El nuevo estudio del Instituto Juan de Mariana pone la lupa en el programa NextGeneration EU y su desarrollo entre los años 2021-2023, así como los primeros meses de 2024. El documento, caracterizado por un meticuloso análisis de los fondos europeos, arroja las siguientes conclusiones:
- España recibirá 163.000 millones del programa NextGeneration EU. A lo largo del primer trienio de ejecución, los pagos efectivamente realizados han sido del 45,5 por ciento en 2021, el 39,6 por ciento en 2022 y el 27,3 por ciento en 2023. A la economía real han llegado apenas 20.000 millones, un 75 por ciento menos de lo esperado.
- La opacidad ha sido una de las características centrales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Intervención General de la Administración del Estado no desglosa los fondos realmente invertidos desde verano de 2021. De igual modo, la Conferencia Sectorial que gobierna la coordinación del programa con las comunidades autónomas lleva más de tres años sin celebrar una sola sesión. Numerosos organismos públicos y privados han reprochado al gobierno su falta de transparencia, que también ha sido criticada por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.
- El modelo de gestión por el gobierno está condenado por diseño. En la medida en que se han introducido numerosos procedimientos burocráticos, el resultado ha sido el que cabía esperar, con numerosos cuellos de botella y parones administrativos.
- El gobierno español afirmó que los fondos europeos elevarían el crecimiento de forma espectacular, hasta el punto de incrementar la tasa anual de aumento del PIB en 2,5-3 puntos. Sin embargo, el efecto real fue cinco veces menor en los primeros años de desembolso de los fondos y, a medio plazo, será más de un 50 por ciento más bajo de lo esperado. Por otro lado, el 60 por ciento de la mejora del PIB en 2023 se explica por el aumento de la deuda pública.
- En cuanto al empleo, los niveles efectivos de ocupación son hoy más bajos de lo esperado antes de la aprobación de los fondos europeos, a pesar de que el gobierno prometió crear 800.000 empleos gracias a estos recursos. En la práctica, el paro efectivo está subiendo, al haberse incrementado de 3.773.000 a 3.790.500 personas entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023.
- Otro de los aspectos positivos que el gobierno asociaba a su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia era la mejora que inducirían los fondos comunitarios en los niveles de actividad e inversión privada. Pues bien, si comparamos las cifras alcanzadas a finales de 2019 con los registros de cierre del primer trimestre de 2024, vemos que la inversión está un 2,2 por ciento por debajo, con una caída cercana al 6,2 por ciento en la formación bruta de capital fijo de maquinaria y bienes de equipo y un descenso de 2,6 puntos porcentuales en la inversión en el sector de la construcción.
- Aunque los gastos de las Administraciones eran un 11,3 por ciento mayores al final del primer trimestre de 2024 que a cierre de 2019, el PIB solamente ha subido un 3,7 por ciento durante el mismo periodo, lo que se traduce en una tasa de aumento anual muy baja, cercana al 0,8 por ciento. Por otro lado, el gasto en I+D se sitúa un 50 por ciento por debajo de la media europea y la inversión extranjera cayó un 20 por ciento durante el pasado año 2023, alcanzando registros hasta un 50 por ciento menores que los observados al comienzo de la Administración Sánchez.
- El grueso de los fondos europeos han ido a parar al propio sector público. Entre los principales receptores de estos recursos, el 80 por ciento son distintas instancias del Estado y menos de un 20 por ciento son empresas privadas. Además, se puede estimar que, frente a un presupuesto de casi 80.000 millones comprometidos en ayudas a fondo perdido, el gobierno ha planteado 37.000 millones de nuevos gastos estructurales, desembolsos corrientes, subsidios y subvenciones, etc.
- El desbloqueo de los fondos lleva aparejada la aprobación de distintas reformas que, en la práctica, no solamente no tendrán efectos positivos, sino que suponen verdaderas contrarreformas de impacto francamente negativo en la economía española. Tres ejemplos claros de ello son la Ley de Vivienda (que está hundiendo la oferta de pisos disponibles), los cambios en el sistema de pensiones (que dispara las cotizaciones sociales mientras ensancha el agujero de la Seguridad Social) o los nuevos modelos de medición del empleo (plagados de maquillaje estadístico).
- España debe bloquear los fondos europeos que aún no se han comprometido y desembolsado y poner en marcha un programa masivo de incentivos fiscales que permita devolver recursos al sector privado, dejando la ejecución de estos recursos comunitarios en manos de las empresas, que podrán asumir los fondos europeos por el lado de la oferta. Hasta la fecha, el gobierno de Pedro Sánchez ha desechado esta posibilidad y apenas ha comprometido 483 millones de euros en una pequeña línea de incentivos fiscales en I+D que supone un magro 0,6 por ciento del total de ayudas a fondo perdido movilizadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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