El IJM publica el estudio Las sombras del mercado laboral español, en el que estima el impacto sobre el empleo del maquillaje estadístico de los fijos discontinuos, así como el efecto del salario mínimo en términos de exclusión laboral.
España ha superado a Grecia como el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro. De hecho, el desempleo real se sitúa un 40 por ciento por encima de los niveles oficiales, puesto que una vez filtramos el maquillaje estadístico practicado con los fijos discontinuos y otras circunstancias, podemos encontrar que hay 3,9 millones de personas en una situación de paro efectivo, frente a los 2,8 millones que reconoce la Administración Sánchez en sus boletines de empleo. Frente a una tasa de paro oficial del 11,8 por ciento, el desempleo efectivo es del 15,8 por ciento.
Si el objetivo de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz era reducir la precariedad asociada a la corta duración de los contratos, conviene señalar que esta rúbrica no evoluciona a mejor sino a peor desde que entró en vigor dicha modificación. De hecho, la duración media de los contratados de los asalariados privados ha bajado de 5,9 a 5,6 años en los últimos años, una caída del 5 por ciento en los niveles de estabilidad contractual.
El ratio de asalariados públicos en relación con la cifra de ocupados en el sector privado ha bajado con fuerza bajo gobierno de Pedro Sánchez. Hemos pasado de 7 asalariados privados por cada 1 empleado público a una relación de 6 a 1. La contratación pública aumenta de forma imparable durante la última década y, más especialmente, en el último lustro. Antes, durante y después de la pandemia, las plantillas de las Administraciones no paran de crecer. Además, desde 2019 encontramos que el aumento del empleo público es más rápido que el de la ocupación privada.
España gasta un 15 por ciento más que la Eurozona en salarios de empleados públicos. Si nos comparamos con Alemania, estamos casi un 45 por ciento por delante. En el caso de que estos desembolsos fuesen similares a los observados en la Eurozona, el gasto público sería inferior en unos 21.000 millones de euros. Equiparando nuestros niveles a los de Alemania, el ahorro sería de 49.000 millones.
El galopante gasto público, que ha subido del 42 al 47 por ciento del PIB bajo gobierno de Pedro Sánchez, ha tenido un efecto negativo sobre el crecimiento y la actividad privada. De hecho, mientras nuestro país disparaba el peso del Estado, nuestra posición en el ranking mundial de PIB per cápita ha caído del puesto 32 al 37 de la lista. Además, los resultados cosechados por España en el Indicador de Gestión Económica del IJM confirman que, a lo largo de este periodo de expansión del tamaño del Estado, nuestro país ha sido el socio de la UE con peor desempeño en base a criterios como el crecimiento, la creación de empleo, la evolución de los salarios, la contención de la presión fiscal o el endeudamiento público.
La productividad laboral cerró 2023 casi un 4 por ciento por debajo de los niveles observados en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno. Bajo mandato del dirigente socialista, España es el país de la OCDE con peor desempeño de la productividad por ocupado. En cambio, los costes laborales no han parado de subir, aumentando de 2.555 a 2.985 euros entre 2018 y 2023. Tenemos, pues, la peor situación posible para las empresas, con unos costes laborales disparados que contrastan con una productividad en caída libre.
Subir casi un 75 por ciento el salario mínimo interprofesional mientras los precios experimentaban una subida aproximada del 20 por ciento ha hecho que el coste laboral básico golpee sobremanera a las empresas más humildes, las provincias menos desarrolladas y los trabajadores más vulnerables. Medido como porcentaje del PIB por ocupado, nuestro SMI es ya el segundo más caro de toda la UE. Esta circunstancia influye negativamente en las cifras de ocupación, generando exclusión entre los trabajadores que desarrollan tareas más elementales. Este colectivo ha visto cómo se dejaron de crear 210.000 empleos desde 2019 hasta 2023. Por cada 7 puestos de trabajo en los demás segmentos de actividad laboral apenas se ha generado 1 empleo en empleos dedicados a labores elementales.
Si ampliamos a 2024 nuestro análisis, se puede anticipar que el mercado laboral dejará de crear otros 60.000 empleos debido a la subida del SMI decretada por el gobierno. La cifra acumulada de 2019 a 2024 alcanzaría ya los 280.000 puestos de trabajo destruidos por esta vía.
En los últimos años se viene apreciando un fuerte crecimiento del absentismo. El dato para 2023 fue el segundo más alto de toda la serie histórica, solamente superado por las cifras alcanzadas en plena pandemia. A lo largo del pasado ejercicio, el 7 por ciento de los asalariados con contrato no trabajaron, con un coste de 77.000 millones para la economía española. Esta cifra podría reducirse hasta los 44.000 millones si el absentismo estuviese más supervisado y se mantuviese en los niveles más bajos de la serie histórica.
En España se habla mucho de “armonización fiscal” como mera excusa para subir impuestos. Lamentablemente, se habla menos de “armonización laboral” para equiparar nuestros niveles de empleo y paro con los de Europa. Lograr esto último tendría consecuencias socioeconómicas muy positivas para España, puesto que bajar el paro al 6,5 por ciento que se alcanza, en promedio, en la UE tendría el efecto de elevar en 93.000 millones el PIB, generando empleo para 1,3 millones de personas y contribuyendo en casi 22.000 millones a la mejora de la recaudación tributaria sin necesidad de subir ningún impuesto.
A corto plazo, y a la espera de una reforma laboral integral que retire los elementos de rigidez introducidos por el gobierno de Pedro Sánchez, parece recomendable priorizar tres áreas de mejora: reducir la “cuña fiscal”, que nos sitúa como el tercer país de la Unión Europea en el ranking que mide el peso de las cotizaciones sociales sobre el coste laboral; reducir el impacto negativo del SMI incorporando mecanismos correctores como los aplicados por los demás países de nuestro entorno; y terminar con los incentivos perversos que originan las crecientes pagas y ayudas públicas.
