el régimen de Maduro no se sostiene sobre la base de elecciones y apoyo popular, sino de represión, brutalidad, violación masiva de derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad. Pero el proceso para llegar hasta aquí ha sido cruento y doloroso. Pensemos en que ha transcurrido un año ya del 28 de julio de 2024, cuando Edmundo González Urrutia -de la mano de María Corina Machado- derrotó a Maduro en las presidenciales, pero el fraude, la represión y la violación masiva de derechos humanos, ha impedido que en Venezuela gobierne quien fue efectivamente electo.

Se acabó el idilio con la comunidad internacional. Ya no hay solidaridad automática pagada con chequera petrolera, ni “elecciones donde les votan”. Viene el momento de rendir cuentas frente a la verdad y ante la justicia.

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